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México D.F. Miércoles 19 de noviembre de 2003

Cuauhtémoc Cárdenas

Un gobierno incapaz de operar

A confesión de parte, relevo de pruebas. Nadie va a contradecir la afirmación del secretario de Trabajo, Carlos Abascal Carranza, que apareció como titular principal en la primera plana de La Jornada este domingo, de que el gobierno es incapaz para operar empresas. Este gobierno es incapaz, efectivamente, para operar empresas, y, debe agregarse, pues así lo ha demostrado hasta la saciedad, para operar al gobierno mismo, para hacer funcionar adecuadamente a la nación.

El 1Ŷ de diciembre de 2000 Vicente Fox protestó "mirar por el bien y la prosperidad de la nación", y lo que se ha visto en tres años de gestión es precisamente lo contrario, que ha mirado para el bien solamente de unos cuantos y para la prosperidad del vecino del norte, que es lo mismo que se ve como resultado de la acción gubernamental para los tres años que le restan. Así lo muestran hasta hoy los logros de su gestión: crece el número de pobres hasta comprender las dos terceras partes de los habitantes del país, tres años de estancamiento económico, aumentan los desempleados, se intensifica la migración, sigue la caída constante del poder adquisitivo del salario y de los ingresos familiares en términos reales, se enajena el patrimonio energético del país, se privilegian los rescates consecuencia de la corrupción. Y, por el otro lado, el futuro que se nos ofrece es el que surgiría, en caso de aprobarse y llevarse a la práctica, de las propuestas de las llamadas reformas energética y hacendaria que propone la administración.

Imponer el IVA a alimentos, medicinas y colegiaturas significaría aumentar la carga fiscal a sectores de la población que se han empobrecido por dos décadas de políticas del neoliberalismo; significaría una vida de mayores estrecheces y carencias para millones de familias, y si a esto se agrega que el gobierno pretende, por una parte, imponer el IVA también a libros y revistas, y por la otra, desaparecer -que a eso equivale en la práctica la desincorporación, liquidación, extinción o fusión- el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Colegio de Postgraduados, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), los estudios Churubusco, la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex) y varios organismos públicos más, al empobrecimiento de la población debe agregarse la pretensión del gobierno foxista de cancelar oportunidades de fomento al conocimiento, de promoción de la cultura, de formación profesional, de acceso a la información, también para vastos sectores de la población nacional.

Pero estas propuestas dejan ver mucho más: este gobierno quiere exprimir con el IVA a los más pobres de la nación hasta su extinción; no quiere que la gente lea, no quiere que la gente aprenda, que conozca; no quiere que se desarrolle una investigación científica ni que exista una tecnología propia de nuestro país; no quiere combatir la ignorancia ni abrir las oportunidades que el conocimiento ofrece; no quiere que la gente cuente con elementos que le permitan cuestionarlo en sus políticas y decisiones ni que se conozcan nuestras realidades -las cuales pueden divulgarse por medio de la lectura o de lo mucho que el cine enseña- dentro ni fuera del país y quiere que las potencialidades de México beneficien fundamentalmente a los grandes consorcios extranjeros que hoy marcan el rumbo del gobierno y de la nación.

En la administración foxista existe ciertamente un menosprecio a todo lo que tiene que ver con la cultura y el conocimiento, pero también hay un fuerte temor a todas las oportunidades que la cultura y el conocimiento abren. Hay claras evidencias de funcionarios, situados en muy altos cargos, poseedores de una indiscutible ignorancia supina, y no debe perderse de vista, además, que el actual es un gobierno compuesto esencialmente por mercaderes y por mercaderes entreguistas, que pretenden tener frente a sí a un pueblo cada vez más ignorante y desinformado y, en consecuencia, cada vez más indefenso y, así, más explotable.

