La junta de gobierno del IPAB, legalmente paralizada

Los movimientos impulsados por la Secretaría de Hacienda para poner a su modo a la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) provocaron la ''parálisis legal y moral'' de ese organismo, que no tendrá el quórum necesario para aprobar un acuerdo en lo oscurito entre aquella dependencia y los bancos para hacer el canje de pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Mario di Costanzo, ex secretario técnico de la comisión especial para investigar el IPAB, indicó que el artículo 81 de la ley del instituto señala que las sesiones se efectuarán con por lo menos cuatro de sus miembros, siempre que se encuentre presente el secretario de Hacienda o su suplente. En ese contexto, dos de los actuales integrantes de la junta de gobierno, Jonathan Davis y Héctor Tinoco Jaramillo, están impedidos para tomar decisiones respecto al rescate bancario.

Dijo que los dos fueron integrantes del comité técnico del Fobaproa, considerado el cerebro del rescate bancario. Cualquier opinión de Davis y Tinoco sobre el rescate representaría para ellos un ''gravísimo conflicto de intereses y por lo tanto falta de credibilidad y transparencia en la toma de decisiones del propio IPAB''.

De esta manera, agregó, únicamente Guillermo García Tamez, subsecretario de Hacienda y suplente del titular de la dependencia, y Carlos Isoard, podrían asistir a la reunión de la junta de gobierno en la que se buscaría aprobar el convenio light con los bancos. Sin embargo, no procedería porque el artículo exige la presencia de al menos cuatro de los siete integrantes de la junta.

Rechazó lo expuesto por el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Antonio del Valle, en el sentido de que el rescate bancario es un caso cerrado. Eso es lo que quisieran todos, en especial Del Valle, que también fue banquero y principal accionista de Bital. El rescate bancario no está concluido. Menos es un capítulo cerrado ni los recursos que se requieren deberán ser cubiertos por los contribuyentes, sostuvo.

ANTONIO CASTELLANOS