Cita la Femospp a tres generales vinculados con la matanza del 2 de octubre

Organismos de derechos humanos se congratulan por el fallo de la SCJN

Integrantes del Comité 68, organizaciones sociales, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), así como organismos internacionales se congratularon por la decisión tomada ayer por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) respecto a la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, con lo cual se abre la posibilidad de llamar a cuentas ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos durante llamada guerra sucia.

Por su parte, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la cual fijará hoy su postura en torno al dictamen de la SCJN, citó a comparecer ante el Ministerio Público Federal a tres generales, a los cuales considera personajes importantes para esclarecer lo sucedido el 2 de octubre de 1968.

Integrantes de organizaciones sociales y denunciantes de delitos cometidos durante la guerra sucia consideraron que la decisión del máximo tribunal es ''una puerta que abre enormes posibilidades de castigo para los responsables de ese tipo de actos en los años 70 y 80, como lo fueron el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro''.

Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, se mostró satisfecho por el fallo, pero consciente de que aún falta un tramo legal por delante. Sostuvo que la no prescripción del delito de privación ilegal de la libertad ''abre una rendija'' de justicia, que deberá ser confirmada en los hechos cuando se libren las órdenes de aprehensión y se juzgue a los culpables de los crímenes de Estado cometidos en 1968.

Entrevistado al término de la sesión en la que la primera sala estableció que el delito de privación ilegal de la libertad es continuado, y por tanto no prescribe, Hernández Gamundi aseveró que este fallo no sólo es importante para los casos de más de 500 desaparecidos que están en proceso de integración penal, sino también para los delitos cometidos por el Estado el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

El dirigente de la Federación de Detenidos y Familiares Desaparecidos de México (Fedefam), Julio Mata, organización que ha presentado hasta la fecha el mayor número de denuncias por desaparecidos de la guerra sucia en la Procuraduría General de la República, resaltó ayer que la decisión de la SCJN de que proceden las órdenes de aprehensión contra Miguel Nazar Haro y el capitán Luis de la Barreda, es un paso importante pero ''nos resta muchísimo por avanzar. No podemos hablar de triunfo, porque todavía no hay justicia, aún no se conoce el paradero de los desaparecidos''.

La CDHDF celebró el fallo de la Corte que revoca la prescripción que dictó el juez IV de distrito en materia penal de Nuevo León, en el caso de tres ex jefes policiacos involucrados en la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra.

Esta decisión unánime de la Corte, ''allana el camino para que la justicia de México pueda conocer y pronunciarse sobre graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado, y que por razones de la impunidad estructural generalizada no habían podido llegar hasta ahora a los tribunales''.

Para la CDHDF, esta decisión ''acerca a la justicia mexicana a los criterios internacionales de derechos humanos, según los cuales no se pueden invocar argumentos como razón de Estado u obediencia debida, para eximir de responsabilidad a quienes han cometido graves violaciones''.

Human Rights Watch consideró que la determinación es "una gran victoria'' para los derechos humanos. José Miguel Vivanco, director ejecutivo del organismo para las Américas, señaló que es un ''fallo histórico, para que se asuma la responsabilidad'' ante los crímenes ocurridos durante la guerra sucia, y añadió que la decisión ''elimina un obstáculo potencial al procesamiento de cientos de casos de desaparecidos''.

En la Femospp, los citados son Jesús Castañeda Gutiérrez, jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Luis Echeverría, a quien se señala como responsable de haber dado la orden de abrir juego a discreción en la Plaza de la Tres Culturas, el 2 de octubre; el general Gonzalo Castillo Ferrera, quien fungió como jefe de operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien es mencionado en las investigaciones de la fiscalía como el encargado de que se llevara a cabo la Operación Galeana; el tercer citado es el general Edmar Euroza Delgado, encargado del segundo batallón de Fusileros Paracaidistas.

Jesús Martín del Campo, aseguró que la fiscalía que dirige Ignacio Carrillo Prieto ''tiene que tomar muy en cuenta las observaciones de organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que se requiere un mejor trabajo técnico a la hora de preparar cada averiguación previa''.

GUSTAVO CASTILLO, VICTOR BALLINAS, JESUS ARANDA Y AGENCIAS