Los afectados interponen un recurso de revisión

Ordenan salir del país a musulmanes españoles que violaron la ley de cultos

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 21 de enero. El Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a 11 españoles -entre ellos varios menores de edad-, practicantes de la religión musulmana que residen en esta ciudad, abandonar el país en los próximos días, presuntamente por realizar ceremonias religiosas sin la autorización correspondiente.

Los afectados interpusieron la semana pasada un recurso de revisión ante la Secretaría de Gobernación y el propio INM para que se reconsidere la decisión.

De acuerdo con información obtenida por la prensa en esta ciudad, el INM ordenó la salida de 11 españoles, quienes hace algunos meses pidieron el cambio de calidad migratoria, pero la repuesta no fue positiva.

Desde hace más de una década, algunas familias españolas que practican la religión musulmana se asentaron en esta ciudad. La mayoría de ellas vive en la colonia Ojo de Agua, ubicada en el norte de San Cristóbal.

Ahí se ubican las oficinas de la Asociación Civil Misión para el D'wua en México, que encabeza Aureliano Pérez, también español, donde se realizan celebraciones religiosas sin la autorización de la Secretaría de Gobernación. Varias familias de indígenas que se han unido al grupo y que ahora profesan dicha religión participan en estos actos.

Hace algún tiempo, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, negó el registro como asociación religiosa a la agrupación mencionada, pero los solicitantes continuaron realizando las ceremonias de su culto.

En la misma zona funciona una carpintería llamada La Alpujarra, donde trabajan algunos de los españoles a los que el INM ha pedido que abandonen el país.

Según la información recabada, Alicia Fernández Torrealba y sus hijos Zainab, Daud, Umar, Amina y Zaida Nuria Aragonés Fernández fueron notificados el 6 de enero pasado por el INM que tienen 15 días hábiles para abandonar el país.

Francisco Javier Coy Iranzo y sus hijos Abraham, Sara y Javier Asís Coy Ibáñez fueron notificados el 4 de enero que cuentan con 30 días naturales para salir del territorio mexicano. María José Yáñez Ruiz recibió la notificación correspondiente el 7 de enero.

En respuesta, los afectados interpusieron un recurso de revisión en el que solicitaron que "se suspenda la ejecución del acto, ya que no se contravienen disposiciones de orden público, no se causa perjuicio al interés social ni se ocasionan daños o perjuicios a terceros, en atención de que el derecho de petición es una garantía constitucional".