Sergio Benito Osorio

ƑTraje a la medida... de quién?

La reforma eléctrica se ha convertido en un asunto que ha trascendido el ámbito de lo energético para ubicarse como una de las claves de alineamiento al interior y entre los partidos políticos con vistas al 2006, como un motivo de fracturas y composición de nuevas alianzas que influye en la discusión de otros temas y, en general, la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Al interior del PRI y del PAN hay corrientes que, desde hace tiempo, han coincidido, esencialmente, con una visión sobre la modernización del país bajo la premisa de un orden guiado por la prioridad del crecimiento corporativo.

En el caso de la reforma al sistema de suministro de energía eléctrica, los últimos dos gobiernos han convenido en el propósito de permitir que los particulares incorporen este servicio público al ámbito del mercado, diseñando esquemas para el desmantelamiento del monopolio estatal, cuya magnitud inhibe el ingreso de particulares a esta actividad.

Es una propuesta que ha sido derrotada legislativamente y que, a lo largo de cinco años que ha durado el debate, ha podido acreditar un amplio rechazo social, no sólo por el mal precedente de las privatizaciones, sino porque en la conciencia mayoritaria de los mexicanos el petróleo y la electricidad aún son símbolos que encarnan el sentido de identidad y pertenencia nacional. No obstante, los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox han sabido fomentar y extender de manera subrepticia, y hasta ilegal, la inversión privada en este sector como no se conocía desde hace más de sesenta años.

A partir de 1998 el endeudamiento con programas de impacto diferido en el gasto (Pidiregas, que es el uso del presupuesto federal como garantía para créditos que, en su gran mayoría, habilitan inversión de particulares) crece aceleradamente hasta sumar autorizaciones por más de 50 mil millones de dólares; la distribución de gas natural se adjudicó a un grupo de empresas extranjeras; la generación privada de electricidad ha crecido hasta significar la quinta parte del total nacional y las actividades de exploración, extracción, proceso y transporte de gas natural se concentran en corporaciones internacionales al amparo de contratos exclusivos y de largo plazo. Los últimos dos rubros en abierta contradicción con la Constitución, tal y como lo muestra la sentencia que la Suprema Corte emitiera en abril de 2002 contra un reglamento gubernamental sobre compra-venta de electricidad.

Esta proliferación de inversión privada en áreas restringidas por la Constitución sólo se puede explicar como una gran debilidad de las instituciones encargadas de la vigilancia y el control del Poder Ejecutivo, especialmente el Legislativo, y porque desde el mismo gobierno se ha socavado sistemáticamente a las empresas públicas de la energía. Ha sido una estrategia exitosa pero profundamente irresponsable hacia el país, porque al instrumentarse de manera clandestina conduce a un ejercicio institucional ciego y disperso frente a corporativos que sí tienen agendas y estrategias claramente definidas para su desarrollo e integración global.

Por ejemplo: Repsol, titular del mayor bloque para la extracción de gas natural en la cuenca de Burgos, es titular de un permiso para la distribución de gas (Toluca) y propietaria de la empresa Gas Natural que, a su vez, tiene permisos para la distribución de gas en las zonas del Bajío, Monterrey y ciudad de México; mantiene pendiente la adquisición (en España) de Ibedrola, empresa que aquí es la segunda generadora privada de electricidad, con plantas en Monterrey, Altamira y el Bajío. Shell y Bechtel (primera constructora del mundo) fundan InterGen, que es el cuarto grupo de generación de electricidad en México; mientras Bechtel dirige la ingeniería del proyecto Cantarell, que produce más de la mitad del petróleo mexicano; por su parte Shell participa en el negocio de lubricantes, gasolineras y tiene permisos para la regasificación de gas licuado. Electricidad de Francia es el mayor grupo de generación de electricidad, con permisos para el transporte de gas, mientras Gas de Francia es el segundo distribuidor de este combustible en el país. Y no sería difícil que entre los próximos ganadores de los contratos de extracción de gas encontrásemos empresas con intereses en petroquímica que, según declaraciones del presidente Fox, pronto estará abierta a alianzas con empresas internacionales.

Entonces, el eslogan de la reforma eléctrica publicitado por el gobierno como un "traje a la medida"... Ƒpara quién es?

El hecho es que al interior del país se consolida un enorme núcleo trasnacional que, en poco tiempo, puede determinar la soberanía energética. Por eso, es de una gran ingenuidad pensar que la reforma constitucional peleada con tanta insistencia por los últimos gobiernos sólo pretende corregir una inconsistencia constitucional o liberar dinero para los programas sociales. Su objetivo es fortalecer a un selecto grupo de intereses que se ha introducido subrepticiamente en el sector energético mexicano y cuyo fin es ganar al Estado las abundantes rentas de la energía.

Por eso es fundamental distinguir que, más allá de los alineamientos político-electorales, se requiere construir una fuerza política capaz de realizar las modificaciones legales que den autonomía y fortalezcan a las empresas públicas; quienes por su magnitud y capacidad financiera son el medio para restablecer el equilibrio político en favor de los intereses del país.

[email protected]