A la presentación en el Senado de la República del informe especial sobre los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, entregado ayer por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, asistieron sólo cuatro miembros de ese cuerpo legislativo. Los otros 30 y tantos que habrían debido escuchar el informe del ombudsman nacional -por ejemplo, los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, Miguel Sadot Sánchez Carreño; de Justicia, Jorge Zermeño, y de Equidad y Género, Araceli Escalante- tenían, por lo visto, preocupaciones más importantes que las mujeres asesinadas en Juárez, que las atrocidades e injusticias que se perpetran en el país y que la vigencia de los derechos humanos en territorio nacional.

Por desgracia, al faltar a la cita con el presidente de la CNDH, los senadores no sólo desairaron a Soberanes, sino mostraron su olímpico desprecio por la institución que preside y por las causas que defiende. Lo sepan o no -y cabria suponer que lo saben, si es que tienen alguna remota noción de política-, los faltistas enviaron, con su ausencia, ese mensaje inequívoco a la sociedad a la que tendrían que servir -la misma que paga sus dietas- y a los votantes que los llevaron a sus apacibles curules.

Por si no fuera suficiente motivo de alarma, indignación y azoro la constatación de que a la mayoría de los senadores les importa un comino el tema de los derechos humanos y la suerte de las próximas víctimas de la violencia criminal contra las mujeres jóvenes y pobres en Ciudad Juárez y en el país, ayer mismo la Presidencia de la República envió una señal equivalente, al anunciar la cancelación del acto público en el que habría de recibir, hoy, el citado informe del ombudsman, y su remplazo por una reunión privada.

El regateo de la atención pública al documento de Soberanes sobre las asesinadas de Juárez no deja alternativa a la sospecha de que al titular del Ejecutivo federal le molesta, enoja o desagrada escuchar las apreciaciones de la CNDH sobre el asunto o, peor aún, que no está interesado en el tema. Por los motivos que sea, el presidente Vicente Fox se suma así a los legisladores que menosprecian el trabajo del ombudsman, se desentienden de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y se desligan del combate a la impunidad, la procuración de justicia y la lucha por hacer vigentes los derechos humanos en México.

Los legisladores y el Ejecutivo, cabe insistir, no sólo se comportan en forma grosera y ofensiva con el titular de la CNDH, sino también con la memoria y con los deudos de las asesinadas, con los ciudadanos que buscan poner fin a la impunidad criminal, con quienes promueven la vigencia de los derechos humanos y con quienes sufren atropellos y violaciones a sus garantías individuales. Tal arrogancia es inadmisible en un país que se pretende democrático y republicano.

El ombudsman sentenció en su informe: "El Estado mexicano tiene que resolver una sola pregunta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional: '¿Quién las mató?' O responde o nos estamos haciendo tontos". Los malos modales de los legisladores y del mandatario, que ni siquiera se avienen a escuchar tal pregunta, o a permitir que se formule en público, parecen confirmar, por desgracia, que la respuesta correcta es la segunda. Si no hay entre esos altos representantes populares la mínima urbanidad para recibir correctamente al presidente de la CNDH, cabe preguntarse qué voluntad política se puede esperar de ellos a la hora de acatar sus recomendaciones.

Finalmente, tendrá que ser la sociedad organizada la que restituya a la institución la fuerza moral y la dignidad que la mayoría de los senadores y el Presidente de la República pretenden, en mala hora, escatimarle.