Primera en el mundo

Aplica protocolo la PGR para castigar actos de tortura

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) es la primera institución en el mundo en aplicar el Protocolo de Estambul, lo que posibilitará hacer efectivas las penas y sanciones previstas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Actos de Tortura que sean cometidos por agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Federal de Investigación o cualquier funcionario de la dependencia, informó el subprocurador de Derechos Humanos, Mario Alvarez Ledesma.

En conferencia de prensa, dio a conocer que la PGR aplica ya en todas sus delegaciones el dictamen médico/sicológico para casos de posible tortura o maltrato, mejor conocido como "protocolo de Estambul", mediante el cual se podrá, aseguró, comprobar la existencia de abusos por parte de agentes de la autoridad contra personas detenidas.

Alvarez Ledesma explicó que el diseño de este examen, que se aplicará a cada persona que sea detenida, fue un trabajo que tardó más de dos años en consolidarse, entre otras cosas porque "un grupo de expertos internacionales asesoró a la PGR para elaborar un formato que contuviera los requisitos precisos que señala el Protocolo de Estambul".

El funcionario aseguró que esos expertos capacitaron "a personal pericial y ministerial para detectar huellas y lesiones en el cuerpo, así como para obtener los datos síquicos de lo que se llama síndrome de estrés postraumático y otras evidencias producto de actos de tortura".

Desde el 18 de agosto pasado, los agentes del Ministerio Público y los peritos de la PGR están obligados a practicar el examen y suscribirlo "cuando así lo instruya el procurador general de la República, una persona denuncie o alegue haber sido objeto de maltrato, o bien cuando existan signos o indicios de posible tortura a juicio del perito médico legista y/o forense".

Además de que el formato de cada examen es infalsificable, dijo, a aquel funcionario que se le compruebe haber incurrido en actos de tortura o malos tratos se le aplicarán sanciones que prevén una pena de tres a 12 años de prisión, de 200 a 500 días de salario como multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público. Además, al servidor que conozca de un hecho esta naturaleza y no lo denuncie se le impondrán sanciones de tres meses a tres años de prisión y de 15 a 60 días multa.