Versión de que Batlle desistió de nombrar agregado naval a ex represor uruguayo

Aumenta la crisis diplomática Buenos Aires-Montevideo

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 19 de diciembre. La tentativa ratificación de un ex represor uruguayo como agregado naval en Argentina recrudeció la crisis diplomática entre Buenos Aires y Montevideo.

El presidente argentino, Néstor Kirchner, pidió a la cancillería uruguaya: ''no nos manden al torturador que nos quieren mandar como agregado (naval), porque sería una falta de respeto para los argentinos", en referencia a la pretensión del gobierno de Jorge Batlle de designar al capitán de navío Juan Craigdallie como agregado naval adjunto y delegado ante la Comisión Marítima Atlántico Sur.

El marino está acusado del asesinato de dos argentinos y de diversas violaciones a los derechos humanos. Incluso, en el libro Un marino acusa, del ex fotógrafo de inteligencia naval Daniel Rey Piuma, se describe a Craigdallie como ''un torturador salvaje'', responsable del asesinato de dos argentinos que fueron detenidos en Colonia y entregados a los militares locales.

Este viernes, sin embargo, corrió la especie de que Uruguay habría desistido del nombramiento. Según una fuente diplomática citada por la agencia Noticias Argentinas, ''gracias a los buenos oficios del embajador uruguayo en Argentina, Alberto César Volonté, el gobierno de Montevideo decidió no proponer a un ex represor como agregado naval".

La noticia no pudo ser confirmada en la cancillería argentina o la Casa de Gobierno, y en Uruguay el gobierno se negó durante toda la jornada a hablar sobre el tema.

El asunto ha causado tensiones entre las diplomacias de ambos países sudamericanos, luego de que anoche se conocieran las declaraciones de Carlos Ramella, asesor del presidente Batlle en la Comisión para la Paz, quien acusó indirectamente al gobierno de Kirchner de actuar "como agitador''.

Analistas argentinos presumen que la reacción del gobierno uruguayo apunta, en el fondo, a poner en riesgo al Mercado Común del Sur (Mercosur), una meta en la que coinciden Batlle y Washington.

El canciller argentino, Rafael Bielsa, dijo esta tarde que el incidente provocado por las declaraciones de Ramella quedó superado, ya que el asesor "no es un funcionario público", pero ratificó la posición argentina ante la designación del marino.

En Uruguay se consideró de manera oficial que Ramella ''no representa al Estado uruguayo''. La alianza del Partido Socialista Uruguayo, Encuentro Nacional y Frente Amplio señaló en un comunicado que el nombramiento de Craigdallie "es un hecho desafortunado e inconcebible", y en este sentido se expresaron también organismos humanitarios uruguayos. El Partido Nacional, por su parte, solicitó la renuncia de Ramella.

El jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández, ratificó que el gobierno rechazará la designación, y lamentó que fuera "la segunda vez que los argentinos debemos soportar agravios del presidente uruguayo", en referencia a que el año pasado dijo a una televisión extranjera que los argentinos eran "todos ladrones". El incidente amenazó con destruir las relaciones entre ambas naciones, hasta que Batlle pidió perdón públicamente al gobierno transitorio de Eduardo Duhalde.

Batlle también lleva una relación complicada con Kirchner, ya que éste tomó como asunto de Estado el apoyo al poeta argentino Juan Gelman, quien demanda saber el destino de su nuera María Claudia García Irureta Goyena, secuestrada con su esposo Marcelo Gelman (asesinado) en 1976 en Buenos Aires y llevada embarazada a Montevideo, donde dio a luz a una niña que fue entregada por los militares a un policía uruguayo.

Para varios analistas a Batlle le disgusta la política de derechos humanos de Kirchner, porque contrasta con la falta de justicia y la impunidad en Uruguay.

Hoy la mayoría de los organismos contra la impunidad en Argentina se reunieron con Fernández y manifestaron el rechazo a la designación de Craigdallie y su apoyo a Kirchner. Se decidió enviar cartas para solicitar a Batlle que deponga su actitud.

En declaraciones a La Jornada, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, consideró una afrenta y una actitud inadmisible la designación de un acusado por crímenes de lesa humanidad, en momentos en que Argentina realiza un enorme esfuerzo para terminar con la impunidad.