El proceso de regularización podría durar ocho años, dicen autoridades estatales

Aceptan indígenas de 23 comunidades de Montes Azules delimitar sus tierras

Recluyen a tres custodios implicados en la fuga de cinco presos del penal de Cerro Hueco

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 22 de julio. Al menos 23 comunidades indígenas "han roto su reticencia" a participar en el proceso de negociación para que se delimiten sus tierras y se determine si están o no dentro de los territorios de la comunidad lacandona o de la reserva ecológica de Montes Azules, afirmó la coordinadora del Grupo de Trabajo Operativo para la Atención del Caso Montes Azules, Martha Cecilia Díaz Gordillo, quien agregó que la regularización de la zona "será un proceso muy largo que podría durar no uno ni dos, sino hasta siete u ocho años".

Explicó que las reuniones formales con representantes de diversos poblados de la zona se iniciaron el pasado 6 de junio. En éstas, dijo, "los principales actores son los indígenas lacandones", quienes reclaman como suyos diversos territorios. Agregó que en esa fecha asistieron a juntas de trabajo representantes de Bella Ilusión, Loma Bonita, 13 de Septiembre, Nuevo Cacahotán, San Andrés La Paz y Salto de Agua, núcleos agrarios de la zona sur de Montes Azules, "los que se muestran más dispuestos a encontrar una solución".

Según Díaz Gordillo, Villa Flores y San Francisco Caracol son otras comunidades que se han acercado a las autoridades estatales, federales y comuneros lacandones para confirmar o indagar si las tierras que poseen están en conflicto.

Indicó que "esta misma semana se intensificará el proceso de negociación" con las comunidades asentadas al norte de la reserva ecológica de Montes Azules.

Por otro lado, por su presunta participación en la evasión de cinco reclusos del penal de Cerro Hueco -el viernes anterior-, esta madrugada fueron remitidos a dicha cárcel tres custodios y los civiles Enrique Hernández Estrada y Javier Nájera Velasco, contra quienes se inició un proceso judicial.

El director del centro penitenciario, Raúl Hernández George, permaneció bajo arraigo, al no descartarse que estuviera implicado en la fuga, lo mismo que otros seis guardias.