Explotarían gas y petróleo, alertan diputados perredistas

Se crearían empresas paralelas a la paraestatal

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El gobierno de Vicente Fox pretende establecer empresas paralelas a Pemex, que se dediquen a la explotación de yacimientos de gas y petróleo, y para ello planteó a la Cámara de Diputados aprobar un nuevo capítulo en la Ley de Derechos, en el que se desconoce la exclusividad de la paraestatal en esos rubros, señalaron los diputados del PRD que forman parte de la Comisión de Energía.

La intención del Ejecutivo, agregaron, contraviene el artículo 27 constitucional, el cual señala que ''tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva''.

Los perredistas analizaron los puntos concretos en los que los contratos de servicios múltiples (CSM) sirven de herramienta para entregar a manos privadas la extracción y explotación del gas y del petróleo.

Advirtieron que ''no pasará'' el planteamiento del mandatario, porque implicaría legalizar los contratos de servicios múltiples que se han entregado a empresas que, como la española Repsol, podrían reforzar su poder económico, social y político en el país.

En un documento, los legisladores Javier Carrillo, Jorge Martínez, Rosa María Avilés, Narciso Agúndez y Yadira Serrano señalaron que presentarán un proyecto distinto para ''retomar, en el trato fiscal a Pemex, la normativa constitucional''.

Comentaron que la presión para extraer mayor cantidad de gas natural, y que esto lo realicen empresas extranjeras, derivó de la ''decisión equivocada'' del ex presidente Ernesto Zedillo, y ratificada por Vicente Fox, de planificar y sustentar el crecimiento de la generación de energía eléctrica casi exclusivamente en ese energético, cuando México no cuenta con las suficientes reservas para el abasto a largo plazo.

''Es la creciente participación trasnacional en nuestra realidad energética la que presiona decisiones equivocadas que dañan al país. En este marco, los contratos de servicios múltiples vienen a ser un cierre de la pinza en la presencia de las mismas trasnacionales en la generación de energía eléctrica, con base en gas, como Repsol, que se beneficiaría del primer contrato en la cuenca de Burgos.''

Dichos contratos, sostienen los perredistas, constituyen una clara violación a los preceptos constitucionales, ya que asignan a estas empresas tareas de explotación y producción de los yacimientos de gas natural seco, en el caso de que eventualmente sea sólo ese energético el que se encuentre, ''cuando los propios expertos nos señalan que existe inclusive la posibilidad de que junto con el gas se obtengan otros hidrocarburos''.

Concluyen que se oculta que las trasnacionales operarán en total libertad durante los 20 años de vigencia en los contratos.