Serán instaladas mesas de trabajo en las que participen priístas y opositores, indica

Suspenden órdenes de arresto y Estrada Cajigal ofrece "tregua" en Tlalnepantla

Crea la Permanente comisión de senadores y diputados que indagará la situación

ALONSO URRUTIA, ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y LA JORNADA MORELOS

Luego de casi tres horas de reunión con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, reculó en sus posturas y asumió un discurso conciliador.

Dijo que su administración ofreció una "tregua" en el conflicto del municipio de Tlalnepantla, por lo que determinó suspender las órdenes de aprehensión contra 25 personas del grupo opositor al alcalde Elías Osorio Torres.

No sólo eso, también dio marcha atrás sobre las versiones acerca de la existencia de un campo de entrenamiento guerrillero en las inmediaciones del municipio, atribuyéndolo a rumores surgidos en medio de la confusión.

Sin embargo, dijo que por ahora no se pretende retirar a la policía estatal del municipio, la cual, aseguró, "ya está trabajando con los habitantes para limpiar y mejorar la imagen de donde fue el conflicto".

Estrada Cajigal agregó que "si esta tregua es aceptada, pues la policía tendrá que irse retirando" poco a poco.

Respecto a las versiones sobre la existencia de un campo de entrenamiento guerrillero, se le interrogó acerca de si se aclaró la diferencia de información al respecto entre la Secretaría de Gobernación y su gobierno.

-No vemos en ningún momento diferencias de información. Si recuerdan, el miércoles pasado estuvimos en un momento crítico en el municipio y corrieron muchos rumores y mucha información. Por ahí se comentó que había grupos guerrilleros y que había un campo de entrenamiento. Una vez que regresó la calma al municipio, al día siguiente, el gobierno del estado hizo el recorrido pertinente y no encontramos absolutamente nada de esa información que por ahí se había vertido.

Tal es la versión actual de Estrada Cajigal sobre los guerrilleros, luego de una reunión a la que también acudió Eduardo Medina Mora, responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Estrada Cajigal explicó la nueva postura del gobierno del estado, que parte de la integración de mesas de trabajo, en las que participarán los grupos en conflicto. Por un lado, el alcalde y su gente, por otro, los representantes de los opositores, así como la participación de legisladores estatales, con el propósito de mediar en la situación para alcanzar una salida "lo más pacífica posible", y darle gobernabilidad al municipio.

No hay que olvidar, apuntó, que entre los bandos encontrados existen familiares, padres e hijos que se encuentran en uno y otro lado.

Asimismo confió en que a diferencia de los días previos a la toma de posesión, cuando fracasaron las pláticas para integrar a opositores en el ayuntamiento, ahora sí puedan encontrarse vías de integración.

Al justificar la "tregua ofrecida", subrayó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) buscará las vías legales para suspender las órdenes de aprehensión que pesan sobre 25 personas que "participaron armadas" el día del enfrentamiento, muchas de las cuales ya estaban ubicadas y otras detenidas.

-ƑQuienes están detenidos saldrán libres?

-Vamos a ver lo que legalmente proceda -dijo.

Estrada Cajigal apuntó que tanto la Secretaría de Gobernación como el Ejecutivo estatal acordaron exhortar a los grupos ajenos al conflicto a abstenerse de participar hasta en tanto los habitantes de Tlalnepantla encuentran alguna solución.

Finalmente, afirmó haber recibido escritos de quienes se oponen al alcalde, en donde hacen patente que quieren abrir mesas de negociación para darle salida al conflicto.

En tanto, la Comisión Permanente del Congreso designó una comisión plural de senadores y diputados, la cual investigará la situación que guarda el municipio de Tlalnepantla.

El diputado perredista Manuel Camacho Solís señaló que la Comisión Permanente no debía ser insensible a la evidente violación de los derechos humanos y de las garantías individuales de los habitantes de ese municipio, que fueron reprimidos por la policía estatal.

Al fundamentar el punto de acuerdo, Camacho Solís cuestionó que el gobernador Sergio Estrada Cajigal, contribuyera a crear un clima de confusión y de provocación al responsabilizar de los hechos de violencia a supuestas organizaciones guerrilleras, aunque nunca presentó pruebas.

Planteó que los hechos de Tlalnepantla, donde murió un poblador tras la irrupción policiaca, no están suficientemente claros, y lo que se sabe es que el conflicto "pudo haberse prevenido con diálogo político previo y si la autoridad hubiera actuado con la debida prudencia".

El senador César Jáuregui, del PAN, respaldó el punto de acuerdo y consideró urgente encontrar una salida institucional al problema. Según él, el enfrentamiento, "de origen fundamentalmente electoral", se dio en esa comunidad "porque la mezquindad de algunos actores dio al traste con todos los acuerdos y, desde luego, se dio la posibilidad de, a través de la violencia, sacar rajatabla de un conflicto que tenía sus cauces normales".

Al PAN, dijo, le preocupa el saldo de violencia que dejó la toma de la alcaldía y su recuperación con la fuerza pública, y consideró que la comisión plural contribuirá a construir una solución "alejada de intereses locales o regionales".

Por su parte, Heliodoro Díaz Escárraga, diputado del PRI por Oaxaca, lamentó que el caso de Tlalnepantla no se haya atendido a tiempo, y recordó que el 3 de diciembre pasado la diputada perredista Lizbeth Rosas hizo una excitativa al pleno de la Cámara de Diputados para que intervinieran en la problemática poselectoral del municipio.

El grupo quedó integrado por el senador Marco Adame, del PAN, y los diputados Luis Antonio Ramírez, del PRI; Dolores Padierna, del PRD; Luis Antonio González, del PVEM; Pedro Vázquez, del PT, y Luis Maldonado, de Convergencia. Presentarán un informe en 10 días.

Zafarrancho en el Congreso de Morelos

Al comparecer ante el Congreso morelense, el secretario de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez, reiteró que el uso de la fuerza pública fue en estricto apego a derecho, y se hizo a petición del alcalde Elías Osorio Torres, porque se dio un enfrentamiento entre los dos grupos en disputa.

Rodolfo Becerril Straffon, presidente de la Mesa Directiva, dijo que los excesos y la falta de operatividad política echó abajo la posibilidad de solución al conflicto antes del enfrentamiento, y pidió el retiro de la fuerza pública del municipio, "pues genera confusión en el país".

Mientras ocurría la comparecencia, habitantes de Temoac, reprimidos por la policía estatal el 10 de abril de 2003, intentaron entrar por la fuerza al recinto legislativo para exigir al funcionario que intervenga en su caso, lo que provocó un zafarrancho con policías y agentes de Gobernación estatal, con saldo de siete policías golpeados y cuatro activistas detenidos.

No obstante, diez pobladores se entrevistaron con los diputados Raúl Iragorri, Manuel Porras Rodríguez y Juan Nolasco Vázquez, quienes les recibieron un pliego petitorio, en el que piden deslindar responsabilidades sobre la ex alcaldesa María Paz Barreto, a quien pretenden llevar ante los tribunales y que se indemnice a los campesinos cuyos terrenos fueron expropiados para la construcción de la autopista Siglo XXI, y solución a los problemas de los encarcelados, golpeados y detenidos.