Esperada, la decisión de Madrid: abogado Pedroncini

Firma Kirchner el decreto que anula las leyes de impunidad a represores

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 29 de agosto. El presidente Néstor Kirchner firmó el decreto que promulga la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, decidida por las dos cámaras del Congreso de la Nación la semana anterior, lo que abre las puertas a la reapertura en Argentina de varios juicios cerrados contra los militares responsables de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura (1976-1983).

Lo anterior se conoció en momentos de conmoción por la decisión del gobierno conservador de España de no aprobar el trámite de extradición de 45 militares y un civil solicitado por el juez español Baltasar Garzón -cinco están ya fallecidos-, que juzga delitos cometidos por la dictadura militar argentina.

En una primera reacción oficial, Kirchner dijo que era una decisión de Estado del gobierno de España, y que por su parte está dispuesto a "terminar con la impunidad", y agregó que en Argentina existe ahora la posibilidad de que los militares sean juzgados por la justicia local, algo que la sociedad esperó mucho tiempo.

Hablando desde Santa Cruz, provincia sureña donde se encontró con el presidente de Chile, Ricardo Lagos, Kirchner confirmó la firma del decreto que promulga la nulidad de las llamadas leyes de impunidad que datan de 1986-1987.

Votadas a pedido del ex presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, tras dos intentos de golpe de Estado, estas leyes dejaron en libertad a miles de militares y policías que habían secuestrado, torturado, desaparecido a más de 30 mil personas durante la dictadura.

Los decretos del ex presidente Carlos Me-nem, de 1989 y 1990, terminaron de construir la impunidad, ya que indultó a los jefes de las juntas militares.

Las familias de las víctimas, al tener todas las puertas judiciales cerradas aquí, buscaron entonces otros recursos en el exterior, e intentaron juicios en España, Francia, Italia, Suecia y otros países.

Algunos magistrados de la Cámara Federal, como Gabriel Cavallo, el primero en declarar en 2000 la inconstitucionalidad de la legislación de impunidad, señalaron que están dispuestos a reabrir varios juicios, pa-ralizados en su momento.

El juez Adolfo Canicoba Corral, quien dispuso la detención de los militares solicitados para extradición por Garzón, estaba a la espera de la comunicación del gobierno español, lo que significará la inmediata liberación de los militares represores, aunque algunos, como los ex dictadores Jorge Rafael Videla y el contralmirante Emilio Massera, de la primera junta militar y poderosos jefes del ejército y la marina, continuarán a disposición de los magistrados que los mantenían detenidos.

"El rechazo del gobierno del presidente José María Aznar invalidando el exhorto de extradición de los militares argentinos es una decisión casi esperada", dijo a La Jornada el abogado Alberto Pedroncini, uno de los cuatro patrocinadores de la querella contra los responsables de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.

Señaló que "existían varias razones, y una de ellas es que el fiscal general de la Au-diencia Nacional española siempre se opuso a este juicio de Garzón, tras sostener que la justicia española no era competente para juzgar delitos de terrorismo cometidos en otros países.

Asimismo, se trataba de una decisión política del gabinete que tomó como parámaetro la decisión del ministro del Interior británico en su actuación en el caso de la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet (1999), quien finalmente por esa decisión política no fue extraditado a España y retornó libre a Chile".

Pedroncini enfatizó que el gobierno de España no es el mismo que antes, "sobre todo después de apoyar a Estados Unidos y Gran Bretaña en la invasión militar contra Irak, lo que convierte al Estado español en violador de los derechos humanos del pueblo iraquí, por lo que mal puede actuar en función de los derechos humanos de otros pueblos" del mundo.

El abogado estima que Madrid intentó "lavarse la cara" con una aparente preocupación por los derechos humanos, pero en realidad hay una historia larga de bloqueo al juicio de Garzón; "la decisión es de política, no de derecho", afirmó.

Hebe de Bonafini, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, sostuvo que el tema de la extradición aparecía como "de-masiado forzado" por Garzón, en un país "donde nadie se hace cargo de las víctimas que dejó el franquismo y muchos no quieren recuperar la memoria de aquella tragedia española".

Las madres preparan sus juicios, especialmente contra el marino Alfredo Astiz, infiltrado entre las fundadoras de esa institución humanitaria en 1977 y responsable de la de-saparición de varias de ellas.