El fallo, ante la falta de acuerdo entre directivos y 8 mil ahorradores sobre liquidación de deudas

Decretan en SLP quiebra de la Unión de Crédito Regional

La institución, en la que el gobernador panista electo era directivo, fue cerrada en 1998 por anomalías

LA JORNADA SAN LUIS

San Luis Potosi, SLP, 2 de agosto. El juzgado segundo de distrito decretó la quiebra de la Unión de Crédito Regional (Unicrer), luego de que no pudo concretarse un convenio entre los directivos y los más de 8 mil ahorradores que aún tienen depositado su dinero en esa institución, cerrada en 1998 por irregularidades financieras, cuyo comisario era el actual gobernador electo, el panista Marcelo de los Santos Fraga.

De acuerdo con el dictamen, del cual este diario tiene una copia, las autoridades financieras y hacendarias y los ex trabajadores de la empresa tendrán preferencia en la liquidación de deudas y, al final los ahorradores.

Asimismo, Unicrer pierde el beneficio de las millonarias quitas que le ofrecían el Servicio de Administración Tributaria y el Fideicomiso de Recuperación de Cartera, con las que la institución mantiene sus deudas más grandes.

El fallo ordena al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito -que fungía desde febrero de 2000 como conciliadora en el juicio de concurso mercantil ordenado por el juez-, traspasar el control de la unión a un síndico que será nombrado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que tendrá amplios poderes para rematar los bienes muebles, inmuebles y crediticios en poder aún de Unicrer.

Aunque la decisión prevé que el conciliador entregue al síndico un informe pormenorizado de la situación de la unión, no lo obliga a reportar las operaciones realizadas entre febrero del año anterior y junio de este año.

Unicrer fue cerrada en 1998 por la CNBV debido a que presentaba irregularidades financieras derivadas del manejo realizado por el consejo directivo de la unión, integrado por miembros de ricas familias de la entidad.

La CNBV dictaminó que violó la regulación de sociedades financieras al aceptar, por segunda ocasión, una aportación de 5 millones de pesos procedentes de la Caja Popular Mexicana. Este de tipo de organizaciones no podían legalmente formar parte de la tenencia accionaria de la citada unión

En ese entonces, el panista De los Santos Fraga, contador de profesión, era comisario de la unión. Tras la quiebra, se defendió diciendo que había informado puntualmente al consejo directivo de la situación de la empresa, lo que fue cuestionado por los miles de ahorradores que resultaron afectados por el cierre.

Pese al escándalo, se convirtió en alcalde de la capital del estado, y luego gobernador, al triunfar en la elección local del 6 de julio.

De los Santos era comisario de Unicrer y no hizo ninguna advertencia a los ahorradores.

Gobierno exige a empresa pagar $480 millones por invernadero

Por otra parte, el gobierno del estado otorgó a la empresa Natural Valley una prórroga para pagar casi 46 millones de dólares por un proyecto hortícola en el municipio de Rioverde, pese a que ya en dos ocasiones la compañía incumplió esa obligación.

Mediante un comunicado de prensa, el gobierno estatal anunció una tregua de tres semanas para que la empresa liquide los 480 millones de pesos por los invernaderos de Santa Rita, un proyecto impulsado por el gobernador Fernando Silva Nieto en Rioverde para establecer la producción de pepino y tomate para los mercados europeo, estadunidense y asiático.

El proyecto ha causado fuertes controversias desde su inicio, pues el gobierno estatal contrajo una deuda de 28 millones de dólares para importar tecnología holandesa y apoyar a Tecnor, empresa española que administra los invernaderos.

En enero de este año, la administración de Silva Nieto privatizó los invernaderos en favor de Natural Valley, empresa que presumió la sociedad con un consorcio estadunidense líder en la comercialización de hortalizas, sin que fuera cierto.

El acuerdo original establecía un plazo de 90 días para realizar el pago y una prórroga por igual periodo, que concluyó el 29 de julio sin que se hiciera el pago.

El anuncio de una nueva prórroga ha despertado críticas entre partidos, legisladores locales y la iniciativa privada, que exigen la rescisión del contrato con Natural Valley por el incumplimiento.