Familiares inconformes con la Comisionada Nacional para Erradicar los Crímenes contra Mujeres

-- “La vemos confundida, no sabe de qué le estamos hablando”

-- “Nos atiende de manera apresurada y no alcanza a entender lo que queremos”
-- "Hasta ahora, no hay acciones contundentes"

(Aleyda Aguirre ) Las Madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez Chihuahua, "han perdido las esperanzas" de que la Comisionada Nacional para Erradicar los Crímenes contra Mujeres, Guadalupe Morfín, contribuya a resolver de manera inmediata el feminicidio que se vive en ese estado fronterizo, pues "desconoce la situación" y está muy "perdida" en cuanto a información se refiere.

Hace falta que la comisionada permanezca más tiempo en Juárez y se "empape" de información: "la vemos confundida, no sabe de qué le estamos hablando", aseveró, Marisela Ortiz, integrante de la organización Nuestras hijas de regresos a casa , conformada por madres, padres, hijas/os, hermanas y hermanos de las víctimas del feminicidio.

Cuando se le nombró "tuvimos una esperanza de que habría una solución pronta, sin embargo, en sus visitas a Juárez, nos atiende de manera apresurada y no alcanza a entender lo que queremos". Además, no tienen confianza en que las autoridades estatales le proporcionen la información necesaria, puntualizó.

"Hasta ahora, no hay acciones contundentes", continuó, y el Plan Interno de Seguridad del gobierno federal que contempla 40 puntos, "ni lo conocemos".

Comentó que aunque se hayan creado comisiones para tratar de detener el feminicidio, "no sirven de nada" pues el gobierno local sigue "ocultando información". Simplemente, denunció, no se puede decir cuántas mujeres asesinadas fueron encontradas este año porque "se ha sabido que en el área de Cristo Negro se han encontrado cadáveres que las autoridades han tratado de ocultar".

Las y los familiares de las víctimas, están "cansados" de las respuestas de las autoridades mexicanas, por eso, exigen se cree una Comisión de la Verdad y una Fiscalía, "que esté integrada por extranjeros, por personas que realmente defiendan los derechos humanos".

También esperan se haga la exhumación de cadáveres y se integre un equipo de trabajo internacional que practique nuevas pruebas de ADN, porque las autoridades mexicanas ya les han hecho a cada una de ellas cerca de cuatro pruebas, sin que hasta el momento se tenga la certidumbre de que los cuerpos localizados son efectivamente de sus hijas.

Explicó que los llamados que han hecho ante organismos internacionales, generaron una ola de información que "ha movido a todo mundo" excepto a quienes tienen en sus manos resolver el conflicto.

Los informes presentados tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la ONU y Amnistía Internacional, dijo, aunque no coinciden en las cifras, denuncian la falta de atención y la impunidad que se vive en Ciudad Juárez.

Expresó que las integrantes de Nuestras hijas , saben que en lo inmediato, no se acabará con la impunidad en que han quedado por más de 10 años los crímenes de mujeres en ese estado fronterizo, mucho menos cuando los familiares de las víctimas se han unido con parientes de los presuntos culpables de los asesinatos, "porque saben que éstos sólo han sido utilizados como chivos expiatorios".

Mientras que el gobierno de Chihuahua no pase de "la negación" de los hechos, no se podrá hacer más, lamentó.

En tanto, las amenazas a quienes buscan se haga justicia en Juárez, no cesan y tanto Eduardo Fernández Ponce y Manuel Esparza Navarrete, integrantes de la Fiscalía Local para el Esclarecimiento de los Crímenes, continúan "hostigando" a los familiares de las víctimas mediante campañas de desprestigio. Incluso el primero, denunció Ortiz, se ha atrevido a realizar "amenazas de muerte" en contra de algunas mujeres. Anunció que Nuestras hijas está analizando la posibilidad de presentar una denuncia formal por difamación y amenazas en contra de estas dos personas.

Asimismo, solicitaron al delegado de la PGR, Héctor García Rodríguez, protección para las y los cerca de 27 integrantes de Nuestras hijas.., pues desde que salieron a otros países a denunciar los asesinatos de mujeres, "han sido perseguidas, golpeadas y amenazadas" constantemente.

La fiscal local, Angela Talavera, aseguró, "no ha tenido la más mínima actuación" y ante su "desinterés", ha tomado el liderazgo de la fiscalía Esparza Navarrete, quien se ha dedicado a acusar a las organizaciones gubernamentales de "querer seguir lucrando" con el dolor ajeno.

Las han inculpado de "no aportar nada, cuando las madres sólo presionan, no son investigadoras y mucho hacen con trabar con las familias para que tengan una vida digna. Lo que realmente buscan es invisibilizarlas difamándolas", agregó Ortíz.

En relación a las declaraciones efectuadas por el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, en el sentido de que de los 25 casos atraídos por la PGR "no se desprende hasta ahorita que se encuentren relacionados con el crimen organizado" y aunque está convencido de que es un problema grave, no se "atrevería a calificarlo de feminicidio", Ortíz dijo que para ellas "no hay duda de que está involucrado el crimen organizado" y que la Procuraduría debería tomar en cuenta los testimonios de la madres para que los expedientes estén bien integrados, porque las autoridades no pueden "hacer una justicia de papel" y seguir negando lo que ocurre en Ciudad Juárez.

A un mes de que Nuestras hijas de regreso a casa cumpla su tercer aniversario, ya cumplió con uno de sus objetivos, que es el de "crear un gran impacto a nivel internacional" en busca de acabar con la impunidad y los crímenes de mujeres, concluyó Ortiz.

Por su parte, la organización Justicia para nuestras hijas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) presentaron siete denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de secuestro cometido en contra de mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Denunciaron la actitud de funcionarios de la Procuraduría Estatal de Justicia de Chihuahua, quienes cometen "serias omisiones" al no investigar los secuestros. "Existen indicios claros de que estos secuestros fueron realizados por bandas de crimen organizado, por lo que la PGR tiene la obligación de ejercer su facultad de atracción sobre los mismos".