Suman en la zona cinco años de recomendaciones de la CNDH sin cumplimiento

Costó 200 muertes a huastecos recuperar la tierra que pretende Pemex

"El gobierno, en vez de enviar medicinas, manda camionadas de soldados", se quejan

ROSA ROJAS /III Y ULTIMA ENVIADA

Comunidad 21 de julio, chalma, veracruz. La tierra amenazada por la inminente explotación petrolera del paleocanal de Chicontepec es buena parte de las 36 mil hectáreas que los campesinos -la mayoría indígenas- recuperaron en la década de los 70 de manos de los caciques y les costó más de 200 muertos, cientos de heridos, cientos de presos -muchos finalmente amnistiados- y algunos desaparecidos. Esas muertes quedaron impunes y en muchos casos se responsabilizó de ellas no sólo a pistoleros de los caciques, sino a cuerpos policiacos y al Ejército. Hay una deuda creciente del país con los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los huastecos. La gente está molesta.

Aunque hace rato no ocurren matanzas por aquí, la situación de los derechos humanos dista de ser óptima. La violencia está ahí, la retroalimenta la impunidad.

La pobreza -otra forma de violencia- es evidente y la protesta generalizada. Cada vez que en una comunidad organizada en el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) se denuncia la falta de medicinas, apoyos, respuestas a demandas prioritarias, hay siempre un remate: "y el gobierno, en vez de enviar medicinas, manda camionadas de soldados".

Enumeración en cinco páginas

Indicio de la dimensión del problema de los derechos humanos en las huastecas la da el incumplimiento o -para decirlo en el lenguaje de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)- el "cumplimiento parcial" de las recomendaciones 18/97 y 19/97 que envió la comisión en marzo de 1997 a autoridades estatales y federales -respectivamente- sobre el "caso de las comunidades indígenas de la Huasteca". A casi seis años de esos señalamientos, en su informe de diciembre de 2002, la CNDH llenó unas cinco páginas con una apretada enumeración de los puntos incumplidos de las citadas recomendaciones, tanto en el ámbito estatal como en el federal, tanto en materia de desarrollo regional como de solución de problemas agrarios y de procuración de justicia, entre los que se cuentan los dos casos en las huastecas presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estos casos, cuyo expediente está en la CIDH, son el de la tortura y asesinato de Rolando y Atanasio Hernández Hernández y el de Santos Soto Ramírez y Sergio Cerón Hernández.

Del primer caso, denunciado el 11 de agosto de 1995, la CIDH detalla en su Informe 1/98 que "policías judiciales de Veracruz y pistoleros al servicio del ex presidente municipal de Ixhuatlán de Madero agredieron y desalojaron la comunidad indígena nahua y otomí de Plan del Encinal, municipio Madero, hiriendo con armas de fuego a las personas antes nombradas, a quienes se llevaron amarrados cuando los policías se retiraron de la comunidad. [Cuatro días después], fueron encontrados los restos de Rolando y Atanasio Hernández Hernández, presentando claras muestras de tortura".

En este caso, la CIDH concluyó que el Estado mexicano violó cinco artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y le reiteró la recomendación de completar una "investigación seria, imparcial y efectiva sobre los hechos denunciados, y ejercer las acciones penales sobre quienes resulten responsables; reparar las consecuencias de dichas violaciones y reglamentar el artículo 21 constitucional para hacer efectivos los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial".

En el caso de Santos Soto Ramírez y Sergio Cerón Hernández, sobre el cual la CIDH publicó el informe 68/01 -caso 12.117- del 14 de junio de 2001. Bárbara Zamora, del bufete jurídico Tierra y Libertad, presentó el alegato de "la responsabilidad internacional" del Estado mexicano "por la detención ilegal, incomunicación y tortura de Soto Ramírez, así como su posterior condena a 17 años de prisión en un juicio sin respeto de las normas de debido proceso, que incluye la utilización de una confesión obtenida bajo tortura". En cuanto a Sergio Cerón Hernández, sostiene que fue procesado y condenado en violación de sus garantías judiciales.

Zamora explicó en entrevista que en el caso de Soto Ramírez y Cerón Hernández ha habido "tortuguismo del gobierno mexicano". Se pasó a una etapa que la CIDH llama de "solución amistosa", se tuvieron dos reuniones "hace como un año" con el gobierno de Veracruz, porque están acusados de homicidio, que es un delito del fuero común. El procedimiento es que la CIDH hace el informe 68/01, "después seguimos en una especie de pimpón, porque el gobierno manda su informe, nosotros mandamos observaciones y así sucesivamente". Comentó que un problema serio en el seguimiento del caso es que "nadie se está haciendo cargo de los gastos" por lo que no se puede acudir a las audiencias que realiza la CIDH en Washington.

El informe de la CIDH sobre la admisibilidad del caso de Soto Ramírez y Cerón Hernández es indicio de que sí hubo violación de derechos humanos, agregó.

