Reciben consejeros curso introductorio sobre el Instituto Federal Electoral

Aprueban coalición PRI-PVEM en dos estados

ALONSO URRUTIA

Durante casi tres horas, los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se reunieron para recibir un curso introductorio sobre el funcionamiento del organismo. Sólo adoptaron un acuerdo imposible de aplazar: aprobar el dictamen que avala la coalición de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México para contender en las elecciones extraordinarias en los distritos quinto de Michoacán y sexto de Coahuila, que fueron anuladas por irregularidades durante la jornada del 6 de julio.

Por lo pronto, la integración de las comisiones habrá de aguardar mejores tiempos, cuando los consejeros tengan conocimiento de cada una de ellas, para posteriormente tratar de adecuar el perfil de cada uno a la conformación.

La definición de las comisiones no es lo único en la agenda inmediata del IFE, ya que también se encuentra llenar la vacante que dejó el ahora consejero Arturo Sánchez, quien era director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como secretario técnico de la Comisión de Fiscalización. En principio, el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, deberá nombrar a un encargado de despacho, según informó el propio Sánchez.

A diferencia del consejo saliente, en esta ocasión hay un más bajo perfil académico. A ello se añade la diversidad de ámbitos en los que se desempeñaban recientemente los nuevos integrantes -desde firmas de abogados hasta la Financiera Rural-, lo cual complicaría la designación de las comisiones y su funcionamiento.

En este equipo solamente Ugalde cuenta con doctorado en administración pública, por la Universidad de Columbia, en Nueva York, además de ser licenciado en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muy lejos del pasado Consejo General que, entre otras marcadas diferencias, contaba en su inicio con cinco doctores en varias especialidades y uno más, Alonso Lujambio, candidato a ese grado.

Mauricio Merino es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, además de haber sido miembro fundador de la Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, así como autor de numerosos ensayos sobre la democracia. A su vez, Jacqueline Peschard es doctora en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán, desempeñándose como profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y El Colegio de México.

Jaime Cárdenas Gracia es doctor en derecho tanto por la Universidad Complutense de Madrid como por la UNAM. En su trayectoria como académico escribió varios libros, entre ellos Transición política y reforma constitucional y Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos. José Barragán, a su vez, es doctor en derecho por la Universidad de Valencia en España, además de haber escrito varios ensayos sobre constitucionalismo y federalismo.

Alonso Lujambio, con estudios de maestría y doctorado en ciencia política por la Universidad de Yale, es autor del libro El poder compartido. En la primera fase del anterior consejo figuró Emilio Zebadúa, doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y autor de varios libros sobre temas políticos y económicos, mientras que Juan Molinar es maestro en ciencias políticas por El Colegio de México y ha sido investigador del Center for United States Mexican Studies, y autor de varios libros.

Esta vez no es lo mismo. Arturo Sánchez cuenta con maestría en estudios latinoamericanos por Oxford; Andrés Albo Márquez es maestro en ciencia política por la Universidad de Syracuse; Teresa González Luna tiene estudios de maestría en gestión pública, en el ITESO, y Lourdes López es maestra en ciencias de la educación. Son los que cuentan con más trayectoria académica.

Alejandra Latapí, quien fungía como enlace del Consejo Coordinador Empresarial y apoyó en la imagen de campañas electorales priístas, es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, mientras que Marco Antonio Gómez Alcántar es abogado por la Universidad Anáhuac, desempeñándose profesionalmente en la firma Baker and McKenzie, "considerada la firma de abogados más grande del mundo", según se lee en su hoja curricular.