El secretario general de la sección 24 del sindicato petrolero –uno de los indiciados en el Pemexgate– es un próspero empresario. Su grupo administra desde hace 13 años “las conquistas sindicales” como un negocio propio: cobra por plazas de trabajo, viviendas y préstamos; renta los deportivos, escuelas, salones de fiestas y tiendas del sindicato. Igual que antes

Fernando Pacheco Martínez, flamante dirigente de la sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), es al mismo tiempo empresario de la construcción, del deporte y beneficiario de un sinfín de negocios. Esa es una de las razones por las que recurrió recientemente a sendas maniobras ilegales para asegurar su relección.

Pacheco fue encumbrado por Carlos Romero Deschamps, cuyo grupo, desde hace 13 años, controla la vida y el futuro de los trabajadores de la Refinería “Ingeniero Antonio M. Amor” de Pemex, centro petrolero del Bajío. El grupo erigió un auténtico emporio económico y político.

Sin embargo, esa influencia no ha evitado el crecimiento de la disidencia sindical y las sucesivas derrotas electorales, en los últimos nueve años, de sus candidatos –abanderados del tricolor– al ayuntamiento y a las diputaciones locales y federales (alguna vez los candidatos petroleros fueron invencibles).

Los bisnes del cacique

Romero Deschamps inició su carrera sindical en Salamanca con el apoyo de Joaquín Hernández Galicia, La Quina. En pocos años, pasó de vender tortas afuera de la refinería a dirigente nacional del sindicato. Con la caída de La Quina se alió al nuevo líder petrolero, Sebastián Guzmán Cabrera, que lo nombró secretario del Exterior del STPRM. Tras la renuncia de éste, Carlos Romero ocupó su lugar y nombró a Fernando Pacheco secretario del Interior del comité nacional.

Con la derrota del PRI en 2000, Pacheco Martínez regresó a Salamanca como dirigente de la sección 24 del sindicato, encargándose de los negocios del grupo.

Desde el inicio de su gestión, promovió torneos de basquetbol, futbol y beisbol contratando a equipos extranjeros para jugar contra los conjuntos petroleros. Cada temporada, Pacheco obliga a los trabajadores –con lista de raya– a comprar abonos para todos los partidos. De esta manera vende hasta 3 mil abonos a 800 pesos cada uno. “La gente no va a los partidos pero paga el abono como si fuera una cuota obligatoria”, explica don Carlos, un petrolero jubilado, mientras muestra los diarios locales que dan cuenta de las justas deportivas y del escaso público.

El líder también maneja el equipo de futbol Petroleros de Salamanca, que juega en la segunda división profesional, y renta el estadio olímpico para sus encuentros y otros eventos deportivos.

Por si fuera poco, también renta el casino de los petroleros, propiedad de Pemex y administrado por el sindicato “en beneficio de los trabajadores”. Pacheco concesionó el lugar al centro nocturno Azúcar, al restaurante-bar Bing y alquila las instalaciones para fiestas y ferias comerciales. Desapareció la red de tiendas de consumo del sindicato y arrenda los locales a almacenes comerciales.

El sindicato es igualmente propietario de una funeraria y del panteón Villa de la Paz, cuyos servicios y lotes son los más caros de la ciudad.

Pemex prestó terrenos federales al sindicato para edificar escuelas en beneficio de las familias de los petroleros, con un comodato por 99 años. En algunos casos, la dirección sindical los renta a escuelas particulares. Tal es el caso de la secundaria Benito Juárez, a la que redujo a tres grupos para rentar el resto del plantel a la Preparatoria Salamantina. Pacheco cobra personalmente las rentas, a pesar de que el contrato prohíbe que los terrenos tengan un uso distinto al servicio de los trabajadores.

Otro de sus negocios es la constructora del sindicato, que vende material a Pemex y participa en la construcción de viviendas para los petroleros. Como ejemplo, el año pasado el sindicato asignó casas a trabajadores en un fraccionamiento nuevo. Cada casa estaba cotizada en 476 mil pesos, pero como en la revisión contractual se logró incrementar el crédito para vivienda a 576 mil pesos, la constructora (controlada por la mafia sindical) aumentó su precio a 576 mil con el pretexto de que agregaba una cocineta y clósets a cada casa. Esas casas se inundaron con las recientes lluvias dado que el terreno no es adecuado para vivienda.

A su vez, hay una cadena de corrupción que involucra a todos los representantes sindicales, quienes cobran cuotas (desde 15 mil pesos) a los trabajadores para acceder a las prestaciones a las que tienen derecho. Las plazas de base y temporales se venden hasta en 100 mil pesos.

Aunado a ello, otro gran bisne es el de los conflictos por la asignación de plazas de trabajo, que se hace de tal manera que siempre se afectan los derechos de otro trabajador, quien se ve obligado a recurrir a los tribunales. Todos esos juicios de inconformidad los lleva el despacho Ricaldi, que trabaja con los dirigentes sindicales. El mismo abogado lleva los casos de beneficiados y afectados –a cada uno le cobra 30 mil pesos por defenderlos–, siempre bajo la línea sindical. El negocio es redondo y el dinero de ambas partes va a parar al grupo de Pacheco.

Como corolario está CABSA, una constructora, propiedad de Alberto Alcaraz Granados, cuyos socios son Pacheco y Romero Deschamps. Quizá por ello esta empresa siempre gana las licitaciones de Pemex para reparar la refinería (y también ha realizado obras en Cadereyta y Ciudad Madero). La constructora, que paradójicamente le quita materia de trabajo a los petroleros, nació hace siete años, coincidiendo con el ascenso de Romero Deschamps en el sindicato.

Por otra parte, integrantes de la disidencia sindical de la sección 24 denuncian el pago de 250 pesos y préstamos por 5 mil, a los trabajadores que participan en actos de apoyo a Romero Deschamps.

Los disidentes también vinculan a Pacheco y a su grupo en el sospechoso accidente –ocurrido el año pasado– en el que murieron cuatro petroleros de Salamanca, entre ellos el dirigente de la Coalición Sindical, Genaro Navarro.

Un trabajador petrolero sintetiza esta historia: “Los caciques sindicales defienden a cualquier precio sus intereses, saben que si otro grupo gana la dirección de la sección va a haber auditorías y podrían ir a la cárcel si se conocen sus negocios sucios”.