Descarta rencillas personales en el crimen y acusa a la dependencia de fabricar culpables

Hermana de funcionario asesinado rechaza tesis de la PGJE zacatecana

Su opinión favorece a los procesados y podría ser usada como prueba de descargo: procuraduría

ALFREDO VALADEZ RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Zacatecas, Zac., 2 de septiembre. En las pesquisas por el homicidio del subsecretario de Atención Ciudadana y Concertación Política del gobierno de Zacatecas, Manuel Ortega González, acribillado en una céntrica avenida de esta capital el 27 de marzo pasado, "hubo fabricación de responsables" por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseveró Edith Ortega González, ex diputada local perredista y hermana de la víctima.

En respuesta, el titular de la PGJE, Aquiles González Navarro, señaló que aunque expresa su total respeto por las opiniones de Edith Ortega, no comparte sus puntos de vista y que será la autoridad judicial la que emita, en su momento, la verdad legal. Las consideraciones de Ortega, agregó, favorecen en alguna medida a las personas procesadas por el homicidio de su hermano y podrían ser utilizadas por el defensor de éstos como pruebas de descargo.

Acompañada del abogado Félix Vázquez Acuña (ex fiscal especial de la PGJE para casos de tortura policiaca y ahora investigador privado de la familia Ortega González) Edith dio a conocer "inconsistencias" en las investigaciones, por lo que demandó al gobernador Ricardo Monreal Avila ahondar en las indagatorias para dar "con los verdaderos asesinos", y que se retomen las líneas de investigación relativas "al narcotráfico y el caso (de los ejidatarios de) Bernalejo", asuntos de los que Manuel Ortega habría tenido información de primera mano.

Se mostró inconforme con la versión del procurador González Navarro, en el sentido de que "por rencillas personales" Lauro Soto Salas, Salvador Marín Bramasco y Francisco Varela González (presos en el penal de Cieneguillas por el homicidio, hace ocho años, de José Vicente Ortega Rangel, padre de Manuel Ortega) habrían contratado desde su celda por 200 mil pesos a un pistolero de nombre Ramón para que acribillara al funcionario.

Según Edith Ortega y Félix Vázquez, en sus declaraciones ante el juez penal, Lauro Soto y Martín Bramasco han rectificado de su declaración ministerial inicial, en la que admitían la autoría intelectual del asesinato, y ahora la niegan, ya que "habrían sido torturados por policías ministeriales para declararse culpables".

Al respecto, Eladio Navarro Bañuelos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, confirmó que los reos interpusieron en julio pasado, ante la coordinadora de visitadores del organismo, Celia Santillán Durán, una queja por el presunto delito de tortura.

Por su parte, Edith Ortega anunció que su familia contrató los servicios del abogado y docente universitario Felix Vázquez Acuña para que realice una investigación paralela a la oficial y "repare las inconsistencias" de la procuraduría, entre las cuales, señaló, está evadir el ejercicio de la acción penal contra al menos cinco copartícipes en el homicidio de su hermano, Manuel Ortega.

Ellos son Miguel Angel Torres Martínez, Rigoberto Carlos Llamas Rivas, Juan Carlos Rosales Vázquez, Manuel Martínez Muro y Enrique de Jesús Muñoz Carrillo, pandilleros de los barrios El Vergel y Tres Cruces de esta ciudad quienes fueron señalados en abril por la PGJE como "informantes" y "guías" de los sicarios profesionales que habrían ultimado a Manuel Ortega.

Aunque para la PGJE el autor material habría sido solo "Ramón", Edith Ortega recordó que el diputado local perredista Carlos Pinto Nuñez, quien vivía en el mismo edificio que Manuel Ortega, fue testigo del homicidio y declaró entonces a la prensa la existencia de dos sicarios. El legislador tampoco fue citado a declarar.