EU ya obligó a 38 países a firmar acuerdo que da inmunidad a sus ciudadanos

Sancionará Washington a las naciones que lleven a estadunidenses ante la CPI

Human Rights Watch critica la "política hipócrita" del presidente George W. Bush

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington, 24 de junio. El gobierno del presidente George W. Bush podría suspender a partir del primero de julio su asistencia militar a Brasil, Colombia y varios países más que rehúsen eximir a estadunidenses de toda fiscalización ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Estas nuevas amenazas forman parte de los esfuerzos de Washington por asegurar que ninguno de sus soldados o ciudadanos enfrenten la posibilidad de ser sujetos a la fiscalización de la CPI por crímenes de guerra o contra la humanidad. A principios de este mes Estados Unidos logró convencer a México y a otros miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de otorgar inmunidad a sus soldados involucrados en operaciones de "mantenimiento de paz" ante la CPI.

El año pasado el presidente promulgó una ley que autorizó a las fuerzas armadas de Estados Unidos a enviar tropas a La Haya, en caso necesario, para rescatar a cualquier soldado estadunidense presentado ante la CPI. Esta ley, conocida informalmente como Acta de invasión de La Haya y formalmente como Acta de protección de integrantes de los servicios de Estados Unidos, también establece que el primero de julio de 2003 deberá suspenderse toda asistencia militar a cualquier país que no sea su aliado en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que no haya firmado un acuerdo bilateral declarando que no entregará a ningún soldado o ciudadano estadunidense a la CPI en La Haya.

Mientras presiona a países como Croacia a que envíe a funcionarios a ser juzgados por la CPI y demanda que Saddam Hussein enfrente un juicio por crímenes de guerra, el gobierno estadunidense ha buscado eximir a sus ciudadanos de los tribunales internacionales. "Esta política es claramente hipócrita", afirmó Brigitte Suhr, abogada de Human Rights Watch. "Crea una doble norma, una para Estados Unidos y otra para el resto del mundo."

Pero funcionarios estadunidenses señalan que sólo están defendiendo a sus ciudadanos ante casos "políticamente motivados". Con las nuevas leyes como palanca de presión, el Departamento de Estado se ha dedicado a obligar a países a que firmen tratados bilaterales otorgando exención a estadunidenses de la jurisdicción de los tribunales internacionales. Este mes el Departamento de Estado informó que unos 38 países, incluyendo El Salvador, Bolivia y República Dominicana, han firmado tales convenios, mientras que la agencia Reuters dio a conocer que naciones como Nicaragua y Egipto, más otras tres, han firmado acuerdos secretos para lo mismo.

"Continuaremos nuestros esfuerzos para concluir estos acuerdos con tantos países como sea posible", declaró el Departamento de Estado. "Buscamos proteger a los ciudadanos estadunidenses y a los no estadunidenses en las fuerzas armadas de Estados Unidos del peligro potencial de ser juzgados por un tribunal que carece de las salvaguardas suficientes contra fiscalizaciones políticamente motivadas y que fue establecido fuera del sistema de la ONU por un tratado del cual no somos parte."

Oficiales del Departamento de Estado rehusaron ofrecer detalles sobre el grado de avance que guardan las negociaciones bilaterales, pero un funcionario informó a La Jornada que la amenaza de la suspensión de la asistencia militar es real. "Bajo el Acta de protección de integrantes de los servicios de Estados Unidos, el otorgamiento de asistencia militar queda prohibido, a partir del primero de julio, a cualquier país que sea parte de la CPI", dijo. Subrayó que esto no se trata de una decisión diplomática, sino de hacer cumplir una ley aprobada por el Congreso. Sin embargo, hay una excepción: que el presidente declare que queda dentro del "interés nacional" de Estados Unidos continuar la asistencia a un país determinado a pesar de la ausencia de un acuerdo bilateral de exención.

Pero funcionarios entrevistados por La Jornada comentaron que no tienen conocimiento de ninguna decisión para otorgar excepción por "interés nacional" hasta la fecha. Los gobiernos de Brasil y Colombia han dicho que no tienen la intención de firmar un acuerdo bilateral con Washington para eximir a ciudadanos estadunidenses de la jurisdicción de la CPI. Como resultado, Brasil podría ser víctima de la suspensión de un pequeño programa de capacitación militar estadunidense de aproximadamente 500 mil dólares este año y un monto similar programado para los próximos dos. Por su parte, Colombia podría enfrentar algo más dramático en la suspensión de su asistencia castrense, la cual incluye aproximadamente 100 millones de dólares en equipo que están programados para este año y un monto similar para el próximo.

Ya que el Congreso de México aún no ha ratificado el tratado de la CPI y por tanto se supone que no enviaría a acusados a La Haya, no hay un peligro inminente de suspensión de la asistencia, explicó un funcionario. Pero si el Congreso mexicano ratifica el tratado, Estados Unidos estaría obligado a cancelar aproximadamente un millón de dólares anuales en ayuda castrense para capacitación, a menos que el gobierno de Vicente Fox acordara eximir a Estados Unidos de la jurisdicción de la CPI. Fox ha dicho que México no se ha "inclinado" por firmar tal acuerdo.

La abogada Suhr, de Human Rights Watch, comentó que fue "desafortunado" que México decidiera votar en favor de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU eximiendo a "fuerzas de mantenimiento de paz" de la jurisdicción de la CPI. "Hubiéramos preferido que decidieran abstenerse, junto con Alemania y otros." Pero agregó que es importante que los países más importantes de América Latina, como Brasil y México, estén dispuestos a enfrentar la presión estadunidense y rehusar firmar convenios sobre el tema.

Irónicamente, la ley estadunidense podría colocar a Washington en la misma situación difícil que antes enfrentaba con la ley de certificación de cooperación antidrogas. En los casos de Brasil y México, los montos de asistencia militar son relativamente menores. Estados Unidos podría no desear un conflicto diplomático en torno a la CPI, que recordaría a muchos las batallas por la certificación. En el caso de Colombia, Washington no puede suspender fácilmente su asistencia militar, pues funcionarios consideran que ésta es vital para su estrategia de combate al narcotráfico.

El gobierno de Bush tendrá que resolver estas tensiones para el primero de julio. Mientras tanto, La Haya debería prepararse ante una "inminente invasión".