Carlos Fazio

La Cumbre de Monterrey

Los días 12 y 13 de enero, la ciudad de Monterrey será sede de la Cumbre Extraordinaria de las Amé-ricas, que reunirá a mandatarios de los 34 países miembros de la Organización de Estados America-nos (OEA). Uno de los temas de la agenda tiene que ver con el concepto de "seguridad hemisférica", que vino a sustituir a la antigua concepción de la "seguridad colectiva" incluida en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la alianza ideológica de la guerra fría que significó un compromiso de ayuda mutua y defensa común contra amenazas extracontinentales; en particular, contra la amenaza del comunismo soviético.

Debido a los defectos y ambigüedades que contuvo desde sus orígenes (el instrumento interamericano fue suscrito en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947), y a que en los hechos, como sostuvieron en su momento el embajador Rafael de la Colina y otros internacionalistas mexicanos, las medidas coercitivas del TIAR "han favorecido la acción preponderante de uno de los miembros de la OEA" (Estados Unidos), a partir de los años setenta del siglo pasado el tratado de Río fue objeto de enmiendas y reformas con el fin de evitar que se convirtiera en una "santa alianza de las democracias" bajo la hegemonía estadunidense.

No obstante y pese a su obsolescencia, denunciada por México y otros países, tanto el TIAR como la OEA han fungido en los hechos como instrumentos de control político, ideológico y militar al servicio de la potencia hegemónica. Tras la autodisolución de la Unión Soviética (1989) y sin "enemigo" identificado a la vista, Estados Unidos y sus tanques pensantes, entre ellos la Heritage Foundation y el Wilson Center, redefinieron el concepto de seguridad a partir de amenazas "internas", incorporando viejos conceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional de cuño contrainsurgente. Así, durante los años noventa, la "guerra al narcotráfico" y contra el llamado narcoterrorismo vinieron a sustituir al viejo fantasma comunista.

Sin el contrapeso de la URSS, que en determinadas circunstancias sirvió de factor disuasivo para algunas aventuras imperialistas estadunidenses, la diplomacia de guerra seguida por George Bush (padre), William Clinton y George W. Bush (hijo) logró que los países miembros de la OEA vincularan la seguridad hemisférica con la defensa de la democracia (resolución 1080) y, como indica la Carta Democrática aprobada en Lima, Perú -el día de los ataques terroristas en Washington y Nueva York (11/9/01)- se llegó a exigir la intervención extranjera ante una amenaza a la democracia (concepto vacío si lo hay).

De manera paralela, Washington buscó modificar la "misión" de la Junta Interamericana de Defensa (JID), organismo de asesoría técnico-militar bajo el mandato político de la OEA, sin funciones operativas, al que el Pentágono quiso dotar de facultades propias de una fuerza operativa de despliegue rápido, subordinada a su mando. Según el Departamento de Estado y en el nuevo contexto de la "guerra al terrorismo" de George W. Bush, en la cláusula de asistencia mutua del TIAR existirían las bases legales para cualquier tipo de cooperación militar o de inteligencia entre los estados americanos; más allá de que, como ha quedado ampliamente demostrado, la Casa Blanca actúa de manera unilateral, al margen de cualquier legitimidad basada en el derecho internacional.

La Declaración sobre seguridad de las Américas, aprobada en Tlatelolco el 28 de octubre pasado, en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, que reunió a cancilleres y delegados de los países miembros de la OEA, da un carácter "multidimensional" a la nueva concepción. Después de meses de negociaciones se llegó a una fórmula conciliatoria que incluye las categorías estratégicas y militaristas de Washington (que coloca al terrorismo como principal amenaza a la seguridad hemisférica) y los nuevos retos identificados por países como Brasil, Venezuela y México, que ubican la ineficacia de la justicia, el hambre, la pobreza extrema y la exclusión social como disparadores de las crisis políticas y la inestabilidad en la región.

En la reunión, Washington volvió a fracasar en sus intentos por convertir a la Junta Interamericana de Defensa en brazo armado de la OEA. La insistencia de Marc Grossman, subsecretario de Estado, quien no cejó en sus intentos por identificar de manera mecánica al TIAR como "instrumento de seguridad legalmente vinculante" e idóneo para ser usado en la "defensa colectiva" del hemisferio, chocó con las posiciones defendidas por el canciller brasileño Celso Amorim y el secretario mexicano de la Defensa, general Gerardo Clemente Vega García, en su calidad de jefe de la delegación anfitriona, renuentes a una militarización de la JID y de la OEA. Ambos reafirmaron las posiciones de sus gobiernos de que la JID debe quedar como organismo de consulta y asesoría técnico-militar, bajo mandato político de la OEA y sin funciones operacionales.

Amorim desestimó "los nuevos papeles en el área de la seguridad que se atribuyen alianzas militares de defensa colectiva", y advirtió que hay doctrinas "que confunden de manera peligrosa nociones consagradas sobre legítima defensa, soberanía, integridad territorial y la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU". La alusión a la diplomacia militar de la administración Bush fue obvia. Por lo que la discusión sobre la vigencia del TIAR y el papel de la JID sigue abierta, y Monterrey será el escenario de una nueva escaramuza político-diplomática.