México D.F. Viernes 5 de diciembre de 2003
El PNV "desprecia" el estado de derecho: Madrid
Nacionalistas acusan a Aznar de judicializar
la vida política del País Vasco
AFP
San Sebastian, 4 de diciembre. El reiterado rechazo
del Parlamento del País Vasco a disolver el grupo legislativo Sozialistak
Abertzaleak (SA, sucesor de la proscrita coalición nacionalista
Batasuna), acusado por Madrid de ser brazo político de ETA, desembocó
el jueves en un nuevo cruce verbal entre los nacionalistas vascos y el
gobierno central. El vocero del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, criticó
enérgicamente al gobierno central por la "verdadera presión
ejercida sobre la justicia" española.
Imaz acusó al gobernante Partido Popular (PP, derecha)
y al presidente del gobierno, José María Aznar, de "intentar
judicializar la vida política" en el País Vasco.
El
ministro del Interior español, Angel Acebes, acusó al Partido
Nacionalista Vasco (PNV, en el poder desde 1980) de "despreciar el estado
de derecho" al negarse a ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo.
El enfrentamiento ocurrió al día siguiente
de que el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, perteneciente
al PNV, compareció ante el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco.
Atutxa y otros dos miembros de la mesa del Parlamento
vasco debían explicar ante la justicia la decisión de esa
instancia ejecutiva de la cámara de no disolver el bloque legislativo
SA, tal como había dictaminado el Tribunal Supremo español.
El presidente de la cámara vasca reiteró
ante la justicia que el reglamento interno del Parlamento regional no le
permite disolver al grupo parlamentario SA, integrado por los siete diputados
que formaban parte del bloque Batasuna, coalición proscrita en marzo
pasado por el Tribunal Supremo por considerar que forma parte del entramado
de ETA.
Este enfrentamiento entre Madrid y la autonomía
vasca coincide con el 25 aniversario de la Constitución española,
que marcó el restablecimiento de la democracia tras 40 años
de dictadura de Francisco Franco, que se ve marcado por numerosas reivindicaciones
sin precedente que propician reformas a la Constitución actual.
Las propuestas proceden de todas las formaciones, excepto
del gobernante Partido Popular (PP), de Aznar, que en los últimos
años ha convertido la defensa del marco constitucional en piedra
angular de su política doméstica.
El PP, cuyo liderazgo acaba de entregar el presidente
del gobierno español, José María Aznar, a su sucesor
designado, Mariano Rajoy, busca contrarrestar las reivindicaciones de nacionalistas
catalanes y en particular vascos, y asfixiar cualquier intento federalista,
que por otra parte prohíbe la Constitución.
Analistas de la prensa española coinciden en que
esa defensa exacerbada del marco constitucional por parte del PP es bastante
"dogmática". La oposición disfruta recordando que el PP es
un partido de "convertidos", en alusión al pasado franquista de
la derecha española y a las críticas contra la Constitución
que en 1979 el propio Aznar escribió en diversas publicaciones.
Por último, Ibon Fernández Iradi, alias
Susper, presunto jefe de ETA que había huido de la comisaría
de Bayona, Francia, en diciembre de 2002, fue detenido este jueves en Mont-de-Marsan,
indicó la policía.
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