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México D.F. Lunes 29 de diciembre de 2003

Existe desigualdad en el cobro, señala estudio de la Asamblea elaborado por la UNAM

Urgente, restructurar el sistema tarifario del servicio de agua potable de la ciudad

Plantea cobrar el fluido como insumo y abandonar la recaudación por cantidad utilizada

KARINA AVILES

El sistema tarifario del servicio de agua potable en la capital requiere de una urgente restructuración, ya que existe desigualdad en el cobro porque la población de mayores ingresos es la que más consume y también la que menos paga, advierte el estudio Agenda política hídrica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, elaborado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, el cual contiene una serie de recomendaciones para modificar los pagos del líquido.

El director del PUEC, Manuel Perló Cohen, señaló que los resultados de la investigación revelan la existencia de "errores en la concepción y elaboración de las tarifas", porque se cobra en función del consumo cuando lo pertinente es recaudar con base en el ingreso de la población.

El análisis, que ya fue entregado a los legisladores de la ciudad y en breve será publicado con el título Gestión de agua en el Distrito Federal. Retos y propuestas, plantea que en el caso de los usuarios industriales y de servicios se cobre con base en el valor que el líquido aporta al costo total de la producción. Es decir, se trata de abandonar la recaudación según la cantidad utilizada por un esquema del fluído como insumo.

En cuanto a los clientes domésticos recomienda tres esquemas: el primero consiste en establecer una tarifa única que garantice el acceso a la cantidad máxima que en el Distrito Federal es de 180 litros por habitante al día. En el momento en que se exceda ese tope se incrementarían los cobros, según el sobreconsumo.

La otra propuesta es establecer pagos diferenciados con base en el ingreso de quienes la usufructúen. En este esquema se plantean tres cuotas, de acuerdo con el nivel de percepciones altas, medias y bajas. Perló Cohen señaló al respecto que así se corregirían los problemas de desigualdad, porque los que consumen más son las personas de altos ingresos y, a la vez, son las que menos pagan.

En la tercera opción se establece el cobro del servicio en forma indirecta por medio de un impuesto, con lo que el Estado se compromete a abastecer a la población "reconociendo el carácter público y de seguridad nacional de ese recurso".

El pago se realizaría con base en los costos reales del servicio y aseguraría una cantidad máxima de 180 litros por habitante al día. Aquellos que excediesen esa cantidad cubrirían el excedente.

Otro de los temas de la investigación es la participación de la iniciativa privada en la gestión del suministro hídrico. No obstante los "avances", el estudio del PUEC advierte que no se han alcanzado plenamente las metas que se contemplaron con la participación de las empresas privadas. A manera de ejemplo -señala-, sólo se han instalado medidores a 70.5 por ciento de los empadronados.

Sobre la participación de las delegaciones políticas en la gestión del servicio, Perló Cohen apuntó que los gobiernos de las demarcaciones no disponen de los apoyos necesarios y enfrentan obstáculos en su intervención.

El estudio aborda también el tema de los fluidos residuales de la ciudad de México, cuya problemática se circunscribe a su escaso tratamiento y a la falta de estímulos para que la población los utilice, pues 90 por ciento de los desechos hídricos procedentes de la capital -incluyendo la captación pluvial- circula sin tratamiento alguno.

En el Distrito Federal se estima que 65 por ciento del agua de primer uso se desecha por la red de drenaje, mientras la industria demanda 25 por ciento del total del líquido reciclado procedente de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Finalmente, el análisis recomienda establecer un plan integral de fomento al uso de agua residual tratada en el Distrito Federal, con el objetivo de desarrollar estrategias para incrementar el tratamiento y establecer sanciones legales y controles administrativos para evitar la falta de cuantificación en los usuarios, informó la máxima casa de estudios.

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