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México D.F. Martes 7 de octubre de 2003

Pedirá al IFE que ''cuando menos'' se suspenda temporalmente el registro al PAN

Legitimada, posibilidad de que extranjeros financien campañas en México, dice el PRI

El partido blanquiazul califica de ''injusta'' la sanción determinada por la Comisión de Fiscalización a la Alianza por el Cambio Niega haber usado recursos indebidos en 2000

ENRIQUE MENDEZ Y CIRO PEREZ

Mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó el dictamen de la Comisión de Fiscalización del Instituto federal Electoral (IFE) y advirtió que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que ''cuando menos'' se suspenda temporalmente el registro al Partido Acción Nacional (PAN) por el caso Amigos de Fox, el partido blanquiazul calificó de injusta la resolución del órgano electoral.

Tras conocer la sanción impuesta anoche, el Revolucionario Institucional consideró que la multa de 360 millones 971 mil 39 pesos al PAN por las irregularidades en los gastos de campaña del hoy presidente Vicente Fox Quesada en las elecciones de 2000 en realidad ''legitimó la posibilidad de que extranjeros financien campañas políticas en México''.

El coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priísta, Miguel Angel Yunes Linares, afirmó que al no abundar en la investigación del financiamiento ilegal a la campaña de Vicente Fox Quesada, el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, y el presidente de dicha comisión, Alonso Lujambio, sentaron el precedente para que en el futuro ''se subasten cargos públicos a extranjeros''.

Esto significa, declaró Yunes Linares, que en procesos posteriores quien quiera hacerlo sabrá que es posible y pagará una multa por cada dólar introducido al país. Será solamente un análisis de costo-beneficio. ''La sanción debió ser ejemplar en defensa de la soberanía y de la seguridad nacional.''

Agregó que Woldenberg y Lujambio ''se salieron con la suya'' y atenuaron la sanción al PAN, y el dictamen que se aprobó anoche en el IFE ''confirma la absoluta complicidad de ambos con Acción Nacional''.

Para Yunes, tres elementos acreditan esa afirmación: no haber ampliado la investigación a 1998 y limitarla al periodo desde 1999 y la conclusión de la campaña foxista; no haber presentado una denuncia penal, aun cuando la subprocuraduría para lavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que hubo triangulación de recursos del extranjero, y ''lo más grave'', involucrar al Partido verde Ecologista de México (PVEM) en hechos que ''no son en absoluto su responsabilidad'', para atenuar la sanción al PAN.

Por su parte, Acción Nacional, en un breve comunicado señaló que en su momento entregó a la autoridad correspondiente los argumentos de defensa en torno de las acusaciones vertidas por dicha comisión, y que de acuerdo con este instituto político estos argumentos no fueron valorados debidamente por dicha instancia electoral.

''El PAN niega que en su campaña presidencial hubiese recursos indebidos'', y advierte que existen en el dictamen consideraciones extrajudiciales, además de que desde la semana pasada -puntualiza el comunicado- ''se desató un ambiente de señalamientos y de acusaciones en contra del partido por medio de la filtración de documentos en poder de dicha Comisión de Fiscalización''.

Este partido adelantó que estudiará con detenimiento el texto del dictamen emitido, y dará a conocer su parecer al respecto esta tarde.

En el mismo sentido, el Partido Verde Ecologista de México, que junto con el PAN conformó la Alianza por el Cambio que impulsó la candidatura de Vicente Fox a la Presidencia de la República, adelantó que de inmediato acudirá al tribunal correspondiente para tratar de revertir el resolutivo de la Comisión de Fiscalización del IFE, aunque advirtió que si a pesar de todo el tribunal ratifica este dictamen promoverán un juicio político en contra del consejero Alonso Lujambio Irizábal, a quien responsabilizan directamente de manipular el expediente a efecto de perjudicar a ambos partidos.

Posible demanda penal

Además, dijo, promoverá una demanda penal por daños y perjuicios en contra de quien resulte responsable por el daño que este resolutivo causa al Partido Verde, ya que la sanción a que se hizo acreedor de acuerdo con la Comisión de Fiscalización de IFE, alcanza 184 millones 198 mil 110 pesos, cantidad que representa prácticamente el ciento por ciento de las prerrogativas que este instituto político espera recibir el próximo año.

A estos más de 180 millones de pesos el PVEM tiene que sumar la deuda de 90 millones que adquirió durante el proceso electoral del pasado 6 de julio lo que, de acuerdo con la dirigencia de este partido, ''nos deja en total indefensión para enfrentar los procesos electorales que siguen''.

En el Partido Acción Nacional se considera que la actitud de la Comisión de Fiscalización rebasó los límites jurídicos, ya que por una parte pidió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que no guarda relación con la indagatoria, como todos los documentos que tienen que ver con asociaciones conocidas como Movimiento por el Cambio y Pro Democracia, con lo que habría violado el secreto bancario, hecho que puede ser motivo de acciones de carácter penal.

Establece además que no existen datos contundentes de que hubiese recursos del extranjero, sin contar con que la multa impuesta contempla presuntos ingresos irregulares a la campaña presidencial entre septiembre y diciembre de 1999, es decir, en el lapso comprendido por la precampaña.

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