El Congreso determinó que otros nueve togados incurrieron en anomalías

Destituyen a tres magistrados del Poder Judicial de Baja California

Los condenados no podrán desempeñarse en la función pública entre tres y ocho años

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 27 de octubre. El Congreso de Baja California, constituido en jurado de sentencia, encontró culpables y condenó la madrugada de este lunes a 12 de los 13 magistrados y ex magistrados del Poder Judicial estatal a quienes se sometió a juicio político hace un año. Con el fallo fueron destituidos tres de los magistrados en funciones implicados, entre ellos Víctor Vázquez Fernández, quien había regresado al cargo luego de obtener un amparo de la justicia federal en septiembre pasado.

El dictamen se acordó a las 4 de la mañana, con el voto en favor de 19 diputados y cuatro en contra. El magistrado Marco Antonio López Magaña fue el único inculpado encontrado inocente de los cargos presentados contra los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a quienes se imputó entre otras anomalías, designar y pagar de manera irregular a los jueces Adrián Humberto Murillo y María del Rosario Plascencia, quienes laboraron en tribunales ubicados en los municipios de Tijuana y Tecate, respectivamente.

En la sentencia se determinó que los magistrados y ex magistrados fueran inhabilitados para laborar en la función pública durante ocho años cada uno, con excepción de Víctor Vázquez Fernández, quien sólo fue sancionado por tres años al ser encontrado responsable de una de las tres acusaciones que pesaban en su contra.

La votación condenatoria se registró luego que los legisladores deliberaran durante 10 horas, una vez que la noche del domingo aprobaron constituir a la legislatura en jurado de sentencia. Previamente ratificaron el dictamen final de la comisión instructora del juicio político.

El presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo estatal, Leopoldo Morán Díaz, luego de escuchar en el pleno las conclusiones de la comisión instructora, además de los alegatos de la parte acusadora y de los implicados, informó que el pleno del Congreso determinó que había lugar a la imputación hecha por el órgano de acusación contra los inculpados. Así, una vez constituido el jurado de sentencia, se convalidó la recomendación que emitió la misma comisión en cuanto a inhabilitar a los magistrados, haciendo sólo precisiones en el caso de López Magaña, encontrado inocente de los tres cargos, y de Vázquez Fernández, considerado culpable sólo en una de las imputaciones.

El juicio político contra los magistrados se instruyó en 2002, una vez que el consejero de la Judicatura, Eleazar Verástegui Galicia, presentó una denuncia por diversas presuntas irregularidades detectadas durante el desempeño de los magistrados, que según la parte acusadora, perjudicaron a la economía del Poder Judicial local.

A partir de las acusaciones contra los funcionarios del TSJE se estableció que 11 de los inculpados incurrieron en una "conducta impropia" al designar a los jueces Murillo y Plascencia. Asimismo se encontraron culpables a 12 de los acusados de incurrir en omisión grave al erogar y pagar indebidamente 786 mil 535 pesos, explicó el diputado Raúl Felipe Luévano Ruiz, presidente de la comisión instructora, que los halló inocentes de una tercera acusación, relativa a supuestas anomalías en el proceso para ratificar a una juez, mayor de 70 años de edad, en Tijuana" .

Los togados que a partir de la resolución fueron removidos de sus cargos e inhabilitados son Sergio Peñuelas Romo, Emilio Castellanos Luján y Víctor Manuel Vázquez Fernández.

En tanto, los ex magistrados inhabilitados por ocho años cada uno son María Esther Rentería Ibarra, José Luis Cebreros Samaniego, Félix Herrera Esquivel, Olimpia Angeles Chacón, Jesús Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Oscar Valenzuela Avila, Marco Antonio Jiménez Carrillo y Raúl González Arias.