Critican la influencia de Diego Fernández y otros

Combatirá el Senado amiguismo en el tribunal de justicia fiscal

ANDREA BECERRIL

Para acabar con las irregularidades en el nombramiento y ratificación de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y evitar que el Ejecutivo y legisladores litigantes como Diego Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdan impongan a candidatos que no llenan los requisitos y pasen por encima de juzgadores que tienen capacidad y trayectoria, el Senado de la República tiene lista ya una reforma legal que habrá de aprobarse el próximo martes.

Paralelo a ello, legisladores de PRI y PRD analizan la posibilidad de pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que inicie una investigación y revise la gestión por concluir del presidente del TFJFA, Alejandro Sánchez Hernández, toda vez que hay evidencias de abuso de poder, malos manejos y del uso de las instalaciones y recursos de ese tribunal en beneficio personal.

Por lo pronto, este martes el pleno senatorial votará las modificaciones a la Ley Orgánica del TFJFA, aprobadas ya en comisiones, que van encaminadas a evitar abusos en contra de magistrados y nombramientos de allegados al Ejecutivo, al presidente de ese tribunal o a los panistas Fernández de Cevallos y Hamdan. Las reformas se dieron después de que se hizo público que el magistrado Luis Humberto Delgadillo, con más de 20 años de antigüedad en ese órgano, debió acudir al amparo porque una vacante en la sala superior le fue otorgada a alguien con mucho menos antigüedad y conocimientos que él, Nora Urbi, que sólo tiene cinco años de experiencia como juzgadora, pero es pariente política de Juan de Dios Castro.

Este último era entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República. Junto con el titular de la Comisión de Hacienda del Senado, Fauzi Hamdan, presionó para el nombramiento de Urbi. El magistrado Delgadillo no sólo quedó fuera de la promoción que le correspondía, sino que por haber acudido al amparo, debió sufrir represalias, ya que el titular del TFJFA, Sánchez Hernández, despidió a su esposa, quien laboraba también en ese órgano judicial.

Las reformas ya aprobadas en comisiones a la Ley Orgánica del TFJFA buscan acabar con ese tipo de malos manejos. El priísta David Jiménez precisó que no se trata de quitar al Ejecutivo federal la facultad de proponer el nombramiento o la ratificación de magistrados, sino de terminar con la incertidumbre que padecen ahora los juzgadores.

De ahí que, en adelante, el Ejecutivo tendrá que motivar y fundar la causa por la cual no incluye en la peticiones de ratificación a "personas experimentadas, preparadas, que han entregado parte de su vida a la impartición de justicia", para evitar así presiones "de grupos o de individuos".

Además de ello, en el Senado se analiza interponer una demanda ante la ASF para que se revise la gestión del panista Sánchez Hernández, toda vez que la corrupción ha penetrado fuertemente en el TFJFA, pues no sólo despidió a la magistrada Aurora Cortina para poner en su lugar a Federico Savignon, quien utiliza -como lo documentó ya La Jornada- los recursos e instalaciones del Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos en beneficio de dos escuelas de su propiedad, además de que permite todo tipo de dispendios.

Senadores priístas y perredistas analizan varios casos, entre ellos el de la magistrada de la sala superior Guadalupe Aguirre Soria, que para un asunto estrictamente privado, como es un acto de la Alianza para Mujeres, puso al servicio de ese organismo los números telefónicos, fax y correo electrónico del TFJFA, tal como lo dio a conocer un desplegado aparecido en varios periódicos con su firma.