El lunes presentará más pruebas de fraude atrás de la demanda de indemnización, adelanta

Es una transota el caso Paraje San Juan, reitera el jefe de Gobierno

Dice estar dispuesto a rectificar, si hay pruebas de la legítima propiedad del predio Quienes exigen acatar la sentencia son beneficiarios del antiguo régimen de impunidad y corrupción, asevera

LAURA GOMEZ FLORES

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, consideró que si los abogados de Enrique Arcipreste del Abrego presentan pruebas contundentes sobre su legítima propiedad del Paraje San Juan, estaría dispuesto a cambiar su postura y pagar la indemnización de mil 810 millones de pesos que se le exige, pese a que "sería un revés a nuestra argumentación", aunque insistió en que se trata de una "transota".

Dentro de las acciones para recabar información sobre las irregularidades del caso, mencionó la solicitud formal que hizo al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega, sobre los antecedentes de Fernando Arcipreste Pimentel en la milicia, y "me delantó que no había nada en los archivos y que hoy (ayer) me entregaría un informe detallado, ya que se menciona que él era militar".

La presentación del acta de defunción de Arcipreste Pimentel, supuesto comprador, por parte de los familiares, dijo, ayudaría a dilucidar este asunto, pues los resultados de las investigaciones realizadas por la administración local indican que murió antes de 1947, cuando se llevó a cabo la compraventa del predio, por lo que "nos hemos negado a pagar" la indemnización y fundamentar que hay un fraude detrás.

"No hay otra opción; cuando se tienen principios e ideales se corren riesgos; por ejemplo, en esta circunstancia se agrupan los adversarios, se frotan las manos, empiezan a moverse, pero estamos acostumbrados a enfrentar la adversidad y lo hacemos con firmeza cuando nos asiste la razón", sostuvo ante los señalamientos del Consejo Coordinador Empresarial, que le exige acatar la sentencia y pagar.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que la cúpula de esa organización obedece a intereses políticos corporativos, pues quien la dirige -Héctor Rangel Domene- "fue empleado de banqueros, tiene diferencias con nosotros por el Fobaproa y siempre ha estado del lado de quienes han dañado al país; entonces, qué se podría esperar. De todas maneras, no hay motivo para confrontar, sino de aclarar el asunto". Agregó que quienes hablan de legalidad y de "cosa juzgada" para justificar esa situación irregular son quienes quisieran que no cambiara nada, porque han sido beneficiados por el viejo régimen y han llevado al país a la ruina. Se trata, sostuvo, de un grupo que le ha ido muy bien en un sistema de impunidad, corrupción e influyentismo, en el cual se incluyen senadores, diputados y líderes del PAN.

De ahí, aseveró, la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se integre una comisión investigadora que llegue al fondo del asunto, ante las pruebas de fraude que han surgido, como falsificación de firmas y sellos, inconsistencias acerca de la persona que supuestamente firmó el contrato de compraventa y la aparición de varios presuntos propietarios.

Reiteró que los familiares de Fernando Arcipreste Pimentel podrían ayudar a esclarecer las cosas si presentan el acta de defunción que dicen poseer, porque en la investigación realizada en el Registro Civil de la capital y de tres estados no ha habido resultados. El mandatario adelantó que el lunes aportará elementos para afianzar la hipótesis de que se trata de un fraude y sería una aberración jurídica y moral pagar la indemnización.

Al cuestionarlo sobre un posible cambio de opinión, de haber pruebas contundentes de que no se falsificó el convenio de 1947, que es la base del litigio, el jefe de Gobierno respondió: "tendríamos que tomar otra actitud, pero tenemos la convicción de que se fabricó. Es como esos títulos de doctorado en Harvard que se fabrican en una de las plazas del Centro Histórico. Por ello es importante la conferencia que darán sus abogados. Si muestran el acta de defunción de Fernando Arcipreste Pimentel, sería un revés a toda nuestra argumentación, pero se trata de un fraude, o para decirlo coloquialmente, una transa, o como dicen los jóvenes, una transota, por lo que estamos defendiendo un derecho".

Por la noche, en la inauguración de la ofrenda monumental del Día de Muertos, en el Zócalo, el mandatario capitalino se negó a responder si aceptará el llamado de los abogados de la familia Arcipreste a reunirse el próximo jueves, para presentarle los documentos que supuestamente avalan la legalidad del caso.