Carlos Montemayor

Piamonte y transgénicos

El día 12 de julio se tomaron medidas inesperadas de política agraria en la zona del Piamonte, en el norte de Italia. Las autoridades piamontesas decidieron frenar drásticamente los cultivos de maíz transgénico en esa región y prohibieron el empleo de semillas manipuladas genéticamente en su territorio. Lo más destacado, empero, fue su carácter radical: la destrucción inmediata con tractores de los cultivos ya desarrollados en 381 hectáreas. La noticia fue ampliamente difundida en Italia pero no en el resto del mundo. Creo que la razón es clara: se trata de la primera medida oficial, de gobierno, abierta y contundente contra el modus operandi de las trasnacionales de alimentos que pretenden convertir en clientes cautivos a todos los agricultores del planeta.

Desde ese día 12 de julio, guardias forestales, policías urbanos y oficiales hacendarios estuvieron llevando a cada granja de cultivo transgénico la orden firmada por el gobernador de Piamonte, Enzo Ghigo. Ciento cuarenta haciendas recibieron la orden perentoria de destruir en 48 horas las más de 380 hectáreas sembradas con maíz transgénico. Comparadas con las quizás millones de hectáreas ocupadas en el resto del mundo por las trasnacionales de alimentos la cifra es intrascendente. Pero dadas las dimensiones de Italia y su condición de miembro importante de la Unión Europea, esta decisión es trascendente.

Yo me enteré en la ciudad de Pisa de estas medidas y tuve oportunidad de comentarlas esa misma noche en una mesa redonda sobre globalización y cultura organizada por el Festival Liberazione, fiesta llamada así por el nombre del periódico del Partido della Rifundazione Comunista. Las reacciones a la iniciativa del gobernador Enzo Ghigo fueron diversas y contrastantes. Gran parte de la estructura de gobierno la apoyó; también, y de manera notable, varias asociaciones de productores agropecuarios. El procurador adjunto de Turín, Raffaele Guariniello, declaró que los agricultores no corrían riesgo legal, pues habían sido engañados por las compañías de alimentos que venden sin advertirles semilla transgénica.

La medida preveía otros aspectos. Si los productores no destruían por sí mismos sus plantaciones, lo harían los carabineros. Si se resistieran, podrían ser penalizados y, finalmente, tras la destrucción de las plantaciones a manos de los carabinieri, podrían ser imposibilitados para la producción ulterior. Estas medidas drásticas tenían otras salidas negociadas: la indemnización inmediata de los gastos de inversión que hubieran erogado los productores y un subsidio seguro y también expedito para apoyar los cultivos llamados tradicionales o "biológicos".

El contexto en que tal medida tuvo lugar parece claro en términos generales. Se trata de defender un cultivo tradicional, típico, de calidad distintiva en la producción de granos, vid, frutas, hortalizas, y en derivados cárnicos y lácteos. En segundo lugar, se trata del compromiso por mantener un tipo de cultivo determinado en regiones específicas que no corra el riesgo de la contaminación indiscriminada de transgénicos. Tercero, la medida responde igualmente a una creciente decisión del pueblo italiano y en gran parte europeo de preferir y defender la producción agropecuaria llamada "biológica" o "natural", que privilegia y mantiene precisamente procedimientos agrícolas tradicionales. Cuarto, la medida no busca impedir la investigación ni el cultivo transgénicos, sino evitar que su empleo se efectúe en zonas con alto riesgo de contaminación para cultivos tradicionales.

En Italia hubo un pleno apoyo de las 504 comunidades productoras de vino. El presidente de la asociación nacional Cittá del Vino, Paolo Saturnini, dijo que se trataba de "una elección valerosa, firme y clara para defender la tipicidad de nuestra producción agroalimentaria. Italia no tiene necesidad de cultivos manipulados, sino de una mayor atención a la calidad y a la tipicidad". Esta asociación ha luchado por mantener fuera de la viticultura la presencia de semillas transgénicas por medio de una propuesta de modificaciones a la ley 164 del año 1992. Para ello han recogido ya más de 100 mil firmas de productores y encabeza la lista la senadora Loredana de Petris. El documento se encuentra en poder del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Desde el año pasado, las 504 comunidades se habían declarado libres de los cultivos transgénicos y opuestas a ellos.

En realidad, a lo largo de siete años se han estado sucediendo en Europa protestas contra la producción de este tipo de alimentos. En 1996, por ejemplo, activistas de Greenpeace protestaron en Luxemburgo para impedir la entrada en Europa de una carga de soya transgénica proveniente de Estados Unidos. En el año 2000, en Toulouse, José Bové, acompañado de 300 activistas, destruyó plantas de semillas transgénicas para producir aceite comestible. Greenpeace denunció en Basilea en 2001 que la trasnacional Gerber elabora alimento para niños a base de productos transgénicos. Desde 1999, por iniciativa de países como Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y Grecia, se declaró una moratoria en la Unión Europea para las importaciones de semillas transgénicas.

