Ojarasca 77  septiembre 2003

Se abre la puerta a la bioprospección

en el desierto de Wirikuta

1973


 


Ramón Vera Herrera, Catorce, San Luis Potosí. En un acto claramente violatorio de diversas disposiciones que en términos jurídicos continúan en efecto, se instauró un fideicomiso, conocido como Fideicomiso Wirikuta, donde participan el gobierno de San Luis Potosí, el World Wildlife Fund, la Secretaría de Desarrollo Social, Recursos Ecológicos (Sedesore) y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam). Todo con la intención de administrar, regular y controlar la Reserva Ecológica de Wirikuta, enclavada en lo que se conoció antaño como Desierto de Coronado, en San Luis Potosí y parte de Zacatecas, zona sureste del extenso Desierto Chihuahuense, área conocida mundialmente por su rica biodiversidad y sus raras especies. En ese chaparral o bosque enano de gobernadora (un arbusto que puebla grandes extensiones) vive y se reproduce una de las plantas psicotrópicas más importantes en la cultura de infinidad de pueblos de Aridoamérica: el jícuri o peyote (Lophophora williamsi). Hoy, el mencionado fideicomiso ha impuesto en los hechos un reglamento de vigilancia a los ejidatarios que hasta hace poco tenían en sus manos, de manera autogestionaria, la vigilancia y equilibrio del desierto.

Esto ocurrió el 15 julio de 2003, cuando en una reunión celebrada en Las Margaritas, municipio de Catorce, San Luis Potosí, el ingeniero Cuauhtémoc Olguín, técnico de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y Martín Martínez, representante del Fideicomiso Wirikuta, presentaron un reglamento interno de vigilancia de la Reserva (Comité de Vigilancia Participativa de los Recursos Naturales y Restauración Ecológica) que en los hechos despoja del control a los ejidatarios para incluirlos en calidad de coadyuvantes como lo muestra el Capítulo Quinto ("De la vigilancia voluntaria participativa comunitaria") que en su Cláusula Quinceava dice: "A efectos de coadyuvar en las acciones de vigilancia de los recursos naturales, se podrá integrar grupos de vigilancia comunitaria en los núcleos agrarios que forman parte del comité".

En los hechos, el Comité de Vigilancia incluye ahora a una ciudadanía no definida con precisión pero que implica "pertenecer o contar con la representación del organismo que esté vinculado a la preservación, protección o aprovechamiento de los recursos naturales". (Cláusula Quinta, Capítulo Dos).

Lo anterior parece una minucia pero es grave, ya que existen diversos decretos estatales del gobierno de San Luis Potosí que incluyen a Margaritas en el Área Natural Protegida de Wirikuta o Huiricuta (1994-2000), una legislación vigente federal y estatal en materia de protección ambiental, diversos acuerdos de asamblea firmados entre los ejidatarios del desierto y el pueblo wixárika, un reglamento de vigilancia ecológica de los ejidos de Las Margaritas y San Antonio de Coronados, avalado por la Segam y la presidencia municipal de Catorce (en su administración 1997-2000), recomendaciones contenidas en el Plan de Manejo de la Reserva de Wirikuta y un reglamento de vigilancia ecológica propuesto por los ejidos de Las Margaritas, San Antonio de Coronados y el pueblo wixárika en noviembre de 2002.

Hoy, además de no considerar al pueblo wixárika (pues se supone que no habitan en San Luis Potosí sino en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, cuando que su territorio sagrado llega hasta allá y mantienen con el desierto una relación central, no tangencial), el mencionado fideicomiso abre la puerta a la bioprospección como lo muestra el Apartado E de la Cláusula Tercera del Capítulo Uno que afirma: "Analizar, discutir, evaluar y aprobar o rechazar acciones que deberán impulsar en materia de inspección y vigilancia de los recursos naturales, considerando los resultados de los estudios técnicos científicos provenientes de instituciones y centros de investigación para promover el aprovechamiento racional, responsable y sustentable de los recursos naturales".

Pero ¿a quién le preguntaron? Por qué se decidió la creación de un Fideicomiso cuando ya funcionaba una vigilancia comunitaria de la región, decidida en asamblea, respetuosa de regulaciones y de acuerdos con el gobierno municipal, estatal y federal, y que estaba en manos plenas de los ejidatarios de la región.
 
