Proyecta recortar gastos gubernamentales en comunicación social e imagen

Reasignaría la Cámara $66 mil millones

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados considera presentar una propuesta de reasignación de 66 mil 212 millones de pesos en el gasto del gobierno federal para 2004, que se obtendrían, entre otros rubros, de recortes en las partidas de comunicación social e imagen, servicios personales y del costo financiero de la deuda interna y del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En un informe que entregó la diputada perredista Minerva Hernández a la comisión, que también conoce el presidente de esa instancia legislativa, Carlos Rojas Gutiérrez, se detalla que en su propuesta de presupuesto, el gobierno planteó que el gasto corriente de la administración pública centralizada sea de 317 mil 428.1 millones de pesos, de los cuales 48.5 por ciento (154 mil 120 millones de pesos) serán utilizados para el pago de nómina.

Indica que "uno de los problemas fundamentales" de este gobierno "es la presión e inercialidad de los servicios personales, pues si bien en ese rubro existen compromisos ineludibles, tampoco se observa una lógica de comportamiento entre los costos unitarios de estos servicios personales en las dependencias".

El análisis considera viable el recorte en la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia por 154 millones 327 mil 598 pesos, y en las unidades y direcciones de comunicación social de 16 secretarías de Estado y la PGR, que en conjunto sumarían 893 millones 930 mil 956 pesos. La disminución del gasto en las oficinas de prensa de Los Pinos y las demás dependencias sería de mil 48 millones 258 mil 554 pesos.

También refiere que para el ejercicio fiscal 2004 los recursos solicitados en el proyecto de Presupuesto de Egresos para atender el costo financiero de la deuda pública, así como de las erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores a la banca, asciendan a 216 mil 900 millones de pesos, monto que representa un aumento de 7 por ciento al cierre previsto en este año, y de 12.6 por ciento sobre el autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio 2003.

Esa cifra, indica, está sobrestimada en 19 mil 881 millones de pesos, y explica: "La metodología del cálculo del costo financiero utilizada en 2001 y 2002 resulta de multiplicar el monto de la deuda interna bruta promedio, que es de mil 50 millones 631 mil 500 pesos, por la tasa de Cetes a 28 días, que es de 0.065. El resultado es 68 mil 289 millones 900 mil pesos, cifra menor a la calculada por el gobierno en el presupuesto para el próximo año, que es de 88 mil 171 millones 400 mil pesos.

Asimismo, el costo financiero del IPAB, que se solicitó por 27 mil 665 millones de pesos, tiene una sobrestimación de 10 mil 66 millones de pesos. El saldo con el que se realizó el cálculo es de 729 mil 640 millones de pesos, a los que, indica el documento, se le deben descontar los pasivos netos derivados de los programas de capitalización y compra de cartera, por 156 mil 649 millones de pesos, "ya que en el artículo 7 transitorio de la Ley del IPAB se establece claramente que dichos pasivos no son pasivos del instituto".

A ello se añade que en su cálculo el IPAB utiliza una tasa de interés real "muy alta", de 4.1 por ciento, cuando la real incluida en los Criterios de Política Económica es de 3.6 por ciento. Con el ajuste por los programas de capitalización de cartera, el costo real de la deuda es de 573 millones 590 mil pesos, que multiplicados por 0.043 por ciento de la tasa de interés prevista para el próximo año, dan 24 mil 664 millones del costo financiero.

A ese monto se le debe descontar, señala el análisis, las cuotas de los bancos, que se consideran en 3 mil 384 millones de pesos, y la recuperación de activos por 3 mil 682 millones de pesos más. "De esta manera, los recursos fiscales que se deberían aprobar para el IPAB serían de 17 mil 598 millones 400 mil pesos, cifra menor en 10 mil 66 millones de pesos a la solicitada por el Ejecutivo a la Cámara.

Plantea que es posible también la reorientación de los 6 mil 241 millones 300 mil pesos que el gobierno pretende ejercer en alimentos, honorarios y servicios de asesoría para Presidencia y secretarías.

Se incorporan asimismo ingresos por 24 mil millones de pesos por un déficit público de 0.6 por ciento, así como recortes en otros gastos corrientes, materiales y suministros, servicios generales, personales directos en Hacienda y honorarios, que permitirían obtener 66 mil 212 millones de pesos para gasto social, sin aumentar impuestos o crear nuevos.