El plan se suma a los de competidores que eliminarán 70 mil puestos en Europa

Despedirá Telefónica de España a 15 mil trabajadores en cinco años

La empresa justifica el recorte por el descenso de la actividad e ingresos, y altos costos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 24 de junio. La multinacional española Telefónica informó hoy sobre su nuevo plan de ''regulación de empleo'', el segundo desde que fuera privatizada, con el cual dejará sin trabajo en los próximos cinco años a 15 mil personas, la tercera parte de la plantilla que opera en España.

El despido masivo que ha decidido la empresa española se suma a los ya anunciados por sus competidoras en el mercado europeo (France Telecom, Deutsche Telekom y British Telecom), que en conjunto despedirán a más de 70 mil personas en Europa de aquí a 2007.

Los sindicatos mayoritarios anunciaron el comienzo de negociaciones con la directiva en una mesa de diálogo, donde fijarán los detalles de los despidos, que según los sindicalistas fueron justificados por la empresa debido al supuesto descenso que ha sufrido el tráfico telefónico, así como la ''caída de sus ingresos y que han tenido que soportar elevados costos fijos''.

Desde la Confederación General de Trabajadores se calificó la medida como ''una maniobra para sustituir el empleo bien remunerado que hacen ahora casi 15 mil trabajadores por empleados con contratos precarios y subcontrataciones''.

Uno de cada cinco empleados de la actual plantilla de Telefónica de España se quedará sin trabajo en los próximos cinco años, con lo que la multinacional, con importantes intereses en América Latina, continua así con el proceso de restructuración que empezó en 1996, cuando el gobierno del conservador José María Aznar impulsó la privatización de la empresa pública, que entonces monopolizaba el sector de las telecomunicaciones. La privatización provocó que sólo tres años después, en 1999, la directiva de la mayor multinacional española anunciara el primer despido masivo, que entonces afectó a unos 11 mil empleados.

Con los argumentos de que el sector de las telecomunicaciones en Europa ha sufrido un ''entorno poco favorable'' y una ''importante presión regulatoria'', Telefónica anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se ''podría producir alrededor de 15 mil desvinculaciones voluntarias'' (como define a lo que en lenguaje llano se conoce como despidos) en los próximos cinco años. Otras razones usadas por la compañía para llevar a cabo este drástico recorte de personal fue el ''escaso crecimiento del mercado'' y la ''existencia de un marco regulador más exigente en Europa, endurecido en repetidas ocasiones''.

Los efectos más devastadores del plan de regulación lo sufrirán los trabajadores de entre 48 y 53 años, que tendrán que optar entre las prejubilaciones y las indemnizaciones que pagará la multinacional.

Telefónica cuenta con más de 157 mil trabajadores en todo el mundo, de los cuales 40 mil 600 se ubican en España. Una vez concluido el despido masivo la plantilla quedará en menos de 25 mil empleados.

Un dato refleja con nitidez los efectos del proceso de privatización de las telecomunicaciones en el empleo a escala continental: de cada dos empleos creados, tres se destruyen en este sector. Pero esta cifra estadística aumentará en los próximos años, ya que las principales empresas del ramo anunciaron despidos masivos: France Telecom eliminará 22 mil empleos en los próximos cinco años (10 por ciento de la plantilla); Deutsche Telekom, 30 mil (12 por ciento), y British Telecom, 6 mil (7 por ciento), que si se suman a los despidos de la empresa española suman más de 73 mil las personas que quedarán desempleadas.

La empresa comunicó el plan de despido a los sindicatos españoles, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, que a pesar de la dureza del ajuste anunciaron que la empresa había aceptado tres condiciones: que no despida a los trabajadores para que después sean integrados en otras empresas filiales o periféricas; que los despidos sean voluntarios, y que en caso de continuar con la empresa no se obligue al trabajador a cambiar de ciudad o de país para mantener el empleo.