Fracasará si no actúa Fox, señala José Miguel Vivanco

HRW: hay "errores" en la fiscalía para la guerra sucia

VICTOR BALLINAS

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que investiga las "graves atrocidades" cometidas en el pasado -las matanzas estudiantiles de Tlaltelolco y la del 10 de junio de 1971, la tortura, ejecución y desaparición de civiles en la guerra sucia- está destinada al fracaso, a menos que el presidente Vicente Fox corrija los errores y deficiencias de diseño, aseguró ayer el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Los problemas que enfrenta la Femospp, por los cuales "no tienen resultados", detalló Vivanco, son la falta de cooperación de la justicia militar, la escasez de recursos humanos y económicos, y el hecho de que en el Archivo General de la Nación (AGN) se le niegue el acceso a los documentos de la guerra sucia y de las matanzas estudiantiles.

Para revertir esto, señaló, el presidente Fox, por conducto, del secretario de la Defensa Nacional, debe ordenar a la justicia militar que cesen las investigaciones paralelas que lleva a cabo con miembros de las fuerzas armadas a los que se implica en graves violaciones de derechos humanos y que los ponga a disposición de la Femospp. La Procuraduría General de la República, añadió, debe colaborar y demostrar que hasta ahora no se han investigado esos delitos

El director ejecutivo de HRW se pronunció por la instrumentación de un programa de "delación compensada", es decir, que se pague y dé inmunidad a testigos protegidos -ex integrantes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la brigada blanca, de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia y a militares, entre otros- para que denuncien a los ex funcionarios que les dieron órdenes de ejecutar y desaparecer a cientos de personas.

Advirtió que en el caso de Tlatelolco, "la principal matanza o de la que más se conoce en el extranjero y en México, "es muy probable que quede en total impunidad", a menos que se suspenda el plazo de 30 años para la prescripción, es decir, precisó Vivanco, "se tendría que convencer a los jueces de que los fiscales de la época estaban impedidos de investigar esos hechos, y lograr que la prescripción empiece a correr a partir de que el presidente Luis Echeverría dejó el cargo, en diciembre de 1976".

Otro obstáculo que enfrenta la fiscalía especial, indicó el director ejecutivo de HRW, es que Vicente Capello, burócrata en el AGN, es un ex integrante de la DFS y, por tanto, está en conflicto de interés. Por ello urgió al gobierno a resolver esa situación.

En conferencia de prensa, el director ejecutivo de HRW, la organización no gubernamental más grande de EU, presentó el documento Justicia en peligro: la primera iniciativa seria de México para abordar los abusos del pasado podría fracasar. HRW resalta que la difícil situación de la Femospp ilustra un problema más general de la situación de los derechos humanos en México. "Durante los últimos dos años y medio, el gobierno ha dado importantes pasos para la promoción del rendimiento de cuentas. Sin embargo, al estudiarlas detenidamente , no parecen más que medios pasos, puede que vayan en la dirección correcta, pero son insuficientes para alcanzar los objetivos declarados".

Vivanco dijo que la presentación de este informe es una llamada de atención a Fox, porque si la fiscalía especial creada por él -que se considera como el logro más importante en el área de derechos humanos en su gestión- es parte de su política de transparencia, "aquí no hay más que el propio Presidente tome el caso en sus manos y le entre, y establezca un grupo de trabajo al más alto nivel, con prestigiados juristas para generar consensos sobre cuál podría ser la doctrina aplicable en este caso para considerar la prescripción".

Con la presentación de este informe en México y de manera simultánea a escala internacional, explicó, "lo que se pretende es rescatar la fiscalía especial antes de que todo se hunda. Es una llamada (al presidente Fox) a despertar . La intención es advertirle, antes de que fracase. Está a tiempo de corregir el diseño de la fiscalía, porque como se encuentra, está destinada al fracaso".

Fox, abundó Vivanco, "necesita ser puesto al día de lo que está pasando con la fiscalía. Uno se pregunta: ¿por qué la justicia militar, que estuvo dormida 30 años o más, de pronto investiga a los militares implicados en los crímenes del pasado, en las matanzas estudiantiles y en la guerra sucia? ¿Por qué el Ejército hace investigaciones paralelas a las que lleva a cabo la fiscalía?, cuestiona HRW, y manifiesta su inquietud porque "esas indagaciones pueden llevar a la impunidad, a seudoinvestigaciones para cerrar los casos".