 

Una autogestión ecológica

Hace siglos que los huicholes emprenden, año con año, peregrinaciones hacia Wirikuta --el nombre huichol de esta zona-- para colectar jícuri como parte del camino de sabiduría que es corazón en la cosmovisión wixaritari del mundo.

Preocupados por el hostigamiento al que los sometía el ejército y la policía judicial, que en ocasiones los encarcelaba decomisándoles el jícuri, los wixaritari emprendieron durante años una defensa de Wirikuta y de su derecho fundamental a colectar e ingerir jícuri. El Convenio de Viena y el Convenio 169 de la OIT, brindaron el paraguas jurídico que posibilitó que los peregrinos huicholes no fueran molestados. Algunas instancias del propio gobierno mexicano, haciendo eco de la presión internacional, declararon en 1994 una Reserva Ecológica en Wirikuta, lo que desde 1997 (al aprobarse un plan piloto de conservación en manos campesinas) comenzó a tener eco entre los habitantes del desierto, que hoy día rearman paso a paso sus raíces huachichiles, pues son herederos de los aguerridos nómadas y pastores que en tiempos de la fiebre de la plata resistieron a muerte el despojo y la invasión.

Fue en 2001 que se aprobó plenamente un plan de manejo ecológico pactado entre Conservación Humana ac y la Segam del gobierno de San Luis Potosí, que, mediante un proyecto integral, impulsaba que los ejidatarios de Las Margaritas, San Antonio de Coronados y Tanque de Dolores, vigilaran la conservación de la zona. Los ejidatarios idearon una estrategia para restringir el acceso de los turistas (mediante un cobro y un compromiso de respeto a la zona, explícito en un reglamento) al tiempo de erradicar, en la medida de lo posible, el trasiego del peyote con fines empresariales o de narcotráfico. (Corre el rumor en la zona de que el peyote ya fue patentado.) Los propios representantes de la Profepa de Matehuala expidieron credenciales de guardias ecológicos a los promotores comunitarios huachichiles (autorizados por el pueblo huichol y por la entonces presidencia municipal de Catorce).

Sin embargo, el nuevo presidente municipal desconoció estos acuerdos y se comenzó una campaña de hostigamiento y difamación contra la vigilancia ejidal de la Reserva de Wirikuta. A los propios ejidatarios se les acusó de narcotráfico (se arrestó injustificadamente a las autoridades ejidales de Las Margaritas, lo cual no prosperó por falta de pruebas) y la policía emprendió patrullajes y redadas contra los visitantes y contra los propios ejidatarios del desierto. Estos presentaron demanda contra esta policía alegando que había incurrido en actos de corrupción contra algunos turistas, la cual fue aceptada.

Hoy la región no está en calma. Pese a que el sistema de vigilancia ejidal trabaja en la recuperación cultural y ecológica del desierto, un proceso autogestionario de manejo de sus recursos y su identidad indígena, existen amenazas serias a la Reserva: nuevos trazos carreteros cruzando el desierto, extracción de minerales, instalación de maquiladoras, asaltos frecuentes, acaparamiento caciquil del agua, corrupción social en los poblados aledaños a la orilla de la vía del tren (Catorce y Wadley), saqueo de la biodiversidad mediante la venta clandestina de especies de flora y fauna, incluyendo al jícuri, aumento de un narcotráfico ajeno por completo a los ejidatarios y a los huicholes peregrinos mediante laboratorios de procesamiento de mezcalina con otras sustancias para preparar éxtasis, crecimiento poblacional, proyectos para la instalación de corredores industriales y de turismo, contemplados dentro del proyecto de Desarrollo Urbano 2000-2020 del gobierno potosino.

Hoy, despojar a los legítimos propietarios colectivos de su derecho a equilibrar la zona de manera propia, abre la puerta a la bioprospección, disfrazada de conservación.
 
 
 

Nica-turok


Herido en el Cerro El Chamarro, Jinotega, Nicaragua 1983.  Foto: Antonio Turok

Arriba: Soldado israelí con prisioneros egipcios, 1973.


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