Herrera Tello y Salazar Adame apelan de la demanda en su contra

Herederos de Ramos Millán, ''sin personalidad jurídica''

Se recrudece la disputa legal entre Fernández de Cevallos y la SRA

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Teresa Herrera Tello, y el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, apelaron en octubre pasado de la demanda civil que en su contra interpusieron dos herederos de Gabriel Ramos Millán, quienes reclaman el pago adicional de 118 millones de pesos, que se suma-rían a la indemnización de mil 214 millones correspondiente a la expropiación de un predio de 33 hectáreas del ejido Santa Ursula Coapa, efectuada en 1984.

Los quejosos, Gabriel Ramos Hernández y Armando Bernal Estrada, nietos del finado propietario del predio, pretenden con dicha querella que la Federación pague 118 millones de pesos por supuestos ''daños y perjuicios'', debido a que hasta el momento el gobierno federal no ha cumplido de manera inmediata el ordenamiento del Poder Judicial de indemnizar por la expropiación de las 33 hectáreas.

El pasado 31 de julio, el despacho jurídico del senador panista Diego Fernández de Cevallos -en representación de Ramos Hernández y Bernal Estrada- interpuso la citada demanda en el juzgado décimo de distrito en materia civil; sin embargo, los funcionarios federales alegaron ante el juez de la causa, Adalberto Herrera González, que la parte acusadora carece de ''personalidad jurídica'' para iniciar una querella relacionada con un litigio del que no forman ''la parte directa afectada''.

Fuentes del Poder Judicial que tienen acceso al expediente 120/2003, indicaron que, según el argumento de los funcionarios federales, a quien en todo caso habría correspondido presentar la demanda era al finado Gabriel Ramos Millán, uno de los principales terratenientes urbanos que fraccionó gran parte del sur del Distrito Federal y la zona de Polanco.

Ambos servidores públicos sostuvieron que debido a que la demanda fue presentada por familiares de quien fue afectado por la expropiación del ejido de Santa Ursula, el juez debe declarar improcedente la querella.

Sin embargo, el impartidor de justicia determinó a principios de octubre pasado que los quejosos sí tienen personalidad jurídica, y con ello validó la demanda civil. Según consta en el expediente, el juzgador recibió de la parte quejosa documentos notariales que comprueban que Gabriel Ramos Hernández y Armando Bernal Estrada son ''probados herederos'' de la familia Ramos Millán.

Por ello, tanto Herrera Tello como Salazar Adame apelaron a mediados de octubre pasado de la decisión del juez. Este recurso fue aceptado y el segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa es el que tendrá la última palabra.

El fallo del órgano colegiado podrá darse en tres sentidos: negar, ratificar o modificar la sentencia del juez Herrera González, con la que determinó que los quejosos sí tienen personalidad jurídica para interponer la querella.

Sin embargo, mientras se emite la resolución en segunda instancia, la revisión de la demanda por el pago de 118 millones de pesos continuará en el juzgado civil -donde se analiza el fondo del asunto-, debido a que la apelación fue admitida en el tribunal unitario con ''efectos devolutivos''; es decir, que sólo se requirieron copias del expediente al juez de la causa, porque aún no hay una sentencia final sobre el caso.

Los funcionarios del Poder Judicial consultados explicaron que el recurso de apelación presentado por los funcionarios federales ''para nada detiene momentáneamente el juicio civil'' que se desarrolla en primera instancia, mientras el tribunal unitario determina lo relativo a la personalidad jurídica de los demandantes, porque ''sólo es un recurso incidental (paralelo a la demanda) y el tema de fondo (si la Federación incurrió o no en daños y perjuicios contra Ramos Millán) sigue en manos del juez civil hasta que éste emita su resolución principal''. No obstante, agregaron que ''la pretensión de ambos funcionarios es conseguir que el tribunal unitario determine que los quejosos no tienen personalidad jurídica, porque con ello se podría parar el juicio de manera definitiva''.

Hasta el momento el juicio civil continúa en la etapa de recepción de excepciones -documentos jurídicos que utiliza la parte demandada para ofrecer argumentos jurídicos en su defensa- y está pendiente el periodo de recepción de pruebas de cargo y descargo, el desahogo de las mismas, los alegatos de las pruebas y, posteriormente, la resolución final. De acuerdo con las fuentes consultadas, el juicio podría definirse en los próximos seis meses.

Como se recordará, los herederos de Gabriel Ramos Millán se apoyaron en los despachos jurídicos del senador Diego Fernández de Cevallos y del ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, para revivir una demanda que comenzaron en 1985 en reclamo de 33 hectáreas del ejido Santa Ursula Coapa, que habían sido expropiadas para regularizar la tenencia de la tierra a quienes vivían en esos terrenos desde décadas atrás.

En año y medio la dupla Fernández de Cevallos-Lozano Gracia logró que el juzgado décimo de distrito ordenara a la Secretaría de la Reforma Agraria pagar a los herederos de Ramos Millán poco más de mil 214 millones de pesos, y aunque la dependencia recurrió al amparo el 17 de marzo, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa ratificó la resolución y requirió tanto a la dependencia como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagar el adeudo.