Denunciarán ONG discrecionalidad del Presidente para regular medios electrónicos

Listo, informe sobre libertad de expresión para la CIDH

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Bertoni, recibirá un informe de organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas en el que denuncian la excesiva discrecionalidad del Ejecutivo para la regulación de los medios electrónicos, los monopolios mediáticos, la persecución de las radios comunitarias y el hostigamiento a periodistas.

El documento de 38 cuartillas será entregado en el contexto de la visita del relator a México del 18 al 26 de agosto, para verificar la situación de libertad de expresión y derecho a la información en el país.

Bertoni viajará a Chihuahua, Guerrero y el Distrito Federal, donde se han reportado numerosos casos de agresiones y citatorios a periodistas, así como persecución a medios ciudadanos, señalaron representantes de organizaciones civiles.

Agrupaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalan que la normatividad para medios electrónicos favorece los monopolios e incumple los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información.

Denunciaron que a pesar de que diversas organizaciones sociales trabajaron durante más de dos años en el diseño de una nueva ley para radio y televisión, de forma sorpresiva el presidente Vicente Fox hizo a un lado esa tarea y decretó unilateralmente el reglamento de radio y televisión que beneficia sólo a los empresarios.

"Una excesiva discrecionalidad de las autoridades del Poder Ejecutivo para la regulación de los medios electrónicos de comunicación ha propiciado uno de los más grandes monopolios mediáticos en América Latina y ha excluido a la sociedad civil para acceder a las frecuencias", advierten las ONG.

El diagnóstico, que también fue elaborado por el Centro Nacional de Comunicación Social y la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, asegura que a pesar de que México transita hacia un régimen más democrático, en materia de comunicación hay un rezago que aún refleja un "régimen autoritario".

Se quejan de la "persecución y hostigamiento" contra las radios comunitarias en zonas indígenas y campesinas, y señalan que la situación de los periodistas tampoco ha mejorado. Refieren que México ocupa el lugar 77 en respeto a la libertad de expresión, según el diagnóstico elaborado por Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa en el mundo, publicado en septiembre de 2002.

Advierten que continúa la "dilación, ineficacia y parcialidad" de la administración y procuración de justicia en el esclarecimiento de asesinatos, amenazas y agresiones contra los comunicadores.

Además del excesivo uso de los citatorios a comparecer -en 2002 aumentaron 47 por ciento respecto de 2001- y denuncias penales a periodistas por los llamados delitos de prensa, y la falta de correspondencia de las leyes internas con los estándares internacionales en la materia.

Las agrupaciones refieren que la frontera norte es una de las regiones donde se ha porducido un mayor número de agresiones contra periodistas, destacando Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y Sonora, entre otros estados, donde persisten niveles de impunidad "muy altos".Ante esta situación, piden a la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH que solicite al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones que en materia de libertad de expresión se emitieron en 1998, que homologue la Constitución a los estándares internacionales y que la Procuraduría General de la República esclarezca los criterios mediante los cuales los delitos considerados graves son atraídos al fuero federal.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos también demandan que se garantice la independencia e imparcialidad en las investigaciones sobre asesinatos y agresiones a periodistas, se promueva una cultura de respeto a su trabajo y se garanticen sus derechos, legislando el secreto profesional, la claúsula de conciencia y la libre asociación gremial.

Dicen que es necesario reformar de manera integral la Ley Federal de Radio y Televisión, para que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los sectores de la sociedad mexicana, asegure la participación ciudadana y reconozca la responsabilidad social de los medios de comunicación y su función de servicio público.