Vivanco aclaró: "no descalifico el trabajo de la Femospp; hay agentes del Ministerio Público y empleados que tienen la intención de que se aclare el pasado, pero lo que señalo y denuncio son los obstáculos que enfrenta, y que el propio presidente Fox debe resolver si es que de verdad tiene interés en la transparencia y en que se aclare el pasado, como lo prometió en campaña".

El hecho de crear la fiscalía "indica que va en la ruta de esclarecer el pasado, pero hay que hacerle notar las omisiones, obstáculos y problemas que enfrenta esa instancia para llegar a la verdad y sancionar a los responsables. Sólo así se estará en camino de terminar con la impunidad".

No ayuda, señaló HRW, el hecho de que en noviembre pasado Fox haya dicho que ya prescribieron los delitos que investiga la Femospp; con eso el mensaje es que continúa la impunidad. Por ello, agregó, el Presidente debe tomar el asunto en sus manos y dotar a la fiscalía de recursos económicos suficientes, personal calificado y, sobre todo, contratar expertos forenses, porque no los tiene. Debe apoyarla con personal de base adscrito a ella y no que se rote entre las corporaciones policiacas".

Exigen aclarar desapariciones en Michoacán durante los setenta

Zacapu, Mich., 24 de julio. Habitantes de la comunidad indígena de Tarejero, de este municipio, pidieron a las autoridades federales esclarecer la desaparición de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, quienes participaron en los movimientos guerrilleros de principios de la década de los 70.

Armando, Amafer, Solón y Venusitano Guzmán Cruz, y su padre, Jesús Guzmán Jiménez, fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial en julio de 1974. Sin embargo, a pesar de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a la fecha no hay resultados para castigar a los responsables de esos delitos.

A la ceremonia del 29 aniversario de la desaparición de los integrantes de esta familia estuvieron presentes los hermanos sobrevivientes, Socorro y Abdallán Guzmán Cruz.

Abdallán Guzmán recordó que el 24 de julio de 1974 la llamada brigada blanca detuvo primero a su padre (de 57 años), además de a otros integrantes de la comunidad de Tarajero. Durante varios días los torturaron y finalmente se los llevaron, pero a su padre ya no lo soltaron. Después, en Morelia, detuvieron a Armando (26 años) y a Solón (18 años).

"A Venustiano, que tenía 15 años, lo apresaron también en Morelia. La última vez que se le vio fue en una cárcel clandestina de Acapulco, Guerrero, en febrero de 1976", señaló Abdallán, quien fue aprehendido a finales de octubre de 1974 y permaneció en Lecumberri hasta 1979, cuando el gobierno le otorgó la amnistía.

Indicó que según los archivos, a Amafer (22 años) lo detuvieron en la ciudad de México el 19 de julio. De hecho, los judiciales lo buscaban a él cuando se presentaron en Tarejero.

Ante la comunidad reunida en la plaza pública, Socorro Guzmán recordó que la policía se presentó el 24 de julio y estuvieron en el lugar varios días. "Torturaron a mi padre y a otros miembros de la comunidad, lo ponían a excavar pozos para que dijera dónde tenía escondidas las armas. Después voltearon las cajas de las abejas y buscaron armamento. Se lo llevaron, y ya nunca más lo volvimos a ver".

Por su parte, el director de Participación Ciudadana de la fiscalía especial, Mario Ramírez Salas, aseguró que en el caso de la desaparición de los integrantes de la familia Guzmán Cruz hay avances en las investigaciones, e inclusive se tienen nombres de algunas personas que pudieron estar involucradas, aunque faltan documentos de algunos miembros de la familia.

Por su parte, la abogada de la familia Guzmán Cruz e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Autora de la Riva, señaló que lo único que han integrado en la averiguación previa son expedientes y oficios de autoridades que en aquel entonces intervinieron. "Pero no hay una línea de investigación, inclusive en la desaparecida Dirección Federal de Seguridad hay supuestas declaraciones de desaparecidos que no son reales. Creemos que finalmente el gobierno le apostó al tiempo y al olvido, porque después de 30 años muchos familiares de gente desaparecida están muriendo o ya murieron. El Estado está ganando tiempo, no ha habido resultados concretos en todas las investigaciones". ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL