Denuncian ambigüedad de criterios para otorgar permisos

Cierra la SCT tres radios comunitarias en Jalisco

Agrupación mundial pide intervención de Gobernación para cesar decisiones unilaterales de Comunicaciones y Transportes

ALONSO URRUTIA

En un operativo simultáneo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) clausuró ayer tres radios comunitarias en Jalisco e incluso intentó hacer la requisa del equipo con que operaban las mismas. La clausura se materializó cinco días después de que la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) hizo pública su respuesta a los requisitos que ha impuesto la dependencia para otorgar los permisos.

El operativo fue efectuado a las 14 horas e incluyó a Radio Santa María, en el municipio Zapotitlán; Zona Cero, que operaba en Tonaya, y Radio Grafía, en Tolimán. Todas tienen su radio de acción en el área cercana al volcán de Colima y, según dio a conocer la representante en México de la AMARC, Aleida Calleja, habían desempeñado una importante labor social tras el sismo que sacudió a Colima y parte de Jalisco en febrero pasado.

Las tres estaciones habían solicitado en abril pasado la autorización correspondiente para operar como radios comunitarias, aunque la respuesta de la SCT -dijo Calleja- fue demandar una serie de requisitos, sin que hasta el momento se pueda establecer una unidad de criterio para el otorgamiento de dichos permisos, pues en algunos casos se ha requerido hasta el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante tal situación, la AMARC solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para frenar las "decisiones unilaterales de la SCT" que ha hecho caso omiso a las recomendaciones del relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del reciente punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en el que se exhortaba al gobierno federal a cesar sus acciones de hostigamiento contra las radios comunitarias.

Los inspectores que clausuraron Zona Cero simplemente señalaron que su operación había sido denunciada por una emisora de Autlán, sin más detalles, expresó Calleja, quien adelantó que, en principio, promoverán acciones ante tribunales administrativos y posteriormente un amparo ante instancias penales.

Las emisoras clausuradas combinaban programas sobre temas campesinos o de protección civil con música ranchera. En algunos casos, los jóvenes operadores de estas radios comunitarias trabajaban con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente o con la Universidad de Guadalajara.

En materia de radios comunitarias los criterios adoptados por las secretarías de Comunicaciones y de Gobernación no han sido los mismos e incluso se han contrapuesto. Mientras la SCT ha ordenado la clausura de estas tres radios comunitarias -que se suman al intento de clausurar La Voladora, en Morelos, o Radio Calenda, en Oaxaca-, Gobernación ha iniciado visitas para verificar las condiciones de operación en beneficio de las comunidades.

Para Calleja, las respuestas que ha dado la SCT no corresponden a la realidad de las radios comunitarias pues ha exigido como criterios capacidad financiera y técnica, cuando es evidente que no se pueden comparar los recursos económicos y técnicos con los que pueda contar una universidad que aquellos que tiene una radiodifusora operada por jóvenes. Señaló que la ambigüedad de criterios que la SCT ha utilizado para rechazar los permisos obliga a quienes operan las radios a no insistir en su petición de permisos, pues cada solicitud tiene un costo de mil 600 pesos.