Acto de la Asamblea de Barrios frente al Senado

Resurgen protestas contra litigios de Diego Fernández

Jorge Zermeño alega que sólo se trata de otra campaña

ANDREA BECERRIL

"Si los senadores tuvieran vergüenza deberían expulsar a Fernández de Cevallos, porque así como el campo no aguanta más, nosotros ya no soportamos a Diego", corearon integrantes de la Asamblea de Barrios, que realizaron un plantón y exigieron que se lleve a cabo una investigación en torno al legislador panista, "que se enriquece a costa de la nación".

Los manifestantes llegaron hasta las puertas del Senado con un ataúd, tierra y varias cruces, ya que, dijeron, querían "exorcizar" a quien calificaron de "abogado del diablo". Llevaban también mantas con mensajes como "Diego, deja de robar el dinero al pueblo" o "No defiendas a los que se llevan el presupuesto federal".

Fernández de Cevallos no se encontró con los cerca de 150 manifestantes, ya que ayer llegó más de dos horas tarde a la sesión senatorial, cuando los integrantes de la Asamblea de Barrios ya se habían retirado, después de levantar el féretro y la tierra que llevaron para "sacar el demonio del cuerpo" al legislador litigante.

Acompañados por el diputado local del PRD Julio Escamilla dijeron que, igual que en el caso del Paraje San Juan, en el juicio que el despacho de Fernández de Cevallos ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria hay infinidad de irregularidades, que obligan a revisar esa sentencia por la que se pretende "beneficiar a terratenientes", como los Ramos Millán.

Entre los senadores del PAN hay molestia por el nuevo escándalo provocado por su controvertido coordinador, pero la mayoría evitó comentar el tema. El único que ayer salió en defensa de Fernández de Cevallos fue el vicecoordinador de la bancada blanquiazul, Jorge Zermeño, quien consideró que hay una nueva campaña en contra de su compañero.

"Los asuntos judiciales deben tratarse en el ámbito que corresponda", señaló, e hizo notar que no hay prohibición legal alguna para que Fernández de Cevallos practique su profesión.

-¿Le parece legítimo que Fernández de Cevallos demande legalmente a miembros de su partido, como María Teresa Herrera?

-Lo que no se vale es agarrarla contra los abogados. No hay ninguna prohibición. Es un error pensar que por ser legislador se goza de privilegios o que los jueces harán lo que uno quiera.

-¿Esto no tiene repercusiones negativas en la imagen de la bancada?

-Ninguna. Es una campaña para estar desprestigiando el trabajo que hace Diego. No veo por qué razones nos convirtamos en jueces de lo que él hace.

En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el secretario de Acción de Gobierno, Alejandro Zapata, y el vocero, Juan Ignacio Zavala, consideraron que ha llegado la hora de que se legisle sobre la conveniencia de que un legislador realice al mismo tiempos actividades relacionadas con su profesión.

Eso no sólo debe referirse a los abogados, sino a otros profesionistas, incluidos los que se dedican a realizar tareas de cabildeo. Por lo demás, rechazaron que el escándalo protagonizado por Diego Fernández de Cevallos lesione la imagen del panismo.

Debe demostrar falta de recursos y desautorización del Congreso: fuentes judiciales

La Federación puede parar el juicio contra SRA

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Para ganar la demanda civil que interpusieron contra la Federación dos herederos de Gabriel Ramos Millán, éstos deberán demostrar al juez décimo de distrito en la materia, Adalberto Herrera González, que el gobierno federal cometió "daños y perjuicios" contra su patrimonio económico, al no haberles pagado de manera inmediata mil 214 millones de pesos, correspondientes a una indemnización por un litigio de tierras que fue favorable a los querellantes en marzo de 2002 contra la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), con el apoyo del despacho jurídico del senador panista Diego Fernández de Cevallos.

Por su parte, la Federación tiene la oportunidad de "parar el juicio", siempre y cuando compruebe ante el juzgador que el pago de la indemnización no se ha realizado en una sola exhibición porque "no existen los recursos suficientes para hacerlo", e incluso puede demostrar que el Congreso de la Unión no autorizó a la SRA realizar recortes a los programas prioritarios de la dependencia o desviar recursos de otros rubros para liquidar la indemnización, indicaron fuentes del Poder Judicial.

Hasta el momento el juicio civil está en etapa de integración de pruebas, por lo que ambas partes deberán presentar al juzgador los documentos que crean convenientes para desahogar el litigio.

