"Poderosos hacendados", detrás de sus procesos, aseguran los dirigentes

Inician los Sin Tierra campaña por la liberación de 18 trabajadores rurales

Denuncian campesinos amenazas y persecución por parte de autoridades brasileñas

STELLA CALLONI ENVIADA

Sao Paulo, 4 de noviembre. La directiva del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, un referente dentro de los movimientos sociales de América Latina, inició una fuerte campaña local e internacional para luchar por la liberación de 18 trabajadores rurales detenidos en distintos estados del país sudamericano "por sus acciones en favor de la reforma agraria", y también para pedir justicia ante el medio centenar de asesinados en lo que va del año, considerados "víctimas de latifundios".

Los dirigentes del MST sospechan de "acciones conjuntas" de algunos jueces y políticos de los estados gobernados por la oposición. La campaña de los Sin Tierra es acompañada por decenas de organizaciones sociales que se manifiestan contra la criminalización de la protesta social que intentan algunos jueces, mediante el recurso de considerar la formación de "cuadrillas o bandas" por parte de los campesinos organizados.

Este es el caso de José Rainha, uno de los líderes históricos del MST, condenado con otros 10 militantes por "asociación para delinquir", aunque el lunes fueron beneficiados por una decisión judicial que les permite apelar de esa condena en libertad, luego que el tribunal de justicia concedió los habeas corpus presentados. Pero de todos modos Rainha no podrá ser liberado porque tiene otro proceso pendiente.

"Detrás de esta justicia están los poderosos hacendados de Brasil", señalan los dirigentes. Los detenidos están en los estados de Sao Paulo, Matto Grosso Do Sul, Paraíba y Paraná. Sobre este último estado la organización Tierra de Derechos denunció ante el secretario especial de Derechos Humanos del gobierno nacional, Nilmário Miranda, la persecución a los Sin Tierra. Entre otros documentos presentaron un panfleto que circula en la región de Ortigueira, en el cual se lee: "Abierta la temporada de caza de los Sin Tierra".

Además de los presos y los 46 trabajadores con prisión decretada en todo el país, decenas de trabajadores ligados al MST están amenazados de muerte. "Algunos jueces han dictado sentencias que están agravando la violencia en el campo", advierte Nilmário Miranda, quien agrega que se está "apagando fuego con gasolina y no se puede transformar a los militantes sociales en bandidos". También José Genoino, presidente nacional del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), sostiene que "no se trata una cuestión social con prisión y condena", rechazando así las detenciones de los trabajadores campesinos.

En el campo -señalan los dirigentes del MST- predomina un clima de tensión y violencia. "Esto deja de lado la urgencia de la reforma agraria y pone en segundo lugar su discusión en la sociedad mientras los trabajadores son responsabilizados por la violencia, acusados de intentar destruir el sistema productivo agrícola".

En tanto, los "mandantes y ejecutores de los crímenes continúan impunes, como es tradición en nuestro país cuando las víctimas son los trabajadores. Esto es una posición que encubre a los culpables y motiva nuevos delitos".

Advierten también que el gobierno se ha limitado a tomar medidas paliativas para resolver algunos pocos conflcitos, aunque también destacan que el Ejecutivo federal, junto con el gobierno del estado de Paraná, actuó para confiscar armas de uso de las fuerzas armadas que estaban en poder de los hacendados en la zona de Palmital.

El periódico Brasil de Fato, que es un esfuerzo por enfrentar la desinformación y la fuerte concentración de medios que existe en Brasil, sostiene que la principal causa de la violencia contra los trabajadores rurales es la enorme concentración de poder de los latifundistas. "En 1993 una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (Consea) decía que solamente por medio de una amplia reforma agraria sería posible acabar con la violencia rural y el hambre en Brasil. Sin embargo, poco se ha hecho para democratizar la propiedad agrícola. La industria o el comercio no logran absorber la mano de obra ociosa en las grandes ciudades ni al contigente de migrantes que aumentan cada vez en la periferia". Por ello hay ahora brasileños "que hacen el camino inverso": se estima que entre 1995 y 2000 unas 544 mil personas dejaron la región metropolitana de Sao Paulo para volver a sus estados de origen, "donde se encontrarán con latifundios".

El análisis editorial destaca que Brasil es uno de los pocos países del mundo que posee todas las condiciones necesarias para absorber la mano de obra, ya que hay tierras y recursos humanos. "Brasil espera que el gobierno de Lula no pierda la oportunidad histórica de enfrentar al latifundio y que implemente un plan de reforma agraria que beneficie a los millones de trabajadores rurales sin tierra que deambulan por el país".

El Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA) elaborado y presentado por el abogado y ex diputado federal Plinio de Arruda Sampaio al ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rosetto, es aceptado por el MST y otros movimientos sociales, que lo apoyaron con datos y experiencias. Pero tal como está no tiene valor oficial, ya que puede ser modificado por varios ministros, entre ellos Antonio Palocci, de Hacienda; Guido Mantega, de Planeamiento, o José Dirceu, de Casa Civil.

Este tema será una verdadera prueba sobre el camino que tomará el gobierno de Lula, una de cuyas promesas electorales fue lograr una reforma agraria. Lula sugirió la posibilidad de asentar un millón de familias por año hasta 2006, que fue la reivindicación del MST cuando se reunió con el mandatario el pasado 2 de julio. En ese momento -comenta la periodista Laura Muradi- el presidente se comprometió a realizar una reforma agraria masiva y profunda. Luego estos asentamientos se vieron obstaculizados por la falta de dinero, debido al recorte de gastos impuestos en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así, en lo que va del año, hay 42 mil familias asentadas o en proceso de asentamiento. Hay tensión en la espera de lo que finalmente saldrá para ir al Congreso y qué modificaciones puedan aparecer en el plan oficial de reforma agraria, y por esta razón los Sin Tierra saben que sólo la movilización permanente -hoy 2 mil campesinos tomaron en Matto Grosso un latifundio de un jefe del narcotráfico detenido en Uruguay, para pedir que sea expropiado y cumpla una función social- y la capacitación constante de los trabajadores rurales, pueden empujar al gobierno hacia una buena solución.

Plinio de Arruda Sampaio tiene su posición al respecto: "Nadie puede decir que reclamar es estar en la oposición. Es un derecho y también una forma de apoyar a un gobierno".

Lula también tiene otros desafíos sociales, como el del desempleo, si se considera que a mitad de la década de los 90, seis de cada 100 brasileños no tenían trabajo, y apenas siete años después, el desempleo atrapa a nueve de cada 100. Esto significa 7.9 millones de personas sin empleo (sin tener en cuenta a un verdadero ejército de subocupados). También desde entonces disminuyó 12 por ciento el salario, entre 1996 y 2002.

Además, el gobierno sigue enfrentando la lucha contra el trabajo esclavo. En la Hacienda Laranjeiras, en el municipio de Sao Paulo, la Procuraduría de Trabajo encontró recientemente 57 personas realizando trabajos forzados, pero esto sucede en todo el país.

Mientras, la violencia continúa, y como divulgó este día la organización ecologista Greenpeace, tan sólo en el estado amazónico de Pará han sido asesinadas 30 personas en conflictos por la tierra, y allí, si nada se hace, además de vidas se perderán "millones de kilómetros cuadrados de selva amazónica".

Por lo pronto, falta muy poco para evaluar el primer año de un gobierno encabezado por un obrero metalúrgico, que encabezó luchas históricas, y del que se esperan profundos cambios, especialmente para los castigados campesinos.