La ANUIES demanda equidad y transparencia en la distribución de los recursos

Reclaman universidades públicas una política de financiamiento sostenido

JOSE GALAN

El financiamiento público a la educación superior no puede estar regido por la ausencia de criterios, como en el pasado, ni orientado por las inercias de la discrecionalidad política, sostuvo la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Se requiere, indicó, de una política de financiamiento sostenido y creciente que brinde certidumbre de largo plazo al desarrollo de las instituciones públicas de educación superior.

La asociación reveló que para tratar de obtener mayor financiamiento a la educación superior pública, en los próximos días fortalecerá su campaña de cabildeo con las comisiones de Educación, de Presupuesto y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, con el objetivo de llegar a la reunión de rectores de universidades públicas agrupados en el Consejo de Universidades e Instituciones Afines (CUIA) -que se celebrará en Huatulco, Oaxaca, a finales de este mes- con una propuesta de modelo de financiamiento que logre el consenso al contar con mayores recursos.

La ANUIES consideró "imprescindible" incorporar disposiciones y mecanismos equitativos y transparentes para la asignación y uso de los recursos, y que, debido a la importancia nacional que tiene la educación superior, y a su dimensión política, social e histórica, el carácter del financiamiento a ese sector educativo no es únicamente de "índole puramente técnico o instrumental", sino que requiere de una política de largo alcance que trascienda las administraciones públicas de los diferentes niveles de gobierno.

Principios básicos

En documentos internos, la ANUIES sostuvo que se requieren cinco principios básicos para orientar esa política: institucionalización, que brinde legalidad y permanencia del financiamiento a la educación superior; suficiencia de los recursos asignados, para atender las necesidades del desarrollo de la enseñanza superior; equidad en la distribución de los recursos y en la disminución de las desigualdades en el trato financiero que reciben las instituciones; transparencia en los mecanismos y procedimientos para distribuir los recursos, y corresponsabilidad en el ejercicio eficiente de los recursos públicos que reciben las universidades, en la rendición de cuentas y en los esfuerzos por acrecentar los recursos propios.

Además consideró que el análisis de los problemas que aquejan a las instituciones de educación superior públicas "hace necesario el establecimiento, por parte del Estado, de compromisos que puedan generar un contexto de certidumbre para el desarrollo de este nivel educativo y para su financiamiento suficiente", con el objetivo de lograr las metas nacionales establecidas en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y las metas establecidas por cada una de las casas de estudios superiores.