ENTREVISTA /JOSE LUIS SOBERANES FERNANDEZ, PRESIDENTE DE LA CNDH

En el caso Juárez, Fox tiene que responder y hacer justicia

NO CREO QUE HAYA VOLUNTAD PRESIDENCIAL PARA EMPUJAR LAS RECOMENDACIONES

El ombudsman nacional comenta los señalamientos que formuló al Presidente en el informe que presentó sobre los feminicidios en la localidad fronteriza. Hasta ahora, dice, los funcionarios públicos han incumplido sus obligaciones y deben pagar por ello

VICTOR BALLINAS

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, asevera: "El caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez es el tema más importante del sexenio en la agenda de derechos humanos, y no tuvo la respuesta del Ejecutivo que hubiera esperado, esto es, un compromiso claro, contundente y que públicamente hubiera aceptado y asumido las recomendaciones que le formulé.

"No creo que haya voluntad del Ejecutivo para empujar las recomendaciones. No lo creo porque no ha expresado una aceptación pública al informe y no ha dicho que lo va a asumir. Pero ahí le señalo que hasta ahora los funcionarios públicos han incumplido sus obligaciones, han incurrido en delitos y tienen que responder por ello.

"Tienen que ir a la cárcel, no hay de otra. O qué, ¿acaso se puede actuar impunemente? Yo creo que no, el estado de derecho exige que quienes violentaron la ley paguen por ello y eso en el país se hace mediante la cárcel."

El ombudsman nacional dice que en la defensa de la justicia y del respeto a los derechos humanos en el caso de los crímenes contra mujeres, "estoy solo ante el vacío del Congreso y el silencio del Ejecutivo". Descalificar y atacar es lo más fácil, sostiene, y eso "claro que lo esperábamos, pero el Presidente tiene que responder y hacer justicia".

Soberanes responsabiliza a la Secretaría de Gobernación de los desencuentros con el Ejecutivo. "Fueron funcionarios menores que no informaron al Presidente. Fue la Secretaría de Gobernación." La agenda estaba pactada y prevista desde mucho antes y quien hablaba para cancelarla y posponerla era Gobernación.

-¿Tiene confianza en que las policías federal, estatal y municipal se investiguen a sí mismas?

-Precisamente, por eso estoy pidiendo un fiscal especial, porque quienes han mostrado su ineficacia, su indolencia, su incapacidad, han sido las corporaciones policiacas, y ni modo que sean ellos en quien la sociedad confíe. Como dice el refrán: es poner la Iglesia en manos de Lutero. Los funcionarios que hasta ahora han incumplido sus obligaciones, han incurrido en delitos y tienen que responder por ellos, tienen que irse a la cárcel, no hay de otra, ¿o qué?, ¿se puede actuar impunemente? El estado de derecho exige que aquellos servidores públicos que no hicieron lo que tenían que hacer paguen por ello y en México eso se hace a través de la cárcel.

-¿Cómo hacerlo si en México no se sanciona a los funcionarios que violan la ley?

-Por eso estamos como estamos, ¿verdad? En el momento en que se empiece a exigir responsabilidades a los servidores públicos, y esto no sea una moda sexenal como las que hemos tenido; es decir, que se agarra un chivo expiatorio y se le apresa y se piensa que con ello ya se cumplió. No, tiene que haber un auténtico estado de derecho.

-¿Qué sigue ahora con el informe?

-Pareciera como si estuviéramos igual que antes. Nada más que entre antes y ahora hay un informe de mil 600 páginas que alguien tiene que responder, porque no son acusaciones genéricas o vagas como hasta ahora habían sido. Este informe es el primero donde se dicen las cosas por nombre y apellido de las víctimas, donde se dan datos duros y maduros y donde pretendemos que se responda.

-¿Percibió que hay voluntad del Presidente para acatar las recomendaciones del informe?

-No, porque antes que nada, tendría que existir una aceptación de las propuestas, una manifestación expresa y contundente del Ejecutivo de decir: las aceptamos, las asumimos y las cumplimos. Y no hay tal.

-¿Hubo compromiso explícito?

-No.

-¿Qué sigue ahora por parte de la CNDH?

-Hay una instancia del gobierno federal que tiene que responder por esto. Esa instancia es la comisionada federal, como parte del gobierno. Nosotros en un plazo prudente le pediremos oficialmente los informes para que nos diga qué se ha hecho, porque esto es una queja abierta, la 555/2003. Tenemos una obligación legal de continuar esta queja hasta su solución debida.

-¿Dijo algo el Presidente acerca de la fiscalía especial?

-No hubo comentario.

