La Corte Suprema debe decidir sobre leyes de Obediencia Debida y Punto Final

Exhorta gobierno argentino a juzgar en el país a represores de la dictadura

Continúa la polémica por la extradición de militares y policía solicitada por Garzón

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 27 de julio. El gobierno de Néstor Kirchner dijo que existe la "oportunidad histórica" de juzgar aquí a los represores de la última dictadura militar (1976-83), cuando se cierra el círculo en torno a los 45 militares y policías argentinos requeridos por el juez español Baltasar Garzón para enjuiciarlos por crímenes de lesa humanidad, pero algunas señales muestran las dificultades del proceso de extradición.

Así, en la Fiscalía General de España se estudia la posibilidad de que si se anulan aquí las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1985-1987), que les dieron impunidad a los represores, se podría mandar de regreso al país a los ex marinos Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, detenidos actualmente en Madrid. Más de 60 por ciento de los argentinos quiere que se anulen esas normas, según dos sondeos que publicó la prensa en Buenos Aires.

El fiscal Eduardo Fungairiño es uno de los que más se han opuesto a las acciones del juez Garzón, pues argumenta la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar los delitos de genocidio, torturas y asesinatos cometidos en otro país. El abogado Carlos Slepoy, de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid y representante de la "acusación popular", se declaró "plenamente satisfecho" por las detenciones en Argentina, que calificó de "símbolo del final de la impunidad en el país o por lo menos de que se dieron los pasos iniciales".

El ministro argentino de Justicia, Gustavo Béliz, aseveró en declaraciones publicadas este domingo por el diario Clarín que la justicial local tiene "una oportunidad histórica" de manifestarse contra la impunidad, en alusión al tema de las leyes de impunidad, cuya legalidad será determinada por la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, se acentúa el debate sobre las extradiciones. Hay ataques de la derecha española contra el presidente argentino. Algunos medios de información sostienen que Kirchner les quiere "enviar a sus criminales", mientras que el periodista y escritor Horacio Verbitsky menciona hoy a la "paleoderecha" y, en especial, a su "rama mediático-extorsiva" para señalar el tono de virulencia que adquiere aquí la campaña contra el gobierno.

De su lado, los familiares de las víctimas de la dictadura siguen luchando por la anulación de las inconstitucionales leyes de Obediencia Debida y Punto Final, mientras que el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien está a cargo de las detenciones solicitadas por Garzón, dejó entrever que prefiere que se juzgue aquí a los militares. Al referirse a los tiempos que podría llevar una extradición, fue pesimista.

En tanto, el poderoso general Antonio Domingo Bussi, ex gobernador militar de Tucumán, acusado de asesinar a varios prisioneros durante la dictadura, y los militares arrestados o notificados por la orden de Canicoba Corral se dicen ofendidos por la "violación de la soberanía nacional" por su posible extradición. Pero estos militares no tuvieron ningún problema de soberanías cuando participaban en la criminal operación Cóndor, coordinadora de los dictadores del Cono Sur para eliminar a sus opositores.

Si bien los jefes de las tres fuerzas lograron respuestas más o menos rápidas para que los citados por Garzón se pusieran a disposición de la justicia, algunos debieron ser buscados por la policía, como sucedió con el comisario inspector Roberto Heriberto Albornoz, quien era jefe de la Brigada de Investigaciones de Tucumán, cómplice y testigo de los fusilamientos de Bussi. Los detenidos eran atados con alambres o cables, les vendaban los ojos y eran arrodillados al borde de pozos-tumbas.

En las unidades militares muchos de los ahora detenidos por delitos similares se encontrarán con algunos de sus viejos camaradas, algunos responsables del robo de niños nacidos en cautiverio, una de las causas más perversas en la saga de la dictadura, y otros por el hurto de bienes de los desaparecidos.

Pero la mayoría de los represores caminan por las calles, siguen en cargos militares o policiacos o son poderosos empresarios. Otros, guardaespaldas de éstos. Algunos han sido acusados por secuestros o por participar en organizaciones mafiosas.

En tanto, el juez Canicoba Corral podría declarar prófugo al marino Jorge Vildoza, quien se apropió del hijo de un desaparecidos, pues no ha sido localizado. Otras versiones señalan que ya se habría presentado el coronel Félix González Anaya, quien fue parte de la operación Cóndor.

La víspera, mientras decenas de militares se "ponían a disposición" o quedaban legalmente detenidos, hubo varias manifestaciones para recordar el 51 aniversario de la muerte de Eva Perón, cuyo cadáver fue profanado y luego paseado de un lugar a otro por un grupo de soldados después del golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón e instaló la dictadura de 1955. Kirchner asistió anoche a una misa en la provincia de Santa Cruz, en homenaje a la figura más venerada del peronismo, pero evitó hacer declaraciones políticas.