El PNV "desprecia" el estado de derecho: Madrid

Nacionalistas acusan a Aznar de judicializar la vida política del País Vasco

AFP

San Sebastian, 4 de diciembre. El reiterado rechazo del Parlamento del País Vasco a disolver el grupo legislativo Sozialistak Abertzaleak (SA, sucesor de la proscrita coalición nacionalista Batasuna), acusado por Madrid de ser brazo político de ETA, desembocó el jueves en un nuevo cruce verbal entre los nacionalistas vascos y el gobierno central. El vocero del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, criticó enérgicamente al gobierno central por la "verdadera presión ejercida sobre la justicia" española.

Imaz acusó al gobernante Partido Popular (PP, derecha) y al presidente del gobierno, José María Aznar, de "intentar judicializar la vida política" en el País Vasco.

El ministro del Interior español, Angel Acebes, acusó al Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder desde 1980) de "despreciar el estado de derecho" al negarse a ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo.

El enfrentamiento ocurrió al día siguiente de que el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, perteneciente al PNV, compareció ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Atutxa y otros dos miembros de la mesa del Parlamento vasco debían explicar ante la justicia la decisión de esa instancia ejecutiva de la cámara de no disolver el bloque legislativo SA, tal como había dictaminado el Tribunal Supremo español.

El presidente de la cámara vasca reiteró ante la justicia que el reglamento interno del Parlamento regional no le permite disolver al grupo parlamentario SA, integrado por los siete diputados que formaban parte del bloque Batasuna, coalición proscrita en marzo pasado por el Tribunal Supremo por considerar que forma parte del entramado de ETA.

Este enfrentamiento entre Madrid y la autonomía vasca coincide con el 25 aniversario de la Constitución española, que marcó el restablecimiento de la democracia tras 40 años de dictadura de Francisco Franco, que se ve marcado por numerosas reivindicaciones sin precedente que propician reformas a la Constitución actual.

Las propuestas proceden de todas las formaciones, excepto del gobernante Partido Popular (PP), de Aznar, que en los últimos años ha convertido la defensa del marco constitucional en piedra angular de su política doméstica.

El PP, cuyo liderazgo acaba de entregar el presidente del gobierno español, José María Aznar, a su sucesor designado, Mariano Rajoy, busca contrarrestar las reivindicaciones de nacionalistas catalanes y en particular vascos, y asfixiar cualquier intento federalista, que por otra parte prohíbe la Constitución.

Analistas de la prensa española coinciden en que esa defensa exacerbada del marco constitucional por parte del PP es bastante "dogmática". La oposición disfruta recordando que el PP es un partido de "convertidos", en alusión al pasado franquista de la derecha española y a las críticas contra la Constitución que en 1979 el propio Aznar escribió en diversas publicaciones.

Por último, Ibon Fernández Iradi, alias Susper, presunto jefe de ETA que había huido de la comisaría de Bayona, Francia, en diciembre de 2002, fue detenido este jueves en Mont-de-Marsan, indicó la policía.