Alejandro Nadal

Ley de bioseguridad: frivolidad peligrosa

Los autores de la iniciativa de Ley de Bioseguridad que se discute en la Cámara de Diputados tienen un objetivo claro, pero no necesariamente acorde con los intereses del país. Su intención es promover una legislación que elimine obstáculos para la industria de la biotecnología. En México eso significa, entre otras cosas, levantar la moratoria sobre uso de cultivos transgénicos. Pero no sólo eso: la iniciativa establecería un régimen defectuoso y poco transparente al uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en todos los ámbitos, incluyendo el de salud y la industria.

El gran beneficiario será el lobby de la industria biotecnológica. Y aunque varios de los voceros de dicha industria aseguran que la biotecnología moderna es una palanca para el desarrollo, nunca han podido ir más allá de su retórica irresponsable y vacía. El gran promotor de la Ley de Bioseguridad (LBS), el señor Bolívar Zapata, ha afirmado en repetidas ocasiones que la biotecnología moderna permitirá enfrentar el problema del hambre, los desafíos en materia de salud y, en general, podrá "contribuir a satisfacer necesidades de la Nación" (como dice la misma iniciativa).

Vaya lista de promesas. Lástima que algunos científicos ignoran dónde termina su laboratorio y comienza su ignorancia. Al igual que los voceros de la industria de la biotecnología en el plano internacional, ignoran todo sobre el problema del hambre. Hoy las reservas mundiales de alimentos básicos son las más elevadas en la historia, y sin embargo hay más gente con hambre en el mundo. Y la evolución previsiblede los rendimientos en los principales cultivos permite compensar la caída en superficie cultivable per cápita para los próximos 30 años en el ámbito mundial. El uso generalizado de cultivos trasgénicos no es necesario para incrementar la oferta de alimentos. Al contrario, podría ser un problema adicional si se considera su impacto sobre otras formas de producción agrícola. Además los cultivos transgénicos diseñados ex profeso para incrementar rendimientos en cultivos básicos no estarán al alcance todavía por muchos años (y eso si llegan a estar disponibles).

México sufre un caso grave de contaminación de maíces tradicionales con materiales trasgénicos. Por tratarse del centro de origen de un cultivo fundamental a escala mundial y de un país megadiverso, esta contaminación debiera ser una poderosa llamada de atención, no sólo para las autoridades federales que no han hecho nada para remediar la situación, sino a los legisladores que discuten hoy esta LBS.

Entre otros objetivos, la LBS debiera complementar lo dispuesto en el Protocolo de Cartagena (ratificado por el Senado), en especial lo referente al principio de precaución. Este principio establece que la falta de certeza científica sobre los posibles efectos negativos derivados del empleo de OGM no debe ser obstáculo para adoptar medidas preventivas adecuadas para evitar los daños que pudieran producirse.

La mejor prueba (no la única) de la peligrosa frivolidad con la que ha sido redactada, discutida y promovida esta iniciativa está en su trato al principio de precaución. La LBS lo desfigura hasta hacerlo irreconocible. En su artículo 9 fracción IV establece que el Estado mexicano aplicará este principio sólo cuando haya "peligro de daños graves e irreversibles", y eso "conforme a sus capacidades" y "en función de los costos". Esas frases califican el principio de precaución y lo dejan irreconocible; en la práctica lo eliminarán del paisaje jurídico.

Por si fuera poco, la LBS señala que para analizar "soluciones a problemas particulares" se van a evaluar "caso por caso los beneficios y posibles riesgos de los OGM". Pero ese análisis podrá también incluir la evaluación de los riesgos de las opciones tecnológicas alternativas para contender con la problemática específica para la cual fue diseñado el OGM. Será la primera vez que un país adopta semejante estupidez en una ley.

La LBS está plagada de problemas. Etiquetado, acuerdo previo e informado, responsabilidad civil: en todos esos temas la LBS reprueba el examen. Entre los problemas más graves destaca su declaratoria inicial de tratarse de una ley de interés público. Eso es falso. El orden público no está bajo el imperio de la autonomía de la voluntad de los particulares y requiere una intervención constante del Estado. En la ley de bioseguridad las cosas son al revés: el Estado tutela los intereses de la industria de la biotecnología, resguardándolos de las amenazas de la sociedad civil, cuando resiste el despojo de sus procesos productivos y reclama el derecho a escoger lo que consume.

Es una vergüenza que el Senado haya aprobado esta iniciativa, mal escrita, con una técnica jurídica absurda y que responde a intereses de la industria biotecnológica. Mientras proliferan los estudios que ponen en duda las afirmaciones de los científicos ligados al lobby biotecnológico, el Senado se fue por la vía fácil de aceptar sin cuestionar el texto de la LBS. La Cámara de Diputados debe rechazar ese documento y elaborar una auténtica ley de bioseguridad.