El mismo día 12 de julio Il Corriere della Sera entrevistó al ministro de Agricultura de Italia, Giovanni Alemanno, de Alianza Nacional. El ministro explicó que cuando la Comunidad Europea suspenda esa moratoria el tema de la contaminación en campo abierto asumirá proporciones mucho más relevantes. Afirmó que había estado en comunicación con el procurador piamontés Giancarlo Caselli y que ya esperaba la decisión del gobernador Ghigo, decisión que consideró, dijo, "inevitable y valerosa". Explicó que pronto la Unión Europea deberá establecer las líneas generales para los reglamentos que en septiembre se aplicarán sobre los umbrales de contaminación tolerable de transgénicos. En principio, la Unión Europea buscará que en futuros ciclos agrícolas exista la posibilidad de elegir entre cultivos tradicionales o de transgénicos a campo abierto, para garantizar la libertad de decisión de los agricultores. "Pero en Italia -subrayó-, considerando que nuestra producción agrícola es pequeña y fragmentada, no creo que la decisión pueda dejarse a criterios individuales, precisamente por las consecuencias ligadas con la contaminación. Ahora la coexistencia entre los dos tipos de cultivo deberá organizarse por sistemas homogéneos desde el punto de vista geográfico y productivo". Añadió que por ello la industria agrícola debía asegurar también semillas libres de contaminación transgénica. A ese respecto, comentó que Brasil era uno de los pocos países libres de transgénicos y que podría convertirse en un exportador de semillas. En este plano, concluyó que Italia también debe incrementar su producción de semillas no transgénicas.

La Inspección Central del Ministerio de Agricultura ha enviado notificaciones a los demás agricultores italianos que cultivan maíz, localizados principalmente en la Lombardía, el Véneto, el Friuli y la Emilia Romagna, pues en Italia no se pueden cultivar aún semillas genéticamente modificadas para uso comercial, sino sólo como experimentación agrícola. En Liguria ocurre así con el limón; en el Lacio con el kiwi, la ciruela, la aceituna, la fresa y el maíz; en la Emilia Romagna con el arroz; en Marche con la frambuesa y la uva; en la Puglia con el trigo, y en Basilicata con la papa, la berenjena y la colza.

Creo que no tardará en manifestarse la reacción de las trasnacionales de alimentos y las presiones comerciales. Por ello situaré estas medidas en un contexto adicional. Angélica Enciso informó en La Jornada del 19 de noviembre del año pasado que Percy Schmeiser, agricultor canadiense, fue demandado por Monsanto por un millón de dólares porque la trasnacional aseguró que al haberse contaminado los cultivos de Schmeiser con plantíos transgénicos debía pagar "derechos". Desde 1996 un granjero vecino sembraba "canola" (es decir, colza) de Monsanto y dos años más tarde, al cabo de la contaminación, la trasnacional comenzó el juicio contra Schmeiser por violación de la patente de la empresa, reclamando indemnización. Schmeiser afirmó que en noviembre del año pasado había 540 procesos similares en Estados Unidos y Canadá y que la resolución de su juicio sentaría "precedente para los agricultores que no compran las semillas transgénicas pero que son demandados por las trasnacionales cuando sus cultivos se contaminan". Es decir, el avance de la contaminación es visto con interés por las trasnacionales porque acelera, a su vez, el proceso de control de las semillas y alimentos en el mundo.

A menudo científicos y empresarios dicen que las semillas transgénicas serán el único recurso seguro para abatir el hambre en el futuro. Es un bello argumento, pero el hambre no es resultado de técnicas de cultivo nuevas o tradicionales, sino de procesos sociales, económicos y políticos. En este sentido, a las empresas trasnacionales les importa tener clientes que compren, no pueblos que coman. Los transgénicos serán estupendos en términos sociales cuando las industrias que los produzcan sean públicas, estatales, y respondan a una orientación de servicio público y social que sólo puede derivar de un compromiso de Estado con ciudadanos, no de criterios comerciales de expansión, explotación y acaparamiento de mercado. Por tanto, mientras el neoliberalismo continúe fomentando más desigualdad en el mundo, serán de gran utilidad las medidas que en el corto plazo el Parlamento Europeo se propone aplicar: la obligatoriedad de etiquetar todos los productos elaborados a partir de transgénicos y de advertirlo también en productos que hayan utilizado en algún momento de la cadena de su fabricación elementos transgénicos. En consonancia con esto, los supermercados deberán indicar con carteles adicionales los estantes con productos elaborados a base de transgénicos.

México será inundado, para beneficio exclusivo de las empresas de alimentos trasnacionales, con cultivos así. Mientras tanto, mientras se desmantela el campo mexicano o se somete a los pocos agricultores activos a los derechos de "patente" de las trasnacionales, en Italia, en el Piamonte, ha empezado, como decisión pública y con el respaldo de un amplio número de agricultores, una lucha por la propia cultura alimentaria. Es un inicio, pero la decisión ya está puesta en marcha en una parte concreta del mundo.