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México D.F. Viernes 27 de junio de 2003

Hacienda propone al Congreso cubrir la deuda en 40 años

Con abonos de $30 millones, el pago a los Ramos Millán

Logró la indemnización el despacho de Diego Fernández

VICTOR BALLINAS

El gobierno de Vicente Fox resolvió cubrir en 40 pagos anuales, de 30 millones de pesos cada uno, los mil 214 millones 174 mil 40 pesos que el despacho del abogado panista Diego Fernández de Cevallos logró como indemnización para los herederos de Gabriel Ramos Millán, por la expropiación de 33 hectáreas en 1984 en el ejido de Santa Ursula Coapa. El primero de los abonos se hará este año.

Lo anterior fue informado por la Secretaría de Hacienda al presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador priísta Enrique Jackson Ramírez, hace tres días, mediante un oficio firmado por el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado. Le solicita que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 para la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se programen 30 millones de pesos para ese fin, "y así subsecuentemente en los ejercicios fiscales hasta finiquitar el adeudo".

En el oficio 801.1-0452 la Subsecretaría de Hacienda indica que con la finalidad de hacer frente a la resolución del juez décimo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, que condenó a la SRA a pagar mil 214 millones 174 mil 40 pesos, y en virtud de que la aprobación del presupuesto es del ámbito de atribuciones de la Cámara de Diputados, "le hace llegar la propuesta para que se programe el monto en los próximos ejercicios presupuestales -a partir del 2004- hasta concluir el pago total".

Hacienda resalta que "en términos de los acuerdos alcanzados, así como los requerimientos de la SRA, la propuesta en vía de cumplimiento ante el juez de la causa" -juicio de amparo 46/87- consiste en lo siguiente:

"Sin afectar los objetivos y metas de los programas prioritarios de la SRA, se realizará en el presente ejercicio fiscal una adecuación presupuestaria con cargo al ramo administrativo 15, hasta por un monto de 30 millones de pesos, a fin de que 10 millones se depositen en el juzgado de conocimiento, y los 20 restantes se utilicen para el pago que debe realizar en el presente ejercicio en cumplimiento de las demás ejecutorias de amparo".

Precisa el funcionario que debido a que la SRA consignó con anterioridad en vías de cumplimiento de la ejecutoria de mérito 20 millones de pesos, el monto total del pago en el presente ejercicio fiscal ascendería a 30 millones.

El subsecretario Hurtado explica en el oficio que "en caso de ser necesario" la SRA estaría en posibilidad de recibir los comentarios que resulten del análisis a la propuesta para realizar los ajustes que se consideren, o bien, de no existir objeción, se continuaría su aplicación en los términos descritos en el anexo.

Hacienda expone que es la Cámara de Diputados la que aprueba el Presupuesto de Egresos y debe programar los recursos para cubrir los pagos a los Ramos Millán. Recuerda que de acuerdo con el artículo 126 de la Constitución "no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por una ley posterior", razón por la que solicita que se incluya a partir de 2004 y hasta concluir el pago el monto de 30 millones de pesos.

Este asunto judicial data de hace 16 años, y al comenzar el gobierno de Vicente Fox el senador abogado Fernández de Cevallos lo consiguió revivir. Se refiere a la expropiación que en 1984 hizo el presidente Miguel de la Madrid de 270 hectáreas "por causa de utilidad pública" del ejido de Santa Ursula Coapa, cuyo propietario era Gabriel Ramos Millán.

El tránsito legal del asunto

El 11 de febrero de 1985, los herederos de Ramos Millán demandaron la protección de la justicia federal contra la expropiación de 33 hectáreas del total de las 270. Es hasta el 30 de enero de 1992 cuando se les concede amparo, pero "se sobreseyó el juicio respecto a las autoridades señaladas como responsables".

Sin embargo, el 3 de diciembre de ese mismo año, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito modificó la sentencia y concedió el amparo a los demandantes, pero sin que se ejecutara la devolución de los terrenos.

Cuatro años después, el primero de noviembre de 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el incidente de inejecución 237/96 y ordenó al juzgado décimo de distrito en materia administrativa que requiriera a los quejosos para manifestar si aceptaban el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo; es decir, como ya no se les podían devolver los terrenos, se les otorgaría una indemnización por daños y perjuicios.

El 18 de febrero de 1997 los herederos de Ramos Millán respondieron afirmativamente, pero el procedimiento quedó detenido y fue hasta el 7 de marzo de 2001 cuando el despacho de Fernández de Cevallos lo revivió. En cuestión de meses logró obtener una millonaria sentencia por indemnización.

Así, el 20 de marzo de ese año la SRA interpuso un recurso de queja que fue rechazado por la autoridad judicial siete días después. El Poder Judicial de la Federación demandó al Presidente de la República y a la titular de la SRA acatar el fallo protector y que en un término de 24 horas remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento.

El subsecretario de Egresos expuso: "Ni utilizando todo el presupuesto de la SRA de 2001, que ascendió a mil 42 millones 800 mil pesos, la dependencia podría pagar, y Hacienda se encuentra impedida material y jurídicamente para autorizar una ampliación líquida de los recursos con los que podría darse el cumplimiento del fallo".

La entonces titular de la SRA, María Teresa Herrera Tello, dijo a La Jornada -cuando se hizo público el pago que esa dependencia tendría que hacer a los herederos de Ramos Millán- que " las obligaciones jurídicas hay que cumplirlas", porque incluso ella podría ser "destituida y consignada si no cubría la demanda".

En ese contexto, en el Congreso de la Unión se inició el debate respecto al senador litigante. Se generó grave malestar en todas las bancadas, incluida la panista. Eso amplió el distanciamiento entre Fernández de Cevallos y el presidente Fox, y provocó el descontento que aún persiste en el grupo senatorial blanquiazul.

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