Ilán Semo

La Presidencia paralela

Si una de las ilusiones de la administración de Vicente Fox que se desvanecen con mayor rapidez es la de que el Poder Ejecutivo puede ser conducido como el símil de la gerencia de una empresa, la que le sigue después de las elecciones del 6 de julio es que la Presidencia pueda transformarse en la casa de campaña de una futura candidatura presidencial. El término ilusión no es -o no quiere ser- una metáfora: en el México de hoy, toda pretensión política, cuyo cálculo de éxito o fracaso sobrepase las 24 horas de un día es eso, una ilusión. A partir de la creación de una metadirección que reúne a la secretaría privada y las actividades de comunicación de la Presidencia, las lecturas que se hacen en la opinión pública sobre el origen de los cambios varían, pero casi todas, o todas, coinciden justificadamente en una conclusión. Sólo tienen sentido si sirven para apuntalar o pavimentar a quien hoy concentra la vida cotidiana -y la no tan cotidiana- de Los Pinos: Marta Sahagún.

Este hecho, inubicuo de por sí, ha forzado los relojes de la sociedad política, y ha empezado a causar los primeros estragos en una administración que si nunca logra capitalizar la energía y el entusiasmo de 2000, ahora puede ser víctima de su desagregación.

Lo que varía esencialmente en 2000 es la modificación irreversible de las reglas y códigos de la sucesión presidencial. El ritual que dominó al país durante más de sesenta años prescribía el paso sexenal de una administración a la otra como un ejercicio predecible. Cada sucesión traía sus propios traumas y dramas, frecuentemente de proporciones incalculables, pero la legibilidad de las normas que la regía aseguraba la pervivencia del sistema. Grosso modo, el Presidente elegía a su sucesor, el partido lo legitimaba y el sistema imponía su elección. Los cambios son consignables. Desde 2000, no hay un poder formal o informal que pueda por sí solo destacar a un candidato, los partidos lucharán en una contienda cuya forma y resultados son indeterminables, y no existe ningún indicio de la emergencia de alguna realidad "sistémica" que reste incertidumbre a los tres años que nos separan de 2006. Lo único que resulta evidente es que la lucha ha comenzado.

En teoría, la tensión esencial que da sentido a un régimen que aspira a consolidar su carácter plural es la voluntad de las fuerzas centrales que lo conforman para alcanzar la mayoría en la elección decisiva. Sólo esta ambición puede transformar a su ejercicio en la oposición o en el gobierno en un esfuerzo por disuadir a la ciudadanía de su capacidad de hacer frente a los problemas. Hipotéticamente, quien rinde obtiene el favor de los votos. Sin embargo, la lógica que ha adoptado la sucesión de 2006 no parece tan sencilla. Su dilema central es la distancia que separa día con día a la mayoría de los probables candidatos de sus respectivos partidos. Una distancia que, en principio, amenaza con sumirlos en una crisis de proporciones visibles.

La construcción de la candidatura de Marta Sahagún pasa, si se le sigue desde 2002, por el empobrecimiento gradual del Partido Acción Nacional (PAN). Que el PAN se vea alejado de los círculos esenciales de la Presidencia desde 2000, y visiblemente marginado de ella desde 2003, es un hecho que abona a este súbito ascenso. El fuego (no precisamente amigo) que llega cotidianamente desde Los Pinos ha ido desmantelando una a una las posibilidades del partido de intervenir en la definición y, sobre todo, en los compromisos de los probables candidatos. La presa más reciente ha sido El Jefe Diego. Las buenas nuevas son que la duplicidad de las funciones del "abogado" se pongan finalmente en entredicho entre sus propias filas. En rigor, la fabricación de una candidatura presidencial desde la Presidencia misma, inhabilita al PAN para reconstruir los tejidos políticos que ha ido perdiendo gradualmente desde los primeros meses del cambio. Su dilema es generalizable: cuando los partidos pierden legitimidad, lo que sigue es la elefantiasis de los individuos. Y con ello la inhabilitación de instituciones que son imprescindibles para cualquier régimen que aspira a dar coherencia al proceso de hacer homologables los consensos democráticos con la eficacia gubernamental.

En el Partido de la Revolución Democrática la situación no es mejor. Las corrientes y sus líderes han acabado por devorar al partido. La crisis que impone la caída de Rosario Robles habla de un proceso de fragmentación que deja estrictamente en las manos de las figuras fuertes el destino de cualquier probable recomposición. Y si sucede, será una ajustada a las necesidades y las necedades de cada uno de ellos.

Sólo el Partido Revolucionario Institucional parece adecuarse a esta peculiar situación. Siempre ha sido un partido donde su paradójica institucionalidad está ligada al sobrepeso de ciertos individuos. Pero esos individuos son, hoy, quienes representan barreras visibles para la evolución de un sistema que encuentre en la logística democrática alguna razón de existir. En él, la alianza entre la vieja tecnocracia salinista y las maquinarias clientelares de poder no sólo parecen intactas, sino en vías de franca actualización.