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México D.F. Sábado 20 de diciembre de 2003

Pese a disensos con el Ejecutivo, "estamos entregando buenas cuentas", afirma Jackson

Aprobó el Senado 204 dictámenes en el primer periodo; nueve son nuevas leyes y cinco reformas constitucionales

ANDREA BECERRIL

Pese al ambiente de confrontación entre el Ejecutivo federal y el Congreso, en el Senado se aprobaron 204 dictámenes en el periodo de sesiones que acaba de concluir, de los que nueve son nuevas leyes y otros cinco reformas constitucionales, una de ellas encaminada a incrementar en mes y medio los trabajos ordinarios del Poder Legislativo.

"Estamos entregando buenas cuentas", sostuvo el presidente del Senado, Enrique Jackson Ramírez. Hizo notar que en ese primer periodo de la 59 Legislatura, aunque hubo diferencias importantes y frecuentes con el Presidente de la República, fueron capaces de llegar a acuerdos con el Ejecutivo y de aprobar asuntos que tienen que ver con temas fundamentales para el país, como la Ley de Desarrollo Social y la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que crea el ombudsman fiscal.

Entre las leyes nuevas que el Senado aprobó entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre, están también la Ley Federal para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que saca de la lista negra del Buró de Crédito a la mayoría de los mexicanos que se endeudaron a raíz de la crisis de 1995 y la ley que crea el Consejo Económico y Social del Estado.

En el rubro de las reformas constitucionales, se modificaron los artículos 26 y 108, a fin de dar autonomía al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para evitar que las cifras sobre pobreza y en general las estadísticas nacionales pudieran ser manipuladas por el gobierno federal en turno.

También se aprobó la reforma al artículo 71 de la Carta Magna, por la que se faculta a la Suprema Corte de Justicia a proponer iniciativas en materia judicial. Asimismo hubo modificaciones al artículo 55 constitucional, por las que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) sólo podrán aspirar a cargos de representación popular si se separan del puesto en el IFE tres años antes de la elección.

El Senado aprobó también 35 reformas legales. La más relevante es la emprendida en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, que posibilita que Pemex pueda cogenerar electricidad. La iniciativa quita uno de los argumentos centrales que el gobierno foxista ha esgrimido para impulsar la privatización eléctrica, toda vez que la paraestatal colaborará en la producción de una parte de la energía requerida.

Asimismo, salió un paquete de modificaciones a 11 leyes penales, que incrementan las sanciones antisecuestro y otros delitos contra menores.

El Senado ratificó 11 nombramientos presidenciales, entre ellos el de Guillermo Ortiz como gobernador del Banco de México por seis años más, a partir del 1º de enero de 1994, ello en medio de una fuerte polémica, ya que 30 senadores del PAN se oponían a ello. Finalmente hubo consenso y, en la penúltima sesión del periodo ordinario Ortiz rindió protesta ante el pleno senatorial.

También dividió al Senado la elección de las dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia y sólo pudo cubrirse una, la del ministro saliente Vicente Aguinaco, que ocupa ya José Ramón Cossío Díaz. La terna con los candidatos para suplir al ex ministro Juventino Castro fue regresada al Presidente de la República, porque PRI y PAN no se pusieron de acuerdo y ninguno de los aspirantes alcanzó las dos terceras partes de los votos requeridos.

Es uno de los pocos temas que quedaron pendientes, por lo que pasará a la Comisión Permanente, ya que el Ejecutivo no mandó la nueva terna antes de que concluyera el periodo ordinario. No fue agendada tampoco en el extraordinario.

También fue trasladada a la Permanente la ratificación de seis cónsules, mientras que el tema de un integrante del Consejo de la Judicatura se desahogará en el periodo extraordinario.

Al respecto, Jackson hizo notar que tiene mérito que en un Senado plural, donde las fuerzas políticas tienen posiciones ideológicas y puntos de vista no sólo distintos, "sino abiertamente opuestos", hayan sido capaces de llegar a acuerdos en temas trascendentes para los mexicanos, lo que se concretó en buen número de leyes.

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