Magdalena Gómez

La consulta oficial indígena, otra falacia

Mientras los pueblos indígenas transitan los caminos de la autonomía sin pedir permiso, el gobierno federal persiste en la supuesta aplicación de la contrarreforma de 2001 y del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo mediante la consulta nacional sobre "sus formas y aspiraciones de desarrollo". Para ello cuentan con el apoyo político y financiero del Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El fundamento de este ejercicio está materialmente plagado de todos los lugares comunes que, vacíos de su contenido original, constituyen la base del discurso oficial y de los organismos internacionales. Así, se habla del "compromiso de contribuir a establecer una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas".

Cuando se discutieron en San Andrés estos conceptos se incluyeron en los acuerdos incumplidos, se realizó la más amplia confrontación con lo que ha sido la política oficial, se les vinculó estrechamente con el derecho a la autonomía y a la libre determinación, de manera que la nueva relación suponía a este derecho como el motor. Ya sabemos de la cadena de distorsiones, y ahora se pretende navegar en el mar de frases huecas que sólo tienen sentido para quienes están empeñados en demostrar que hay un "cambio". Como el papel aguanta todo, afirman que "se busca abrir nuevos espacios de participación e interlocución y diseñar juntos las políticas públicas de gobierno que respondan a sus diversas y complejas circunstancias, impulsar una política transversal de atención a los pueblos indígenas que sume y potencialice las acciones y recursos institucionales, bajo principios de diálogo intercultural, respeto a la diversidad e identidad, libre determinación, inclusión y equidad. Asimismo, crear, conjuntamente con los pueblos indígenas un modelo de desarrollo con diversas expresiones que pueden ser armonizadas entre sí, en el marco del proyecto nacional".

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas confunde el derecho a la consulta previa, de buena fe y acorde a las formas propias de organización social, y la reduce a una " forma de participación" y se precia grandemente del "reconocimiento de los pueblos indígenas como interlocutores y corresponsables en la toma de decisiones respecto a las políticas y programas que conciernen directamente a su desarrollo". Y continúa su galimatías, afirmando que "la consulta será una fuente de información para la planeación que, al involucrar activamente a los integrantes de los pueblos indígenas, aumentará la viabilidad de las políticas sociales y acciones institucionales que se generen". Para todo ello realizarán 84 talleres estatales, cuatro foros regionales y otro nacional, y tendrán sus resultados para marzo de 2004. Lo relativo a las formas de organización propias de los pueblos lo reducen a enlistar los sistemas de cargos para luego dar prioridad a las formas propias del indigenismo, es decir los llamados talleres y foros. Se olvidan de que los pueblos no discuten sus asuntos de fondo en los foros, sino en sus asambleas comunitarias, con sus ritmos, sus agendas, y no necesariamente informan a los agentes externos sus reflexiones. A los foros van, quienes lo hacen, conscientes de la vieja relación, la de obtener algunos recursos para proyectos emergentes; tampoco necesariamente quienes asisten llevan representación, siguen la lógica de la intermediación que tanto ha dañado a los espacios de gobierno indígena.

Por otra parte, un ejercicio como éste se sale por la tangente respecto al problema real del derecho de consulta, cuya primera implicación es que los titulares de ese derecho decidan qué, cómo, cuándo, dónde, y no es fácil en las condiciones actuales que los pueblos indígenas establezcan la llevada y traída nueva relación. En esta consulta ya lo decidió todo el gobierno, incluso su para qué. Resulta simplista, por decir lo menos, suponer que la crisis provocada por la contrarreforma no está vinculada a su contenido mismo y que se puede avanzar "para mientras", reivindicándola en beneficio del aparato oficial. La cuestión es mucho más profunda: resulta que los pueblos indígenas y el EZLN mismo sí respetaron las formas propias de organización del Estado, confiaron, hablaron, firmaron y esperaron que los tres poderes del Estado cumplieran su compromiso. No invitaron a un foro al Congreso: acudieron a su casa oficial. En fin, ya sabemos que la autonomía indígena está en otra parte.