La violenta resistencia opuesta por comerciantes de Tepito a un decomiso de mercancía pirata, los enfrentamientos que tuvieron lugar durante varias horas entre las mafias locales y varias corporaciones policiales, así como los abusos perpetrados por las primeras contra repartidores, periodistas, transportistas y viandantes, constituyen una muestra alarmante del completo descontrol en el que ha caído ese barrio ancestral y tradicional de la ciudad de México, el poder de las organizaciones delictivas que han sentado sus reales allí y la extensión de la impunidad con que se realizan en las calles y locales del rumbo actividades ilegales que van desde la comercialización de falsificaciones y el contrabando hasta el tráfico de armas y drogas, entre muchas otras.

En la grave problemática tepiteña confluyen factores múltiples y disímiles, desde una acendrada -y legítima- cultura comunitaria que arranca, según algunos, de tiempos prehispánicos, hasta la criminalidad globalizada que ha cobrado auge en las últimas dos décadas, así como la historia de corrupción y venalidad de autoridades urbanas que, en los tiempos de las regencias priístas, se hicieron de la vista gorda a cambio de dinero, votos o ambas cosas, y que permitieron peligrosas fusiones entre ambulantaje, contrabando y narcotráfico. Hoy, la estructura popular y ancestral del tianguis ha cedido su lugar a organizaciones delictivas profesionales, capaces de disputar el control de las calles a los cuerpos policiales locales y federales. No es frecuente, por ello, que los intentos de las fuerzas del orden y de procuración de justicia por restablecer la gobernabilidad y el estado de derecho en Tepito se malogren y desemboquen en confrontaciones como la que tuvo lugar ayer.

El territorio de impunidad que se ha establecido en el corazón de la ciudad de México debe ser erradicado, sin duda, y es claro que el restablecimiento de la legalidad en el barrio bravo sólo podrá hacerse mediante el despliegue permanente de la fuerza pública. Pero esta conclusión inevitable no debe, de ninguna manera, ser tomada por las autoridades -capitalinas o federales- como un cheque en blanco para distorsionar el estado de derecho, cometer atropellos policiales, violar los derechos humanos o intimidar a los vecinos honestos -que son la mayoría- del barrio de Tepito.

El poder público debe proceder con determinación, con estricto respeto a las garantías individuales y en forma coordinada y eficaz. Esto último viene a cuento porque el de ayer no fue el primer operativo en el que falló la coordinación entre las distintas agencias policiales y la previsión. Debe, asimismo, ir al fondo de los tejidos delictivos y no limitarse a presentar y procesar a los soldados rasos de las mafias que operan en la zona, sino identificar y capturar a los verdaderos líderes y a los cómplices encumbrados que, a no dudarlo, operan enquistados en la administración pública.

En otro sentido, es necesario que las autoridades federales y locales operen con sensibilidad política y establezcan mecanismos de diálogo con las organizaciones vecinales honestas, a fin de hacerlas partícipes del indispensable saneamiento del barrio.

Cabe demandar, finalmente, que los detenidos en los operativos de ayer sean tratados en forma respetuosa, que se respeten sus garantías individuales y que se sancionen y castiguen los excesos policiales en los que pudo haberse incurrido al momento de las detenciones.