-Organizaciones no gubernamentales (ONG) y el secretario de Gobernación dicen que no es conveniente la creación de la fiscalía.

-Las investigaciones de los delitos y la persecución de los delincuentes corresponden al Ministerio Público, de acuerdo con la Constitución. Nosotros ni las ONG somos ministerio público. Entonces, o reforman la Constitución o la acatan, y cumplen los artículos 21 y 102.

-Respecto a las sanciones que deben aplicarse a los funcionarios negligentes, ¿hay algún plazo para que venzan?

-En la administrativa, unos tres años; pero en la penal evidentemente estamos todavía muy a tiempo y sin posibilidad de hablar aún de la imprescriptibilidad. Las sanciones tienen que ser penales, pues se han cometido delitos, como las intimidaciones y la tortura, que están perfectamente documentadas.

-Si no hay respuesta, ¿tocará a la sociedad civil exigir que se acate el informe?

-Sí, toca a la sociedad civil y a nosotros. Con esto no quedamos exentos de proseguir. Tenemos que seguir nosotros y la sociedad civil, por supuesto, exigiendo justicia. Las ONG de Juárez son ejemplares en ese sentido por el trabajo que han hecho. Desde aquí mi reconocimiento y agradecimiento a instituciones académicas como El Colegio de la Frontera Norte, particularmente la investigadora Julia Monárrez. Creo que ellas y nosotros vamos a lograr hacer mover a esta maquinaria pesadísima que es la procuración de justicia, un "paquidermo".

-Después de este desencuentro ¿cómo queda la CNDH?

-Muy bien, porque se ven dos cosas: una, que no somos parte del gobierno, mucho menos su tapadera, como algunas veces nos han querido señalar. Por otro lado, queda muy clara la vocación de este organismo de estar del lado de la sociedad. Somos los personeros de la sociedad, sus defensores. Ha quedado muy claro y eso nos satisface. Nosotros tenemos la razón en este caso y, por tanto, no será ahora; a lo mejor en unos meses o a lo mejor en unos años, pero finalmente vamos a salir adelante nosotros.

-Habla en su informe de omisiones, negligencia, pero ¿hay complicidades entre las policías?

-El tema de las complicidades va surgiendo por sí mismo. Caso por caso. Es decir, a partir de las omisiones hay evidencias que se pierden. El tema va partiendo ahí como una línea de investigación muy clara que debe agotarse. De otra manera, las omisiones no parecerían encontrar justificación si no hubiera complicidades.

-¿Qué opina de la ausencia de los senadores a la presentación de su informe?

-Le contestaría con otro refrán: obras son amores y no buenas razones. Los compromisos se demuestran precisamente en los hechos. Pienso que hubiera sido conveniente que el Congreso de la Unión, particularmente el Senado, que es nuestro aliado natural en la lucha de los derechos humanos, hubiera estado presente, pero nos deja solos y quien sale perdiendo es él.

-En el desencuentro con el Ejecutivo, ¿usted se queda solo?

-Así es, en este momento me siento solo.

-¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Chihuahua?

-Ahorita ya ve que la situación ahí está muy difícil. La actitud de los colaboradores del gobernador Patricio Martínez no ha sido de diálogo, sino de confrontación. Han tratado, y hasta hoy lo vemos, de denostar nuestro trabajo. Claro, pues es más fácil hacer una denostación, una descalificación del informe, en vez de sentarse a analizarlo y verlo.

-¿Habían considerado un ambiente como el que se generó en el Ejecutivo y el gobierno estatal con la presentación del informe?

-Claro.

El ombudsman dice que la reunión con el Presidente fue una entrevista muy formal. "Entregué el informe y él lo recibió. Fue como con un guión. No hubo comentarios de los desencuentros."

Funcionarios presentes en la reunión aseguraron que Soberanes dijo a Fox: "Le traigo la verdad del caso Juárez, al poder, para que el gobierno dé poder a la verdad; son 10 años de engaños, de pifias y simulaciones".

En respuesta, sostienen, Fox respondió: "El informe lo valorará la comisión intersecretarial".

En otro tema, el ombudsman nacional comentó el asesinato de un testigo de la guerra sucia: "En el homicidio de Guerrero tendría que intervenir la fiscalía especial, precisamente para preservar las pruebas y una de ellas es la integridad de los testigos. No los vayan a seguir matando, porque entonces nos vamos a quedar sin materia para los juicios penales".

"Es momento de dejar las argumentaciones y pasar a las investigaciones. Que se pongan a trabajar los órganos del Estado encargados de investigar y dejémonos de duelos y quebrantos."