Le piden hacer observaciones a la iniciativa antes de que sea aprobada en la ALDF

Debe opinar ya López Obrador sobre sociedad de convivencia: diputados

Enérgico rechazo de organizaciones civiles a la propuesta de someter a consulta el tema

RAUL LLANOS, GABRIELA ROMERO Y LAURA GOMEZ

Diputados del PRD exhortaron ayer al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a que presente ante la Asamblea Legislativa las observaciones que considere pertinentes a la iniciativa de ley de sociedad de convivencia, antes de aprobarla en comisiones y en el pleno, para evitar que después la vete.

En conferencia de prensa, Carlos Reyes Gámiz -vicecoordinador de la fracción-, Víctor Varela y Alfredo Carrasco descartaron también que vaya a realizarse una consulta pública al respecto y convocaron a los perredistas y a grupos de la sociedad civil que han luchado por los derechos humanos a que "cerremos filas" en torno a esa iniciativa.

Reyes Gámiz expresó que la opinión del mandatario capitalino es respetable, pero "nos parece que no sería conveniente y legalmente no tendría sustento una consulta", por lo que se requiere pensar en un camino alterno. Alfredo Carrasco agregó: "hacemos un llamado al jefe de Gobierno para que incluya los puntos que considere pertinentes a esta iniciativa" y evitar así que luego de ser aprobada en el pleno sea sujeta de veto.

Víctor Varela, a su vez, negó que haya temor a perder la votación en una consulta ciudadana, pero rechazan "crear el precedente de que derechos fundamentales de sectores minoritarios puedan verse negados por una posición de mayoría; a eso sí tenemos temor".

Por otra parte, más de 30 organizaciones civiles exigieron al jefe de Gobierno, "ser congruente con sus principios" y no someter a consulta dicha iniciativa de ley, ya que no sólo representaría un dispendio de cerca de 55 millones de pesos, sino sería "una burla contra la ciudadanía".

En conferencia de prensa, Roberto Blancarte, Alejandro Reza y Rosalinda Avila, entre otros activistas, explicaron que la consulta atentaría contra la declaración universal de los derechos humanos, el pacto de los derechos civiles y la propia Constitución, porque "no pueden votarse impuestos ni derechos fundamentales, y nos obligaría a iniciar movilizaciones a partir del 31 de diciembre".

Aseveraron que someter a consulta la iniciativa "sólo favorece a la ultraderecha, representada por la Iglesia católica y grupos como Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia y nos conduce hacia un Estado fascista".