México D.F. Sábado 10 de enero de 2004
Las Abejas exigen que salga la fuerza pública
de Los Chorros, bastión de paramilitares
Crece el rechazo a Ejército y policías
en las comunidades indígenas de Chiapas
Incompetencia judicial orilla a campesinos a acudir
a juntas de buen gobierno del EZLN
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de Las Casas, Chis., 9 de enero. Crece
el rechazo a la presencia invasora del Ejército federal y las corporaciones
policiacas en las comunidades indígenas de Chiapas, rebeldes o no.
La situación se ha vuelto intolerable para miles de indígenas,
incluidos muchos de los que anteriormente no se oponían a los cuarteles
y campamentos, o incluso los solicitaban.
Ahora es la organización Las Abejas la que ha demandado
el desmantelamiento del campamento policiaco en Los Chorros, y de todo
el municipio de Chenalhó. Esto, "para garantizar la seguridad de
las personas que habitan en dicha colonia", y en general de la población
indígena de la región.
"Evidentemente
la presencia de esta fuerza pública sólo viene a violar nuestros
derechos humanos. Nosotros y nosotras siempre hemos denunciado que los
policías y los militares no los queremos en nuestras comunidades,
porque ellos no vienen a darnos protección ni seguridad, al contrario,
sólo vienen a darnos inseguridad, amenazas físicas y sicológicas.
Además esta corporación fue la que adiestró y permitió
a los paramilitares que quemaran casas, que robaran pertenencias y que
masacraran a 21 mujeres, nueve hombres y 15 niños en la comunidad
de Acteal el 22 de diciembre de 1997."
Cabe recordar que Los Chorros fue, y sigue siendo, uno
de los bastiones del grupo paramilitar, a veces denominado Máscara
Roja, cuyos miembros son autores materiales de la matanza.
En un documento fechado precisamente en Acteal, la Organización
de la Sociedad Civil Las Abejas denuncia "enérgicamente" los hechos
ocurridos el pasado 3 de enero, a las 20:30 horas en la colonia Miguel
Utrilla Los Chorros. "Un elemento de la Policía Sectorial, quien
responde al nombre de Pedro Moreno Alvarez, golpeó sin ningún
motivo y apuntó con su arma, enfrente del destacamento de su corporación
policiaca, al joven José Jiménez Vázquez, cuando estaba
tomando refresco con sus primos Sebastián Sántiz Gómez
y Javier Sántiz Entzin, en un puesto ubicado atrás de la
iglesia de aquella localidad."
La mesa directiva de Las Abejas en pleno expresa: "Ante
este acto tan violento, solicitamos a las autoridades competentes que se
tome cartas en el asunto y a la vez pedimos las medidas precautorias para
evitar un derramamiento de sangre, ya que este individuo van dos veces
que golpea a la misma persona".
En consecuencia, Las Abejas exigen al gobernador Pablo
Salazar Mendiguchía "que ordene el desmantelamiento urgente del
destacamento policial ubicado en la localidad mencionada, y en todo el
municipio de Chenalhó". Firman José Pérez Vázquez,
Victorio Pérez Pérez, José Alfredo Jiménez
Pérez, Pablo Hernández Arias, Fernando Gómez Hernández
y Mariano Pérez Guzmán.
Muchos prefieren acudir a las juntas de buen gobierno
En tanto, la Organización Campesina Autónoma
Caudillos del Sureste de la Selva Lacandona acusó al juez mixto
de primera instancia de Ocosingo de "prepotente", y de "carecer de conocimientos
jurídicos", lo cual ha creado "inestabilidad judicial" en el distrito.
En un documento dirigido por la mencionada organización
a Milton Escobar Castillejos, presidente del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, se afirma que "la ciudadanía en general" está
inconforme con este funcionario, y muchos son los que han acudido a la
Junta de Buen Gobierno (JBG) zapatista de La Garrucha.
El juez Carlos Alberto Coello Ortiz, titular del distrito
judicial Alvaro Obregón en Ocosingo, "aplica fianzas demasiado altas
sin tomar en cuenta las condiciones económicas de la población",
según la organización campesina.
Este hecho no es aislado. Para preocupación de
las autoridades civiles y militares, en la denominada zona de conflicto
cada vez más personas, organizaciones y autoridades ejidales y municipales
acuden a las distintas JBG zapatistas para resolver problemas judiciales,
agrarios, de transporte y otros. Esto explica las reiteradas declaraciones
gubernamentales que pretenden minimizar el tamaño y la influencia
de los municipios autónomos rebeldes en las cañadas de la
selva y Los Altos y la región fronteriza.
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