Denuncian presiones del gobierno para que desalojen

Queremos tierra, no ayuda, dicen indígenas de Nuevo San Isidro

El martes recibió 15 millones de euros de la UE para la Lacandona

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Montes Azules, Chis., 28 de enero. "No nos han ofrecido nada. No queremos nada del mal gobierno. Aquí vamos a resistir. Estamos dispuestos a entregar la sangre por nuestros hijos", dijo a La Jornada este martes uno de los hombres de Nuevo San Isidro, a escasos metros del río Lacantún, donde el pez macabil parece hervir en la superficie del agua. Lo acompañan otros 10 indígenas, quienes continuamente intercambian palabras en tzotzil.

Ese mismo día, el gobierno de Chiapas recibía en la ciudad de México 15 millones de euros de la Unión Europea (UE) para la selva Lacandona. Los pobladores de Nuevo San Isidro, tzotziles de Chavajeval, permanecían en tensa guardia, día y noche. Hombres, mujeres y niños. Diario padecen sobrevuelos de avión y helicóptero. Refieren que el 24 de enero llegaron soldados a la vecina comunidad 13 de Septiembre (en la ribera opuesta del Lacantún) buscando al comisariado. "Como no lo encontraron, un militar habló con una mujer. Le dijo que van a sacar a los de San Isidro. Van a arrollar sus casas. Van a entrar 800 soldados para quedarse aquí".

El 12 de abril de 2003, los lacandones vinieron por última vez, armados según diversos testimonios, acompañados por representantes federales y marinos, y les exigieron salir de estas tierras. Sin ningún énfasis, con aparente timidez, el de la voz dice: "si llegan los lacandones, a ver qué están dispuestos a hacer, porque ya no vamos a salir". Agregan que "la noche del sábado 24 oímos que llegaron dos lanchas de motor aquí donde el río da vuelta. Querían cortar la manguera del agua, pero no la alcanzaron".

Estos colonos tienen 12 hectáreas "enmilpadas", algo de frijol, plátanos y verduras. Cinco pequeños cayucos en la orilla y unas 15 viviendas de palma donde viven 48 personas. En su embarcadero, un letrero de madera los proclama "colonia en resistencia". Abrazado a la punta de una estaca, un muñeco de lana, de esos que venden los chamulas en San Cristóbal, con chuj y pasamontañas, reposa sobre una tabla que dice: "Prohibida la entrada a funcionarios". Sin pertenecer a ningún municipio autónomo, son simpatizantes zapatistas.

Cae la tarde sobre el río azul que, lleno de circulares y fugaces piquetes de mosquito, parece manso. No tanto. Hay partes que el cayuco no aguantaría, o se iría a reventar contra las piedras. Representa el borde geográfico de la reserva de la biosfera (o latifundio lacandón, ese subterfugio con decreto presidencial). Ayer se anunció que casi 40 millones de dólares vienen en camino. "No habrá desalojos", dice el gobierno. "No vamos a salir", responden los colonos de Nuevo San Isidro.

Otra historia es la del desalojo que oficialmente no ocurrió el día 19 en Nuevo San Rafael, unos kilómetros río arriba: "Llegaron en la mañana. Me agarraron del pelo, me tenían trincada en un palo y me dio mucho miedo y les empecé a hablar con pura política. Me amenazaron 13 personas que me iban a matar", relata Marisela Jiménez Pérez. "Los 13 tenían arma de pura pistola".

Al menos dos embarcaciones de motor llegaron por el río Lacantún procedentes de Chajul. De ellas desembarcaron elementos de la Armada, agentes judiciales y algunos lacandones, así como otros indígenas de la llamada comunidad lacandona.

"A mi papá (Josué Jiménez Cruz) lo arrastraron como perro. Dijeron que iban a matarlo y a mí me iban a dejar muerta en la montaña. Los demás del pueblo salieron antes, en la medianoche. Nosotros no queremos ayuda. Lo que queremos es la tierra", dice la muchacha en un testimonio filmado días después. En diciembre, cuenta Marisela, los representantes del gobierno dijeron a los pobladores del lugar: "si quieren vivir, tienen que salir. Allí fue que aceptaron el dinero". A partir de entonces, la comunidad dejó de permitir la presencia de observadores civiles. Las mujeres se habían ido ya.

Según versión del mandatario chiapaneco (este 27 de enero, el mismo día que recibió de la Unión Europea 15 millones de euros para invertir en el desarollo de la selva Lacandona), esos choles que andaban en el confín de Montes Azules y de México (mas resulta que deseosos de retornar a su lugar de origen), pidieron "el apoyo de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Profepa para que les consiguieran tierras en su propio municipio (Sabanilla) y desalojaran voluntariamente". No dice si se las consiguieron.

Concluido el desalojo "voluntario", el gobierno federal procedió. De entrada, cuenta Marisela, "los de Profepa mataron un perro, con bala". El grupo que desembarcó se llevó a su padre, Josué. A ella, luego de maltratarla, los marinos y policías la dejaron cruzar el río. "Me duele mucho y echo mucho suspiro", dijo Marisela de su padre, primero desaparecido, y luego preso en Ocosingo.

Josué "tenía dos órdenes de aprehensión", explicó a su vez el mandatario local este martes, luego de describirlo como una especie de coyote vulgar. En todo caso, fue el único que no corrió, y siguió demandando tierra hasta el final. Así le fue.