"En el amparo que ganamos para Porfirio del Angel [o Pedro Hernández, ahora presidente del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Codhhso)] sobre el mismo caso de homicidio, los magistrados del primer tribunal colegiado de Boca del Río, Veracruz -en octubre de 1998-, dijeron que Santos Soto confesó; nosotros alegamos que la confesión fue obtenida mediante tortura y que al haberse acreditado ésta, eso debería bastar para invalidar la declaración; el magistrado contestó que el hecho de que lo hubieran torturado no invalidaba la confesión, cuando la Constitución dice que no serán válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura, y que sólo ameritaba que se castigara a los policías torturadores; no se les castigó tampoco y como se agotaron todas las instancias internas nos fuimos a la internacional, pero es verdaderamente tortuoso el camino ahí", indicó Zamora.

El recorrido de La Jornada por comunidades de Hidalgo y Veracruz fue de poco más de 800 kilómetros desde la ciudad de México, incluyendo al menos 60 kilómetros de brechas lodosas, que las lluvias hacen rápidamente intransitables-; se realizó en compañía del presidente del Codhhso, Pedro Hernández Flores (alias Porfirio del Angel), ex dirigente del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) -quien estuvo preso dos años en Perote, acusado de homicidio y liberado después mediante un amparo- y el vicepresidente del comité, Francisco Antonio Hernández.

El Codhhso entregó a La Jornada una "relación de algunos de los campesinos asesinados y desaparecidos, víctimas de la violencia institucional en las huastecas; son algunos de los muchos que han sido asesinados por los gobiernos, caciques y bandas paramilitares, sólo por rescatar y defender sus tierras ejidales y comunales acaparadas por los caciques de la región". Incluye 186 nombres.

En algunos casos además de fecha, nombre, lugar donde residía y sitio en que mataron a la persona, se incluye el nombre del presunto asesino. Hay por lo menos cuatro desaparecidos. Uno, el profesor Cándido Arena, el 2 de noviembre de 1973, quien era vecino de Yahualica, Hidalgo. Dos, el profesor Marcelo Arena B., de Yahualica: "detenido en su casa por el Ejército federal y desaparecido" el 27 de julio de 1974. Los otros dos casos son Paulino y Natalio Hernández Cerecedo, de la comunidad Chapultepec, municipio Tianguistengo, Hidalgo, quienes fueron "secuestrados por militares y desaparecidos el 17 de mayo de 1981".

Hay varias matanzas en esa lista, perpetradas por "bandas paramilitares" o por "caciques" y sus pistoleros, como los nueve asesinados en San Gregorio Ilamatlán, Veracruz el 25 de abril de 1987; la de otros siete vecinos de la comunidad de El Mirador, municipio de Atlapexco, asesinados el 28 de julio de 1975 "por pistoleros y caciques de Huejutla, en la oficina de Consejo Agrarista Mexicano a un costado del puente Chinguiñoso, en Huejutla, Hidalgo". Cinco personas asesinadas el 6 de mayo de 1974, en Pepeyocatitla, municipio de Yahualica, Hidalgo, "muertos en la milpa por la Policía Judicial del Estado y pistoleros de los caciques". Cuatro personas identificadas por su nombre "y 20 más no identificados" vecinos de Iztczoquico, municipio de Xochiatipan, Hidalgo, "muerto por pistoleros en La Puerta, municipio de Xochiatipan, Hidalgo".

"Le salió la bala por el pulmón"

En una asamblea en la comunidad 21 de Julio, a la luz de la luna, las y los indígenas demandaron la salida de los militares de la región, señalando que hay varios campamentos reportados: el de Tecoluco Calpan -escondido entre los matorrales unos kilómetros delante de Tohuaco III, constató La Jornada-, otro entre Chalingo y Tzacuala, y uno más entre Cuamonta y Ecuatitla, los tres en el municipio de Huejutla, Hidalgo, y otro en Pastoría, a la orilla del río Calabozo, municipio de Chicontepec, Veracruz.

Los soldados muchas veces se instalan cerca de los ríos donde las mujeres acarrean agua, lavan la ropa y se bañan. "Nos asustan, tiran basura, ensucian el agua; ya no podemos salir solas a dejar el lonche a los hombres en el campo; ahora tenemos que andar de a dos o tres", aseguraron varias señoras.

Recordaron que el 15 de octubre de 1988 "los militares dieron un plomazo a Guillermo Juárez Mónica: estaba en su milpa, llegaron los soldados tirando; él corrió y le tiraron en el pecho, le salió la bala por el pulmón. Se denunció pero el gobierno no hizo nada. Desde que tomamos las tierras hasta ahora siguen molestándonos el Ejército y el patrullaje de la policía. El Ejército entra constantemente al pueblo. El 15 de febrero entró. Estaba un estudiante de 12 años en la milpa, lo sacaron para el monte secuestrado como dos horas, le preguntaban como está la gente aquí, si no tiene armas, le daban dulces. Las armas que tenemos son los machetes y el azadón".