Tenían cobertura de $200 mil en caso de fallecimiento

Retiran seguros de vida a lesionados por estallidos en Guadalajara en 1992

JOSE DIAZ BETANCOURT Y SAUL MALDONADO CORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 20 de enero. El gobierno de Jalisco retiró el seguro de vida que amparaba a los 86 damnificados y lesionados por las explosiones ocurridas en la capital del estado el 22 de abril de 1992, denunció Lilia Ruiz Chávez, representante de la agrupación 22 de abril en Guadalajara, AC.

Aseveró que la Secretaría de Desarrollo Humano les comunicó el lunes pasado que dejarán de estar amparados por un seguro bancario de 200 mil pesos, con cobertura en caso de fallecimiento.

Dijo que los representantes gubernamentales les dieron la opción de elegir entre continuar con el seguro pero "a nuestra cuenta", o elegir otro con cargo al fideicomiso que protege a todos los miembros de la agrupación. Hasta el momento, señaló, ninguno ha firmado alguna opción y buscarán un camino legal para oponerse al nuevo esquema.

Debido a que la vigencia de la última póliza de seguro venció el 15 de enero, por ahora se encuentran sin protección: "llevamos cuatro días así y, si desgraciadamente alguien fallece, no sabemos qué pasará".

Indicó que el promedio de fallecimientos de los lesionados es de por lo menos dos personas cada año, "por lo que no sabemos si esto afectará el capital del fideicomiso".

Derrame de gasolina causó muerte de 2 mil peces en Durango

En Durango, una pipa cargada con 15 mil litros de gasolina volcó el pasado fin de semana en la carretera Durango-Parral y derramó 2 mil 500 litros de combustible en el río La Sauceda, que se encuentra a un costado de la vía, lo que provocó la muerte de al menos 2 mil peces en la presa Peña del Aguila.

El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Paulino Córdova Quiñones, manifestó que la dependencia y Protección Civil del municipio recuperaron el resto del combustible y retiraron los peces muertos.

Mencionó que la empresa causante de estos daños deberá responsabilizarse de los problemas ocasionados tanto en la carretera como en la tierra dañada. En caso de no cumplir con las indicaciones dadas por la Profepa y de acuerdo con el dictamen de impacto ambiental, se procederá a una sanción económica de 20 a 50 salarios mínimos.

Por su parte, Gerardo Cajero Navarro, director de Protección Civil, dijo desconocer tal daño ecológico y de la muerte de los peces.