Para deshacerse de los diversos organismos que tienen que ver con la investigación científica, la cultura y la formación profesional, el gobierno, argumentó el secretario Abascal, "no tiene la capacidad administrativa ni la vida empresarial que se requiere". Lo que este gobierno no tiene es compromiso ni con la gente ni con la nación y, por otro lado, ningún país que efectivamente se haya colocado en la punta del desarrollo maneja la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el fomento cultural -en cuanto acceso del pueblo a los productos de la cultura y al apoyo oficial que se debe brindar a la creación cultural- en función de su "vida empresarial". Esta tiene otros objetivos, totalmente válidos y necesarios para un desenvolvimiento sano, pero totalmente distintos de los que la sociedad y un gobierno patriota, comprometido con su gente e inteligente asignan a la ciencia, la tecnología y la cultura.

Vuelvo aquí a que este es un gobierno sólo de mercaderes y de mercaderes entreguistas, dispuestos a vender conciencia y patria si hace falta, pues esto es lo que dejan ver la iniciativa oficial de reforma eléctrica y el manejo que se está dando a los contratos de servicios múltiples que se han otorgado para la explotación de gas. En ambos casos existe una clara violación a las disposiciones constitucionales. En ambos casos, actividades que bien pueden realizar los organismos públicos en sus respectivas áreas de responsabilidad, pretenden o entregar se han entregado ya a intereses extranjeros. En ambos casos, el gobierno, y más particularmente Vicente Fox, el titular del Ejecutivo, con esa entrega, está cumpliendo compromisos contraídos con quienes le brindaron apoyos políticos y financieros para llegar a la Presidencia.

Las entidades públicas con responsabilidades en los sectores de la investigación científica, el fomento a la cultura, la formación profesional, que la administración quiere desaparecer, no sólo no deben ser la moneda de cambio o la medida de distracción para que se aprueben las reformas que el gobierno pretende para imponer el IVA a alimentos y medicinas, sino que dentro del sector público deben contar con mayores apoyos para un mejor cumplimiento y la expansión de sus funciones.

El IVA aplicado a alimentos, medicinas, libros, colegiaturas, etcétera, debe ser enérgicamente rechazado por los legisladores. La reforma hacendaria que el país requiere debe tener como objetivos no sólo incrementar los ingresos del Estado y con ello su capacidad de inversión en el desarrollo del país, sino lograr este incremento de la recaudación con reformas regidas por criterios de equidad social, quitando cargas a los sectores de la población golpeados y empobrecidos por el neoliberalismo, ampliando la base de contribuyentes, combatiendo la evasión y la elusión fiscales, estimulando el crecimiento de la economía y buscando, por el otro lado, crear condiciones de competitividad, internamente y hacia el exterior, para los productores mexicanos, lo que tiene que ver con las disponibilidades reales de crédito, la reducción de las tasas de interés, los subsidios, la regulación de precios y tarifas de productos y servicios que maneja el Estado.

El mercado de grandes consumidores de electricidad, el negocio más jugoso del sector, no debe entregarse a intereses privados extranjeros, como quiere el gobierno, por lo cual el Senado debe rechazar mayoritariamente, como lo hizo con las propuestas de reformas a las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, las iniciativas oficiales en esta materia, y por el otro lado debe emprenderse una acción legal, firme y consistente, que podría ser convocada y encabezada por las organizaciones sociales que están llamando a la gran marcha del próximo día 27, y apoyada por partidos políticos, otras organizaciones sociales, legisladores y ciudadanos, para cancelar por anticonstitucionales los contratos de servicios múltiples que el gobierno ha otorgado ya para la explotación de gas en la cuenca de Burgos.

Por los resultados de la gestión en los tres años ya transcurridos y por el futuro de ignorancia, empobrecimiento, dependencia y explotación que el gobierno pretende imponer para adelante, queda claro que este gobierno es incapaz para operar no sólo las empresas públicas, sino incapaz para operar al gobierno mismo y para así servir verdaderamente a la nación.

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