En tanto, en el expediente 120/2003 -correspondiente al citado juicio civil-, al que tuvo acceso La Jornada, se detalla que los demandantes (Gabriel Ramos Hernández y Armando Bernal Estrada, nietos de Ramos Millán) alegan que su patrimonio económico "ha sido perjudicado en razón de que (la Federación) incumplió con un ordenamiento jurídico" que fue emitido en marzo de 2002 por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa.

Dicho órgano colegiado ratificó en esa fecha la sentencia del juzgado décimo de distrito en la materia, emitida meses antes, con la que se ordenó a la SRA pagar a los herederos de Gabriel Ramos Millán mil 214 millones de pesos de indemnización por un predio de 33 hectáreas ubicadas en el ejido Santa Ursula Coapa, expropiado en 1984.

Por ese motivo, los querellantes exigen ahora que la Federación les otorgue un pago de 118 millones de pesos, así como 140 mil pesos diarios por concepto de intereses, hasta que sea liquidado el monto total de la indemnización.

En el mismo expediente no aparece la exigencia de que los mil 214 millones de pesos sean pagados en una sola exhibición, sino que los denunciantes manifiestan que "si no se tiene toda la cantidad, se debe garantizar a la parte actora (demandante) la reparación del daño generado por el incumplimiento judicial", y se mencionan las cantidades antes referidas.

En tanto, las fuentes consultadas indicaron que si el juez civil Adalberto Herrera determina que la parte querellante sufrió "daños y perjuicios" por no recibir en una sola exhibición el pago de la indemnización, entonces la Federación deberá cumplir la exigencia de los quejosos en cuanto se emita la sentencia correspondiente. No obstante, el gobierno federal podría recurrir al amparo directo o apelar de la sentencia en segunda instancia, e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los herederos de Ramos Millán, por su parte, deberán comprobar que el gobierno incumplió con el ordenamiento judicial, no por falta de recursos sino por "una acción de desacato intencional".

Es en este punto en el que la Federación tiene posibilidades de demostrar al juez que "hay voluntad de pagar pero no se tienen los recursos suficientes", indicaron las mismas fuentes. Incluso, añadieron, el gobierno puede presentar el documento que el pasado 23 de junio envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, en el que propone que los mil 214 millones de pesos se paguen en plazos de 30 millones anuales durante 40 años.

Hacienda presentó esa propuesta con base en la Ley de Presupuesto Federal y lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, según los cuales las dependencias deberán cubrir las obligaciones que se deriven de resoluciones de las autoridades competentes, pero sin afectar el cumplimiento de sus objetivos y las metas de sus programas prioritarios.

De esta forma, si el juez civil considera la disponibilidad del gobierno federal para liquidar la indemnización, tendría grandes posibilidades de que el juicio se terminara por carecer de materia jurídica, indicaron las fuentes judiciales.

Ya retiraron $15 millones los Ramos Millán: Salazar

Los abogados de la familia Ramos Millán están "fuera de lugar" al exigir el pago de mil 214 millones de pesos, porque ya se hizo un depósito de 30 millones de pesos ante el juez 10 de juzgado federal en la ciudad de México y 50 por ciento de estos recursos fueron retirados por los afectados, señaló el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame.

Agregó que el proceso "contiene una serie de vicios" y se va a revisar con la idea de que se reconsidere el monto del pago establecido. "Si fuera el caso, incluso que se eche abajo y se reponga el proceso, porque hay una serie de irregularidades que nos abren opciones desde el punto de vista jurídico."

Existe la obligación de acatar la ejecución del Poder Judicial, dijo. "Hemos demostrado interés en cubrir, pero lamentablemente no tenemos los recursos que en su oportunidad se solicitaron a la Cámara de Diputados, ya que no obtuvimos respuesta."

Frente a ello, agregó, la Secretaría de Hacienda dispuso de 30 millones de pesos para hacer el pago en anualidades, los cuales ya fueron depositados en el juzgado. Los interesados, al hacer el retiro de 50 por ciento, están aceptando esa forma de pago.

El funcionario fue entrevistado en Los Pinos, durante la presentación de la Evaluación del Desempeño Ambiental México, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde señaló que la demanda que esa familia estableció contra él y la ex secretaria María Teresa Herrera, por el pago de 140 millones de pesos por daños e intereses, más el pago diario de 142 mil pesos hasta que se cubra la deuda, "nos afecta de manera personal, porque al ser una demanda civil, nos vimos obligados a contratar abogados que pagamos con recursos propios, ya que la ley impide que nos defiendan las instituciones que representamos".

Aseguró que se han encontrado irregularidades a lo largo del proceso y que "en su momento" se presentarán ante las instancias judiciales para que se reponga el procedimiento. Anunció precisiones en 10 días.

ANGELICA ENCISO L.